La convocatoria a este foro es fundamental para trazar algunas preguntas que nos orienten en este momento de múltiples crisis y escenarios de guerra que acontecen en varios frentes, en relación con la posibilidad de pensar horizontes revolucionarios más allá y más acá del marco institucional del Estado. De modos diferentes, pero en un ritmo común, a partir del fin del marco de la Guerra Fría en los años noventa, ha habido una profunda reconfiguración del Estado que no podemos obviar al plantearnos esa problemática. Las políticas de privatización y saqueo desde los procesos neoliberalizadores en el marco del Consenso de Washington en la década de los noventa fueron seguidas por la ampliación de políticas sociales dentro del Consenso de los Commodities (Svampa 2019, Gudynas 2009) y el despliegue de un momento de avanzada del capitalismo que Verónica Gago y Sandro Mezzadra llamaron “extractivismo ampliado” para dar cuenta de los rasgos que adquieren las operaciones extractivas del capitalismo en múltiples ámbitos que van “de lo territorial a lo digital, pasando por lo financiero” (Gago y Mezzadra 2015). A este mapa de operaciones es importante agregarle los procesos de progresiva militarización de territorios desde los dispositivos de la “guerra antidroga” y la “guerra contra el terror” (hoy día sintetizados en la “guerra contra el narcoterrorismo”) en las que México, Colombia y El Salvador fueron escenarios fundamentales. Como señala Dawn Paley, los diferentes “planes” (Colombia en 1999-2000, Mérida en 2007-2008 y su expansión en Guatemala, Honduras y El Salvador) facilitaron un avance del capitalismo “hacia espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles.” Estos han beneficiado a corporaciones de los Estados Unidos y Canadá, bancos e industria del mercadeo de armas, y han creado nuevas reglamentaciones que contribuyen a los proyectos de empresas de petróleo, gas, minería, entre otros (Paley 2018, 12). Para esto, las políticas de “seguridad pública” y los procesos de certificación que los países deben otorgar a los Estados Unidos profundizan la criminalización de la pobreza, despojando y encarcelando a las comunidades más asediadas, alcanzando las cifras más altas en la historia de mujeres en prisión, mientras se mantiene una total impunidad frente a las corporaciones y las políticas que generan esas violencias (Coba Mejía 2015, Hernández del Castillo 2019, Núñez 2014, Draper 2024, Wacquant 2004). El neoliberalismo configura un “Estado de seguridad” en el que se fue incrementando la presencia y poder policial para gestionar y lidiar con la conflictividad social producida por las políticas económicas y culturales (Svampa 2005, 38; Wacquant 2010).
Intentando trazar un mapeo general en la brevedad de esta intervención, podemos decir que los avances de procesos de acumulación capitalista en América Latina, sea cual sea el gobierno en curso, vienen marcados por una expansión cada vez mayor de proyectos y megaproyectos extractivistas, acompañados de procesos de criminalización y militarización, que otorgan nuevos sentidos a la historia colonizadora e imperialista. Se trata de un modelo que atraviesa toda la región en modos e intensidades diferentes, pero desde una lógica común de “desarrollo destructivista” (Sámano 2016, 53) funcional a las políticas económicas y culturales cada vez más regidas por el mundo del consumo y la lógica de lo descartable. Si bien con grandes diferencias a nivel de políticas sociales, regulaciones tributarias y derechos durante la “marea rosa”, enfrentamos un mapa en el que las políticas económicas del extractivismo ampliado que han regido el avance del capitalismo en la región han sido el modelo dominante que persiste (Torres 2019).
Silvia Federici habló de la globalización como un profundo y violento proceso de recolonización política cuya herramienta es la producción de más violencias y formas de despojo y control (2021, 78). Dentro de este panorama, la insistencia en la noción de tramar “horizontes” (Gutiérrez 2017; Federici 2020) alternativos es fundamental y permite abrir una cantidad de preguntas acerca de los múltiples “diseños” (Escobar 2017) que harían posible expresar una configuración heterogénea y múltiple, de formas de vida y temporalidades diversas en las que se genere un marco común de defensa y afirmación de la posibilidad de sostener la vida (humana y no humana) en medio de tanto despojo e imposición de muerte prematura (Gilmore 2007, 28). El antagonismo capital vs. vida es un centro que nos permite comprender la intensidad de resistencias desde un abanico heterogéneo de luchas que vienen aconteciendo en defensa de los territorios y de la posibilidad de sostener la vida en la Tierra. En ese mapa, se hace más importante que nunca pensar en los marcos de análisis. Estos nos permiten entender la relevancia enorme que tienen tantas luchas que resisten y se oponen a la matriz que ha regido el avance del capitalismo y que conllevan la necesidad de imaginar modos de vida que no presupongan y asuman esas lógicas como inevitables.
