Atravesamos un contexto global de avance de los gobiernos de ultraderecha. América Latina es una de las regiones en las que este fenómeno ha crecido de forma más rápida, con impactos sumamente negativos para los derechos humanos, sociales y económicos, sobre todo para los sectores sociales más desprotegidos. A los gobiernos de Bukele en El Salvador (2019-actualidad) y de Milei en Argentina (2023-actualidad), a partir del año 2025 se le sumaron los gobiernos de ultra derecha en Costa Rica, Honduras, Ecuador, Chile, Colombia y Perú. Para principios de octubre de 2026, cuando la escritura de este artículo finalizó, la ultra derecha de Bolsonaro en Brasil había avanzado significativamente en el panorama electoral. A este escenario se le suma un nuevo ascenso de la ultraderecha a la presidencia de Estados Unidos a principios de 2025 de la mano de Donald Trump, quien no solo ha dinamitado el orden mundial multilateral, sino que además desarrolla una política abiertamente imperialista e injerencista en América latina. El fenómeno ha implicado un fortalecimiento de la extrema derecha en Latinoamérica, ya sea por vía indirecta a través de la emulación de las políticas y el estilo de gobierno desplegados por Washington, como por intervenciones directas del gobierno de los Estados Unidos en los procesos electorales de nuestros países (Brancoli 2026).
Los gobiernos de ultraderecha en el continente americano se han caracterizado por el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas, la corrupción desenfrenada de sus gobernantes, el aumento de la pobreza, la reducción de los impuestos a la población de mayor ingreso y del gasto del Estado, sobre todo en los servicios públicos para las clases medias y bajas (educación, salud, desarrollo social, seguros de desempleo). Dos áreas que han sufrido particularmente son la investigación científica y la educación universitaria. Para quienes investigan el cumplimiento de los derechos sociales y, en especial, los derechos sexuales y reproductivos desde y en el territorio, el ataque ha sido aún mayor. Al desfinanciamiento general de actividades académicas y de la salud pública, se ha sumado una censura sistemática a la investigación y enseñanza de temas de género, sexualidades, activismos políticos, feminismos y reproducción.
En este contexto, hay excepciones importantes. De forma particular, los gobiernos uruguayo y mexicano navegan a contracorriente.[1] En México, el gobierno progresista de Sheinbaum mantiene y profundiza las políticas de redistribución del gasto público hacia los sectores populares, con notables éxitos en la reducción de la pobreza, pero manteniendo fuertes retos en la economía y en la seguridad, debido a las presiones injerencistas del gobierno de Trump, la negociación del Tratado T-MEC y el poder del crimen organizado en el país.
Hace dos años y en este contexto tan polarizado y hostil para nuestra región, fue que comenzamos a trabajar en nuestro proyecto Obstetric Violence in Latin America: Epistemic, Ethnographic and Political Contributions from the Global South, ganador de la beca FORD-LASA Special Projects 2024. El concepto polisémico de “violencia obstétrica” (VO) nació en el seno del activismo latinoamericano a fin de nombrar, confrontar y erradicar los actos de abuso, maltrato e hipermedicalización en el contexto del parto, el nacimiento y el puerperio, así como también durante la ejecución de abortos y visitas ginecológicas de rutina (Williams et al. 2018; Jerez 2022). Además de tratarse de una modalidad de violencia de género, la VO es violencia institucional, ya que ocurre principalmente dentro de las unidades de salud, con mandatos esencialistas de género alrededor de la maternidad y de la sexualidad, los cuales recaen sobre los cuerpos de las personas gestantes en contextos hospitalarios en los que se atiende la mayoría de los nacimientos en Latinoamérica (Sadler 2016; Castro y Savage 2018; Sesia 2020).
Este proyecto pretende publicar el primer libro en idioma inglés que reúne investigaciones de autoras latinoamericanas sobre la violencia obstétrica en nuestra región. A la fecha estamos próximas a entregar el manuscrito a una editorial del Reino Unido que publica digitalmente en open access. Este es un requisito sine qua non para alcanzar a un público amplio y para promover la justicia epistémica (Fricker 2003) en un mercado académico global en el que la producción, distribución y consumo del conocimiento se rige por la hegemonía de las publicaciones en inglés, las limitaciones en el acceso al conocimiento —sometido a las reglas rapaces y restrictivas de las editoriales corporativas— y la invisibilización y el silenciamiento de las contribuciones teórico-metodológicas de América latina y de otras regiones del Sur global que no se publican en ese idioma (Sesia 2023). Nuestra intención es justamente dar a conocer y visibilizar las voces y análisis críticos de académicas y académicas-activistas latinoamericanas entre el público especializado y amplio de habla inglesa, destacando trayectorias históricas, trabajos conceptuales, metodologías colaborativas y activistas, estudios etnográficos y abordajes teóricos orientados hacia las políticas públicas. Al mismo tiempo, nos interesa identificar las demandas de justicia y las luchas de los movimientos sociales a fin de prevenir, analizar, denunciar y erradicar este tipo de violencia que, como académicas críticas izquierdistas y feministas, nos preocupa y ocupa.
