La batalla por el tiempo en América Latina

A lo largo de América Latina, ha recobrado fuerza una clásica disputa entre trabajadores/as y capital: la cuestión sobre cuánto tiempo deberíamos trabajar versus cuánto tiempo deberíamos ser libres de destinar a lo que queramos. Esta ha sido una de las discusiones centrales en la agenda pública de varios de sus países en los últimos años, reflejando también su ciclo político. A primera vista, numerosos gobiernos progresistas pospandemia impulsaron o han impulsado proyectos de ley que reducen la jornada laboral a 40 horas, y, luego, la respuesta reaccionaria buscas revertir dichos procesos para volver a aumentar la jornada. Sin embargo, esta es una simplificación que no esclarece, sino que incluso yerra, el análisis. Tanto la forma en que se han reducido las jornadas, como su relación con las políticas laborales de los últimos gobiernos de derechas, marcado no solo por la pregunta de cuánto se trabaja sino también en torno a la distribución de poder para decidir cuándo se trabaja

Como se detallará a lo largo de este artículo, los procesos legislativos de reducciones horarias se han caracterizado por transarse a cambio de medidas que dotan de más poder a las empresas decidir unilateralmente cuándo se trabaja, mientras que los gobiernos de derechas no han disputado cuánto se trabaja sino que han aumentado la capacidad de las empresas sobre dicha organización del tiempo. Estas medidas se les suele describir con la palabra “flexibilidad”, pero desde ya hay que aclarar que esta palabra es equívoca y por ende debe usarse con precaución, dado que suele utilizarse para nombrar fenómenos diametralmente opuestos. Por una parte, es utilizada para denominar políticas laborales que le otorgan más poder a los empleadores para determinar discrecionalmente cuándo se trabaja: es decir, los horarios de ingreso y salida, la distribución de la carga horaria, e incluso cuánto o cómo esta distribución se compensa económicamente, entre otros. De manera contradictoria, también es utilizada para nombrar medidas que refuerzan el poder de los trabajadores/as para decidir, individual o colectivamente, sobre sus horarios (Messenger 2018).[1] Sin embargo, lo que mayoritariamente ha acompañado las últimas reformas en la región es el aumento del poder del empleador sobre la organización del tiempo de trabajo, no de los trabajadore/as. Cabe señalar también que este “modelo transaccional” no es desconocido en otras partes del mundo. Se utilizó frecuentemente en experiencias europeas de las décadas de 1990-2000: en parte, las nuevas regulaciones que acompañaban las reducciones de jornada se explicaban como “medidas de ajuste”, para que las empresas pudieran transitar a jornadas más acotadas sin dejar de cubrir sus necesidades operacionales ni disminuir sus planillas, pero también son promovidas debido a un cambio de paradigma en las relaciones laborales, aparejado al auge neoliberal (Keune 2006; Lehndorff 2007).

Estas medidas permiten a los empleadores planificar e implementar respuestas corporativas a las fluctuaciones de la demanda para que el o la trabajadora cargue con el riesgo del negocio (Adams 2026). Por tanto, si bien en términos globales se “trabaja menos”, las y los asalariados pierden estabilidad e incluso dinero. La forma en que esto se puede llevar a cabo varía según la regulación y el sector económico, pero, para ejemplificar, tomemos el caso de los trabajadores del comercio, que suelen trabajar de forma más intensa en Navidad u otras fiestas. Una forma de “flexibilidad” para las empresas es no compensar estas horas extraordinarias mediante sobrepagos, sino que a cambio de un aumento en las horas o días de descanso en épocas más tranquilas. Lo que es más, en términos estructurales, los trabajadore/as pierden poder para oponerse a este tipo de medidas, que son legitimadas por la ley laboral (Barriga, Durán y Sato 2023). Lo que se argumentará en este artículo es que el patrón reaccionario no suele ser aumentar las horas de trabajo semanales, sino que profundizar y aumentar esa “flexibilidad” previamente instalada, a pesar de sus impactos negativos en las condiciones de trabajo.