Descentramientos de la mirada
Es importante ampliar y generar nuevos modos de mirar que no estén regidos por la dinámica que ha acontecido en las últimas décadas, en la que los estallidos sociales con movimientos fuertes de resistencia al saqueo múltiple neoliberal son reconducidos a una articulación de gobierno, en la que la fuerza disidente se neutraliza como colectivo, y se genera una brecha y un desencanto que separan más aún al movimiento social del Estado (Carrillo 2025; Cabezas 2022; Garretón 2026; Gutiérrez 2017). Sin tomar esta dinámica como inevitable ni caer en una mirada que solo critica al Estado, necesitamos plantearnos la urgencia de poder articular miradas desde otros lugares que descentren la canalización de las revueltas hacia un Estado conformista como si esta fuera la única posibilidad de darles “seriedad” a los procesos. Al suponer que solo es importante políticamente lo que conduce a la toma del Estado, se marginalizan como algo “secundario” luchas y deseos políticos de defensa de la vida común (Gutiérrez 2017, 20-21). Recentrar la mirada en una multiplicidad de antagonismos desde luchas que enfrentan los despojos nos exige preguntarnos qué se puede hacer y exigir desde instituciones del Estado, sin asumir que este último es el único campo relevante para una transformación profunda de la vida política. La defensa de otro modo de mirada política que comprenda las luchas por la defensa de la vida y la posibilidad de producción de lo común nos permite ubicar el desafío de pensar, de forma creativa y no limitativa, los mecanismos de “reapropiación de la riqueza social” como sitios políticos en los que se enfrenta el antagonismo entre capital y vida (Gutiérrez Aguilar 2017, 118-129). Al enfatizar la relevancia de los movimientos de lucha por lo común, es importante que esto no se vea como “lugar idílico” sino “fijarnos cómo el capitalismo en su avance degrada, inhibe, modifica y se injerta en los viejos despotismos y los refuncionaliza para su propio fin. Porque contra lo que hay que pelear es contra la idea de que el capitalismo democratiza en el curso de su desarrollo” (Gil 2017).
En este contexto, hay una amplia gama de luchas por la defensa de la vida y los territorios frente a los despojos capitalistas que necesitamos poner en el centro de la pregunta por un horizonte alternativo (Navarro 2015). Articulados en estilos diversos, con tensiones y diferencias, los movimientos feministas populares, indígenas y afrodescendientes manifiestan un grito de BASTA contra los múltiples despojos producidos por el avance del capitalismo, que niega cada vez más la posibilidad de la reproducción de la vida. Se trata de sitios políticos en los que se ha planteado la necesidad de pensar y materializar alternativas a las lógicas de despojo capitalista y articular otro tipo de horizonte temporal e imaginativo “revolucionario” que difiere de lo que fueron los marcos de las revoluciones latinoamericanas en el siglo XX, en las que primaba un imaginario de toma del Estado.
Me parece clave aquí lo que se va haciendo posible a través de los procesos mismos de lucha por la vida, en una multiplicidad de contextos atravesados por la violencia y la precarización, desde diferentes movimientos en los que se materializa una afirmación del deseo de vivir y sostener la vida en todas sus formas. En este sentido, se abren nuevas dimensiones de análisis que, como afirman los feminismos populares, ponen la posibilidad de la reproducción de la vida en el centro, sin marginalizar esto como una “cuestión” o “agenda” de un grupo particular (Borzacchiello 2024; Curiel 2015; Gago 2019, 120; Galindo 2015; Vega Solís 2019; Gutiérrez Aguilar 2017; Federici, 2020). La defensa de los territorios y las luchas de los movimientos transfeministas populares latinoamericanos de las últimas décadas se intensificaron en contra de las violencias sistémicas, abriendo la capacidad epistémica de conectar y entender la transversalidad en la que operan. Es importante luchar contra esa usual marginalización de los movimientos en torno a la defensa de la vida y de los territorios como cuestiones de “identidades” o “grupos”, ya que esa operación borra la importancia del latido común de un hacer frente a las violencias expansivas y destructoras que han ido promoviendo un “ecocidio” que afecta la posibilidad misma de vida en la Tierra (Millán 2024; Eliceche 2023).