El presente artículo analiza las dificultades presentes a la hora de realizar investigación académica sobre temas de género en América Latina y destaca la centralidad que adquiere nuestra investigación actual sobre VO como una manera de resistir los avances de la ultraderecha desde la generación de un conocimiento relevante y desde el activismo académico.
El avance de la ultraderecha en América latina
En esta sección nos centraremos en dos casos regionales, Brasil y Argentina, que ilustran lo recién analizado: la elección de gobiernos de ultraderecha y sus efectos. En contrapartida, exploraremos el caso mexicano como un ejemplo a contracorriente ante este avance regional.
El gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023) en Brasil se convirtió en el primer experimento político de ultraderecha en la región, el cual fue replicado en muchos otros países. Desde la ciencia política, analizamos estos partidos como una derecha radical y populista que se autodefine representante de un pueblo trabajador y, en algunos casos, también como cristiano, en contra de una supuesta élite política corrupta identificada con los partidos de izquierda y la ideología ”woke” que habría gobernado la región a principios del siglo XXI. Esta derecha abraza políticas autoritarias y xenófobas, un neoliberalismo a ultranza, un capitalismo salvaje corrupto y extractivista, así como también un rechazo de toda política de equidad de género (Mudde 2007; Rovira Kaltwasser y Zanotti 2023; Kestler 2022). Su defensa del “orden natural” y la moral tradicional los ubica como opositores a lo que denominan “ideología de género”, término creado por el conservadurismo católico en los años noventa para aglutinar los derechos sexuales y reproductivos y la perspectiva de género (Case 2019).
El gobierno de Milei en Argentina es uno de los casos paradigmáticos en la región. Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei comenzó el desmantelamiento del Estado, con el objetivo de liberar al mercado de toda regulación gubernamental y promover el extractivismo salvaje, con especial foco en la pérdida de la soberanía nacional. Promovió leyes para la desregulación del trabajo asalariado; atacó sindicatos, jubilados y sectores populares, e impulsó protocolos represivos para impedir las manifestaciones críticas a su gobierno, generando una gran conflictividad social y habilitando la represión por las fuerzas policiales.
Las áreas de género, educación, salud y derechos humanos se convirtieron en objeto de ataque constante. Su política ha conllevado una marcada agenda antigénero y antifeminista (Campagnoli 2024), orientada “no solo a frenar los avances que vienen teniendo en diversos contextos los movimientos feministas y LGTBI+, sino incluso a desmontar esas conquistas y (re)instituir un orden moral” en el Estado (Morán Faundés 2023, 368). Milei ha utilizado los recursos del Estado para avanzar contra políticas de género, atacar a periodistas, funcionarias y académicas feministas y reproducir discursos xenófobos, misóginos y de odio hacia el colectivo LGBTIQ+. Un ejemplo de ello fue durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2025, en el cual Milei vinculó directamente la expansión de los derechos LGTBIQ+ con la pedofilia (Casa Rosada 2025).
El gobierno desmanteló el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y desfinanció la línea 144 para denunciar violencia de género, el programa de salud sexual y reproductiva y el plan de prevención del embarazo adolescente, entre otros. El presupuesto de 2026 recortó en un 90% las políticas de género (Sanda 2026). En marzo de 2026, la CEDAW expresó su preocupación por la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país (Tessa 2026). Además, se le sumó la desinversión en la educación pública universitaria, con la acusación al plantel docente de “adoctrinamiento” —un lema ideológico típico de la extrema derecha a nivel global—, la asimilación de las/los trabajadores estatales y universitarios con “la casta política”, la crítica al “marxismo cultural” y la promoción abierta de las posiciones anticientíficas (Unzué y Romé 2025). Los salarios de los docentes universitarios se redujeron un 34% en términos reales, disminuyó un 46% la inversión en ciencia y tecnología, y las universidades públicas enfrentaron un recorte de 24% en ese mismo período (Leiva 2026). Particularmente preocupante ha sido el freno al ingreso como investigador/a al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el principal organismo del Estado argentino dedicado a promover la ciencia y la tecnología. Además, la desfinanciación ha sido más pronunciada en las ciencias sociales y en particular en los estudios de género, consideradas por este gobierno áreas “no productivas” e ideológicamente contrarias a su programa (Liaudat 2026).