Ronda n°1: Reducción de la jornada a cambio de un aumento en el poder del empleador sobre la organización de horarios

América Latina es una de las regiones que trabaja más horas al día, y más días de la semana y al año (OIT 2018). Si bien no es la única, una importante razón de esto es que somos la única región en la que todavía predominan las 48 horas semanales.[2] En Europa y numerosos países fuera de ella, hace décadas que las leyes laborales disponen que la jornada estándar debe ser de máximo 40 horas semanales, en cumplimiento con el Convenio n° 47 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, en América Latina la jornada predominante estuvo estancada en las 48 horas por alrededor de un siglo, desde la aparición de las primeras leyes sociales a comienzos del siglo XX (Marinakis 2019). Esta tendencia regional comenzó a cambiar decididamente luego de la pandemia por covid-19, en parte por el ciclo político, y en parte porque las medidas adoptadas para afrontar la crisis sanitaria demostraron que la región es capaz de reducir el tiempo de trabajo para adecuarse a los estándares internacionales (OIT, 2023).

La tendencia a la reducción horaria ha sido mayoritariamente, pero no exclusivamente, impulsadas por gobiernos progresistas. Una excepción es el caso colombiano, cuyo Congreso aprobó en 2021 una reducción de 48 a 42 horas semanales. Pero, en el caso mexicano y chileno, las leyes de “40 horas” fueron iniciativas promovidas por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gabriel Boric. En estos tres casos, las reformas incluyeron cambios en la organización de la jornada que dotaron de más poder de distribución horaria al empleador. Estudiaremos con mayor detención el caso chileno, ya que ejemplifica nítidamente las contradicciones de estas reformas y su relación con el proceso político que vive la región. Además, es un caso significativo porque dicho país ya había reducido la jornada de 48 a 45 horas a principio de siglo, esa vez sin hacer uso del “modelo transaccional”, a diferencia de lo ocurrido en la reforma pospandemia.

La historia de la “Ley de 40 Horas” aprobada en Chile en 2022 es la siguiente: tras años de férrea oposición a la reducción de la jornada ordinaria a 40 horas, el empresariado y la derecha política tradicional se abrieron al debate pospandemia y durante el gobierno de Boric. Sin embargo, plantearon como moneda de cambio la “flexibilidad”. Este punto entrampó la discusión legislativa por algunos meses; finalmente, se logró un amplio consenso mediante el cual se redujo la jornada laboral, a cambio de la incorporación de un nuevo tipo de jornada variable con aplicación general a cualquier trabajador/a del sector privado que no se encuentre regido por un régimen especial (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 2023). La regulación de este sistema es minuciosa y técnica, pero en lo esencial cambia el paradigma que rige a la jornada ordinaria o estándar, pasando de un sistema regido por la estabilidad horaria semanal a uno que habilita cambios unilaterales por parte del empleador. Es decir, previo a la reforma, por regla general las y los asalariados debían todas las semanas trabajar la misma cantidad de horas, con iguales horarios de entrada y salida. A partir de ese cambio legislativo, se permite que el empleador y el trabajador individual “acuerden” una jornada que puede modificarse a discreción del primero, en la medida que se respete un promedio de horas semanales al mes. Si bien la reducción de la jornada laboral fue transversalmente celebrada en Chile, la incorporación de esta “jornada promediada” recibió duras críticas de académicos y sindicatos (Barriga, Durán y Sato 2023).

Esto refleja una forma típica en que se han llevado adelante las reducciones de jornada durante tiempos neoliberales y, a su vez, sus peligros. En Francia, la jornada se redujo a principios de este siglo a un promedio de 35 horas semanales, pero contabilizadas de forma anual. Por tanto, las jornadas semanales pueden fluctuar significtivaamente por temporadas. Este cambio fue promovido sobre todo por el sector turístico, un sector altamente estacional (que requiere más trabajo en verano y menos en invierno). La ley confió su implementación al pacto con sindicatos, lo cual ya fue criticado como ineficaz en el caso francés (Pélisse 2004). Luego, el tiempo de trabajo fue un punto central en la campaña de la derecha francesa, que volvió a gobernar en 2002 prometiendo volver a aumentar la jornada. Sin embargo, cuando gobernaron no hicieron eso, sino que profundizaron las medidas de “flexibilidad” (Dufour 2006).

Tabla I: Resumen de las reformas legislativas aprobadas de reducción de la jornada laboral en América Latina (2021-2026)

País

Año de aprobación e identificación de la ley

Reducción y gradualidad

Principales cambios a regulación en organización del tiempo de trabajo

Brasil

2026, PEC 221/2019

44  40 horas (un año y dos meses de gradualidad)

Suma un día de descanso semanal obligatorio, cambiando el esquema estándar de 6x1 a 5x2.

Chile

2022, Ley N° 21561

45 → 40 horas

(cinco años de gradualidad).

La jornada ya no debe ser “fija” semana a semana, sino que puede puede basarse en un promedio mensual.