Inconmensurabilidad radical: la defensa de la vida como campo de lucha y análisis
Una clave que me interesa plantear en esta tensión es la de una inconmensurabilidad radical entre los marcos de guerra que vienen produciendo despojos de cuerpos y territorios, modificando profundamente también lo que se puede transformar desde el Estado, y las posibilidades de defensa de la vida común desde lugares de transformación radical de las relaciones sociales y los modos de reproducción de la vida. Un mural en Cherán, Michoacán dice: “Los niños somos el futuro, pero sin naturaleza no hay nada”, lo que expresa la profundidad del daño a largo plazo que implica la agresión a los bosques, el peligro de desforestación acompañado de formas de abuso, extorsión y amenazas. Haciendo frente a la creciente guerra contra la vida en la que las mujeres eran señaladas como el próximo “territorio de conquista” (Fogata 2018), mujeres valientes de la comunidad p´urhépecha de Cherán K´eri se levantaron el 15 de abril de 2011 para decir BASTA, grito al que se unieron las personas del territorio, contra la violencia de las lógicas expropiadoras desde los intereses narcos, las autoridades, los políticos y la policía (véanse Guillén 2016; Cacopardo 2017; Fogata 2018; Hernández Navarro 2014). Comenzó así un largo proceso de reflexión y práctica de autodeterminación comunitaria frente a la necesidad de resistir a múltiples olas de violencia y afianzar los modos de recordar, procesar y recrear una memoria de saberes que habían sido denigrados históricamente por las lógicas coloniales y capitalistas, incorporando también nuevas formas de participación (mujeres, jóvenes, niñxs) que gestaron diferentes prácticas de autogobierno. Desde entonces, se abrieron los caminos de una experiencia singular y múltiple de autonomía compleja y llena de desafíos, pero en la que se materializa un hacer frente a los despojos y violencias para afirmar la posibilidad de autodeterminación colectiva. La geografía de este proceso de lucha nos permite entender la relevancia del enlace entre defensa territorial y colectivización de la reproducción social de la vida, con todas las transformaciones que esto implica, para establecer otros modos de significar y lidiar con la producción de “seguridad”. En este sentido, Yunuén Torres habla de la importancia que tuvo al inicio el hecho de que hubiera una participación voluntaria de la propia gente de la comunidad para las rondas comunitarias, en las que la seguridad se engarza con un rol de cuidado y participación en el que se generan otras relaciones y ejercicios de poder, que enfrentan también los desafíos de las jerarquías de género, las tramas intergeneracionales y los modos de entender el trabajo (Torres 2021). Estos nuevos tipos de relaciones y ejercicios de poder resignifican prácticas democráticas profundas (Calveiro 2014) y nombran la participación de todxs como “resguardo”, vinculado a la importancia de habitar y compartir un territorio común, de un hacer y actuar en función de ese horizonte.