En el área de la salud, además del desfinanciamiento generalizado del Ministerio, en 2026 el gobierno recortó 63.000 millones de pesos argentinos, lo que afectó la distribución de medicamentos, insumos y tecnología médica (Hartmann 2026). El ajuste también alcanza a programas críticos vinculados a la prevención y el control de enfermedades, como el Programa de VIH (-50% en 2024), el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-30% en 2025), lo que alteró la distribución de vacunas (Soberania Sanitaria 2029). Este contexto impactó en la VO como problemática de género y de salud. En el ámbito específico de las denuncias de VO, este gobierno ha eliminado o desfinanciado los organismos que las recibían y que ofrecían algún tipo de respuesta ante ella. Asimismo, los activismos sociales críticos de esta modalidad de violencia de género han denunciado cómo la falta de inversión pública en salud profundiza las desigualdades sociales y empeora las condiciones de atención a la salud sexual y reproductiva (Jerez 2026).
México apunta a una evolución diferente. El gobierno federal privilegia los programas sociales de transferencia directa y una política salarial de aumento constante en términos reales de los salarios mínimos desde 2018 (Poliaski 2026), lo que ha contribuido a una importante reducción de la pobreza, que ahora se sitúa en menos del 30%. Sin embargo, la política de austeridad federal y de redistribución del gasto público no ha sido acompañada de una reforma tributaria progresiva, por lo que el techo disponible de recursos federales está llegando a sus límites. Esto afecta negativamente a la investigación, la enseñanza pública universitaria y la salud, sectores cuyos presupuestos han disminuido en términos reales. Las reformas para la creación de un sistema único de salud, que vuelva efectivo el derecho universal a la salud, se enfrentan a fuertes obstáculos de larga data, un desfinanciamiento crónico y políticas sectoriales fragmentarias y segmentadas, por lo que ha disminuido la cobertura real y han aumentado los gastos de bolsillo de la población respecto de la salud. En el país se ha avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, con la despenalización del aborto a nivel federal y en la gran mayoría de las entidades federativas en los últimos años. Sin embargo, las brechas entre las normas y la realidad en el acceso a servicios efectivos y oportunos siguen manteniéndose; esto, en medio de una crisis de seguridad nacional que ve algunas mejoras, pero en la que los feminicidios siguen representando un fuerte lastre.
La lucha contra la VO en México ha tenido grandes progresos legislativos desde 2008 —cuando la primera entidad federativa la tipificó como violencia de género en su ley estatal—; en la actualidad, 29 de los 32 estados la han incluido en sus respectivas leyes contra de la violencia de género. Varios organismos supervisores de los derechos humanos o de conciliación y arbitraje en el campo médico han reconocido que la VO existe, que el sistema institucional de salud necesita modificar sus prácticas (CNDH 2017) y que es un problema de gran magnitud, lo que además está cuantificado en encuestas oficiales nacionales sobre la violencia (INEGI 2017; 2022). En 2014, las autoridades federales de salud negaron rotundamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existiera una “violencia obstétrica” sistémica en el sector salud (CIDH 2014); hoy en día las instituciones públicas de salud reconocen la existencia del problema y su relación con las violaciones a los derechos humanos y a la autonomía reproductiva de las mujeres (Sesia 2020).
Sin embargo, sigue percibiéndose como normalizada la obstetricia hospitalaria hipermedicalizada (en 2025 los nacimientos por cesárea alcanzaron el 58% [DGIS-SSa 2025]), se siguen violando derechos de quienes se atienden , la formación médica y paramédica sigue siendo jerárquica y autoritaria (Castro y Erviti 2015; Mendoza 2020; Smith-Oka 2021) y faltan cursos transversales de sensibilización para el personal de salud. Además, la fragmentación y las carencias del sistema, así como su subfinanciación y sobresaturación, aluden a un entorno contextual sistémico que no permite al personal desarrollar sus servicios con una atención personalizada y respetuosa, siendo esta ausencia una dimensión importante de la VO como fenómeno estructural (GIRE 2015).