Colombia

2021, Ley N.° 2101

46 → 42 horas (cuatro años de gradualidad).

Permite que jornadas diarias tengan duraciones distintas.

México

2026, Decreto Oficial de la Federación de la Reforma Constitucional del 6 de marzo de 2026 y Decreto Oficial que reforma la Ley Federal del Trabajo publicado el 1 de mayo de 2026.

48 → 40 horas (cinco años de gradualidad).

Cambios en la regulación de las horas extraordinarias, que permiten e incentivan a trabajar hasta 52 horas semanales y superando las ocho horas diarias  (Morales Ramírez 2024).

Cabe resaltar dos puntos: primero, que esta tendencia no se encontraba necesariamente presente en las reducciones anteriores dentro de la región. Por ejemplo, la única “medida de ajuste” que tuvo la reducción legal de 48 a 45 horas que se concretó en Chile a principios de siglo fue un período de implementación gradual de cinco años. Segundo, las reformas han avanzado de forma distinta en países con negociación colectiva sectorial robusta. En Uruguay, el programa de gobierno del Frente Amplio uruguayo había prometido que presentarían un proyecto de ley para reducir la jornada legal a 40 horas; si bien no ha ocurrido, ha fomentado la reducción negociada colectivamente a 40 horas en sectores económicos determinantes que se encontraban rezagados en esta materia, tales como la construcción (PIT-CNT 2026). El caso que más destaca por romper con la tendencia señalada en este artículo es el de Brasil, cuya reforma fue aprobada el 14 de octubre y no solo reduce la jornada de 44 a 40 horas, sino que también aumenta de uno a dos los días de descanso semanal obligatorio, lo cual solo podría ser exceptuado por acuerdo negociado colectivamente.[3] Esta “rigidización” de la jornada asegura que la reforma cumpla su propósito: que las y los trabajadores brasileños efectivamente trabajen menos y que eso se traduzca en más descanso, y no en menores salarios.

Ronda n°2: ¿Restauración conservadora o profundización neoliberal?

Esta segunda sección estudiará nuevamente el caso chileno, para examinar la relación entre el vaivén político del país y las políticas laborales sobre tiempo de trabajo. Este ha sido un eje central en los primeros meses del gobierno de derecha de José Antonio Kast, que ha tenido dos fases: primero convocó a una “Mesa de Reactivación Laboral” que propuso revisar la “distribución del tiempo de trabajo y promedios en horas” (Mesa de Reactivación Laboral, 2026). Su informe propuso extender la medida de promediación de jornada incorporada en la reforma anterior (véase Tabla II). Sin embargo, luego dicho gobierno optó por otra alternativa, impulsando un proyecto de “contrato por horas” que se encuentra al momento de publicar este artículo en tramitación. Este es un tipo de trabajo “por llamada”, que obliga a el o la trabajadora a permanecer disponibles durante determinados períodos para ser convocados únicamente cuando el empleador requiera sus servicios. Si bien todavía no se presentan las indicaciones del gobierno, han adelantado que aplicaría solamente a jornadas parciales, las que están exentas del salario mínimo (Rosende Salazar 2026). Es decir, la flexibilidad en estos casos es radical, permitiendo jornadas de hasta 12 horas diarias, o semanas en que se trabaje por sobre 48 horas sin sobreprecio, así como semanas en que el trabajador/a deba estar a disposición, pero no preste servicios efectivamente y su remuneración se vea disminuida unilateralmente. Lo anterior es parte de una tendencia global hacia regulaciones que permiten y aumentan aumentan la no remuneración del tiempo a disposición del empleador en que no se produzca efectivamente (Burchell, Deakin, Rubery y Spencer 2024). Es decir, esta figura genera un cambio de paradigma absoluto, de la estabilidad de la jornada semanal a uno de profunda incertidumbre horaria y salarial para el trabajador/a, habilitado por leyes que aumentan la capacidad de discrecionalidad por parte del empleador.

Tabla II. Modificaciones o propuestas de modificación a la organización de la jornada ordinaria en Chile (2022-2026)

 

Código del Trabajo previo a “Ley de 40 Horas”

“Ley de 40 Horas”

Medida propuesta por “Mesa de Reactivación Laboral”

Proyecto de ley “Contrato por Horas”, Boletín n° 11929-13

Promedio de horas semanal

45

40

40

30 (solo aplicable a jornadas parciales)

Techo de horas

45 semanales

45 semanales

52 semanales

30 horas semanales o 120 mensuales

Base de cálculo del promedio

1 semana (horario fijo semanal, sin promediación).