Experiencias concretas como esta y otras tantas, generan una interpelación importante a la imposición que rige últimamente el imaginario de “seguridad” como la “fuerza” de tropas y ejércitos, nublando la capacidad cotidiana de exigir y generar materialmente otros sentidos, como la potencia organizativa cuando se dirige a lo que hoy es un desafío cada vez mayor: el fortalecimiento de una trama organizativa que, como insiste Federici, “se niegue a separar el tiempo de organización política del tiempo de reproducción” (2020, 27). Aquí tenemos una clave de la posibilidad de abrir y mezclar lugares de lo político que desafían el establecimiento de “género y colonialidad” de alta intensidad en la modernidad, donde las esferas de lo “relevante” políticamente se instalan en lo público masculinizado del Estado (Segato 2015). Esto produce otra temporalidad desde lo cotidiano, que da un lugar a la imaginación para re-crear, no sin tensiones, formas de coexistencia en las que no se teme interrumpir el tiempo del reloj del “progreso” o “desarrollo” porque se teme más la destrucción de las condiciones materiales mismas de la vida. La experiencia de lucha municipalista que acontece en Cherán K´eri nos permite darle sentido a la interrupción de un proceso de violencias que se plantean casi como inevitables, violencias que siguen enfrentando de forma no “solo física, sino simbólica, política y espiritual” (Linares 2025). En esos actos que suenan desmedidos para el imaginario de que solo se puede hacer frente a la “inseguridad” con más policía y ejército, se realiza una profunda dislocación del “mito de la fuerza viril” que es clave para la operatividad de las lógicas de la guerra (Chiricosta 2023). La expansión del mito, como gran dispositivo de control que hoy día vemos intensificarse desde el avance de ultraderechas heteropatriarcales, frente al cual parece que todo lo que hagamos es casi nada, necesitamos desaprender lo que nos imponen como seguro y mirar hacia tantos laboratorios de rexistencia y afirmación de la vida. En esta posibilidad se activa la potencia de una inconmensurabilidad radical en la que la “inseguridad” de las violencias desplegadas por la llamada “seguridad pública” se enfrenta desde la capacidad de insistir en la reorganización y el fortalecimiento de tramas comunitarias, lo que Gladys Tzul Tzul (2023) nombra desde la lucha de su pueblo como “la forma comunal de la resistencia”. Lo que nos hacen ver como “pequeño” o no tan “relevante” frente a la fuerza de una maquinaria de guerra, como lo es, por ejemplo, la posibilidad de sostener procesos organizativos y relaciones sociales fuertes que no estén dominados por las lógicas de lo descartable que las políticas económicas han ido implantando, es fundamental para hacer frente a la posibilidad de materializar lógicas alternativas de afirmación de pasados y futuros desde el presente.
En un momento oscuro de intensificación de procesos de destrucción e invasión, la capacidad organizativa para generar otros sentidos capaces de enfrentar el imaginario dominante de “seguridad pública” que no ha creado “ni seguridad, ni derechos” (Human Rights Watch 2011; Rea y Ferri 2026) es una clave que no podemos deslegitimar como pequeña o secundaria. Sin romantizar ni idealizar experiencias complejas, necesitamos insistir en desplegar una defensa de otros sentidos de seguridad vinculados con la posibilidad de participar colectivamente en la reproducción de la vida. Sobre todo, para que las luchas no queden presas o neutralizadas en la cadena de producción de más represión y militarización de la vida cotidiana que genera, como sabemos, más violencia. Si desde arriba se impone un esquema que va separando la “seguridad” de las posibilidades de tener condiciones de vida digna, reduciéndola a la gestión policial y militar, desde los transfeminismos antirracistas se ha insistido en la capacidad de engarzar y disputar los sentidos de seguridad, comprendiendo por eso la seguridad territorial, de vivienda, de alimentación, de educación y de un deseo de vidas que valgan la pena vivirse. Frente a las múltiples violencias que se han intensificado en las décadas más recientes, generalmente se plantean formas de pensar el problema que son paralizantes porque nos llevan siempre a una pregunta abstracta. En cada ciclo electoral, la “seguridad” es un punto central y, sin embargo, hay una limitación cada vez mayor a la hora de abordarla a partir de lugares que no se rijan por las políticas impuestas desde los aparatos de más represión y policía militarizada. De diferentes formas, esto implica interrumpir y “revertir la lógica del crecimiento infinito” que ha organizado el horizonte de políticas económicas entroncadas con las políticas de guerra y militarización, para “explorar y avanzar hacia otras formas de organización social, basadas en la reciprocidad y la redistribución, que coloquen importantes limitaciones a la lógica de mercado” (Svampa 2019, 113). Vivimos un momento determinado por una inconmensurabilidad radical entre la expansión e intensificación de políticas de muerte y nuestros intentos de organizarnos en defensa de la vida. Es importante recordar y aprender de las experiencias y redes organizativas que vienen resistiendo en forma sostenida y son productoras de otros sentidos de seguridad desde la posibilidad misma de reproducción de la vida. Esto abre luchas y lugares que siempre nos hacen ver como pequeños o desmedidos en proporción frente a maquinarias enormes de guerra, pero en esas luchas laten semillas que contienen la posibilidad de cuidarnos en y desde una defensa de nuestros cuerpos en sus sitios de vida. La capacidad de atender a una multiplicidad de tiempos en los que se afirma la vida y se interrumpen las lógicas avasallantes de la expansión capitalista neocolonial en nombre de un progreso es una clave que nos enseñan procesos y territorialidades que siguen sosteniéndose.