Por otro lado, y gracias a los movimientos feministas, se ha avanzado en el acceso a servicios de interrupción del embarazo en instituciones públicas más allá de la CDMX (donde el aborto está despenalizado desde 2007 y el acceso a servicios públicos es mayor) y en la promoción de los DSyR en México. Sin embargo, este avance es resultado más de impulsos activistas subnacionales y de la intervención de otros poderes (como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2023 declaró inconstitucional la penalización del aborto) que de la incorporación de esta agenda en la política pública federal (Martínez et al. 2026); además, subsiste la brecha entre la normatividad y la práctica. La negación del acceso a servicios públicos y gratuitos para la interrupción del embarazo es una vulneración de los derechos reproductivos que bien entra en el campo de la VO. Los avances legislativos y normativos enfrentan tensiones y limitaciones en el campo de la salud pública y los DSyR, aun con un gobierno federal que intenta promover los derechos de las mujeres y el derecho universal a la salud.
Nuestro proyecto
En este contexto de avance de la ultraderecha, nuestro compromiso de analizar y visibilizar la problemática de la VO se centra en el trabajo y en las voces de académicas latinoamericanas, constituyendo un acto político y de resistencia. Los movimientos sociales feministas y los activismos por el derecho a la salud, en diálogo con las academias, han sido copartícipes de la visibilidad de la problemática así como de su difusión en la región (Williams et al. 2018; Jerez 2022; Jerez y Fernández Anderson 2025). Las investigaciones latinoamericanas dedicadas al tema durante años han venido prestando atención a la dimensión institucional de la VO, la reproducción de desigualdades sociales profundamente arraigadas, las raíces coloniales de una medicina y obstetricia racistas, clasistas y sexistas, así como a los movimientos sociales que han visibilizado esta violencia de género y han promovido los DSyR en la región. Sin embargo, el aporte analítico crítico latinoamericano en los estudios sobre la VO es poco reconocido, o invisibilizado, a nivel mundial.
Nuestro proyecto busca centrarse en las experiencias y los análisis de la VO en América Latina. Además, promueve un acto de justicia epistémica, que resalta el trabajo académico de investigadoras de la región que han sido pioneras en el desarrollo del concepto y que suelen ser ignoradas por la academia de habla inglesa. De esta manera, contribuimos también a denunciar la desfinanciación de los estudios de género y de los estudios sociomédicos y los recortes que incrementan la VO en nuestros sistemas de salud, a la vez que resistimos las lógicas coloniales que priorizan el conocimiento que viene del Norte global.
Nuestro proyecto desarrolla nuevas temáticas acerca de la VO en y desde América Latina, con el objetivo de ser inclusivo en cuanto a representatividad nacional y a los diversos sujetos atravesados por este tipo de violencia: mujeres de sectores sociales vulnerabilizados y marginados, poblaciones indígenas y racializadas, el colectivo LGTBIQ+ y las mujeres migrantes, entre otros. Exploramos los desarrollos conceptuales y contextuales en torno a la VO y las prácticas que tienen lugar en hospitales públicos, clínicas privadas y escuelas profesionales, así como el activismo de base y las iniciativas políticas para erradicarla. Incluye estudios de caso, en un libro con quince capítulos de distintos países latinoamericanos. Asimismo, como parte del proyecto, se publicará un dossier de revista con ocho artículos de autoras latinoamericanas que no forman parte del libro. Los países incluidos en estas dos publicaciones son: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, México, Costa Rica, República Dominicana, Cuba y Venezuela. Se abordan, además, perspectivas interdisciplinarias desde la antropología médica, la sociología, los estudios jurídicos, la enfermería, el trabajo social y la medicina, los estudios feministas y de género, y las ciencias políticas; y se establece un diálogo necesario y largamente esperado entre los países de habla hispana y Brasil, destacándose las similitudes y diferencias en torno a la VO, la justicia reproductiva y el racismo obstétrico en nuestro continente.
Queremos aquí subrayar el proceso de revisión y edición que conllevó este doble proyecto editorial. Durante más de un año y medio de trabajo, hemos fomentado la discusión interdisciplinaria sobre la problemática de la VO. Nuestras revisiones a cada artículo sumaron varios idas y vueltas con sus autoras, siempre guiadas por la construcción de conocimiento colectivo, dialógico y procesual. Un conocimiento que encuentra sus bases en las metodologías feministas de investigación colaborativas latinoamericanas (Hernández Castillo 2021). Dichas metodologías son una herramienta político-epistemológica que se enfoca no en el conocimiento como producto, sino en la importancia del proceso de producción de dicho saber (Jerez 2026). Hay un trabajo “invisible” detrás de cada capítulo y artículo, que implicó un compromiso no solo intelectual sino también afectivo, vinculado a la justicia social y epistémica, cuyo valor agregado es aún mayor en estos tiempos fascistas.