4 semanas

15 semanas o anual (52 semanas).

Semanal o mensual

Las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast hacen eco de otras reformas laborales de los últimos gobiernos de derechas en la región. Por ejemplo, la reforma laboral de Javier Milei en la Argentina mantuvo la jornada semanal máxima en 48 horas; sin embargo, se “flexibilizó” fue su distribución diaria, permitiendo días con extensiones de hasta 12 horas cuando antes el máximo era de ocho.

Conclusión

Las contradicciones de avanzar en derechos laborales individuales a costa de aumentar el poder estructural de las empresas se reflejan en el ciclo político de América Latina en los años pospandemia. El paradigma neoliberal en las relaciones laborales sobre todo apunta a profundizar la capacidad discrecional de las empresas, lo que es más patente en las políticas de gobiernos que representan intereses empresariales, pero resulta más complejo de analizar cuando forma parte de políticas con narrativas pro-trabajador/a. Además, las medidas que cambian la organización del trabajo no solo tienen impactos culturales y económicos que son difíciles de revertir, sino que impactos políticos.

Esta forma de administrar las relaciones laborales, en que los trabajadores cargan con el riesgo del negocio, se ha acentuado con la masificación de formas de empleo “no-tradicionales” y ha llegado a su máxima expresión con la “economía de plataformas” (Burchell, Deakin, Rubery y Spencer 2024). La pregunta que surge es si acaso esto apuntará a una “uberización” o “plataformización” más generalizada del empleo formal, promovido en torno a la narrativa de otorgar a los trabajadore/as más soberanía sobre sus tiempos, pero que en la práctica genera mucha vulnerabilidad económica y presión por demostrar productividad. Políticamente, esto opera también como forma de disciplinamiento: la necesidad de sustentar la vida y el temor de no ser convocado semana a semana inhibe cualquier reclamo o protesta, y sobre todo la organización colectiva.

La reducción de la jornada nació como bandera de lucha del movimiento sindical en una época distinta a la que vivimos hoy. El diseño actual por medio del cual la gente suele trabajar más por menos es hacer que se “lleven para la casa”, en términos literales o figurativos, las pérdidas económicas del negocio, mientras que las ganancias se quedan en la empresa. Por esto es importante que las políticas laborales pro-trabajadores/as tengan una mirada de largo aliento y tomen en consideración sus impactos estructurales. En parte esto tiene que ver con asegurar su permanencia ante eventuales cambios de gobierno, pero también porque la estabilidad y libertad que tiene la clase trabajadora es en sí política e incide en “la política”. Por esto, la disputa regional en torno al tiempo de trabajo no es una cuestión acotada a cómo, cuánto o en qué condiciones se produce, sino que es también una disputa en torno al poder.

Notas

[1] Estas medidas pueden tener un carácter individual, permitiendo que, dentro de ciertos parámetros, cada trabajador decida la distribución de sus horarios; o bien pueden facilitar la negociación colectiva en torno a la jornada como forma de adecuar la ley a las necesidades operativas particulares de cada unidad productiva (Messenger, 2018).

[2] A su vez, predomina la regulación laboral por vía legislativa, a diferencia de otros modelos en los que predomina la autorregulación entre sindicatos y empleadores (Marinakis 2022.)

[3] En el proceso mexicano, sumar un día descanso adicional era un importante anhelo de trabajadores/as y sindicatos, y la reforma recibió numerosas críticas por esta omisión (Morales 2027).

Referencias

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Biblioteca del Congreso Nacional. 2023. Historia de la Ley N.° 21561. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional.

Burchell, Brendan, Simon deakin, Jill Rubery y David A. Spencer. 2024. “The future of work and working time: introduction to special issue”. Cambridge journal of economics 48. 1-24

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Marinakis, Andrés. 2022. “Situación y perspectivas de la jornada de trabajo en América Latina”. Informes Técnicos 25. Santiago: Oficina de la OIT para el Cono Sur.

Mesa de reactivación laboral. 2026. Mesa de reactivación laboral: informe final. Santiago: Gobierno de chile.

Messenger, Jon. 2018. Working Time and the Future of Work. ILO Future of Work Research Paper Series. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

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Pélisse, Jérome. 2004. “From Negotiation to Implementation: A study of the reduction of working time in France (1998-2000)”. Time & Society 13, n° 2/3: 221-244.

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