El compromiso
En su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió que, desde “el primer día” de su segundo mandato, lanzaría el “programa de deportación más grande en la historia de América”. Se comprometió a sacar cada año a por lo menos un millón de migrantes del país.
Las deportaciones masivas eran el elemento clave dentro de un plan exhaustivo de acciones antiinmigrantes, que incluía redadas radicales dentro del país y la construcción de gigantescos campamentos de concentración para alojar a los detenidos. Todo esto se anunció en el notorio Proyecto 2025, un documento publicado por la Fundación Heritage durante la campaña presidencial de Trump en 2024.
En su segundo mandato, Trump está en condiciones de hacer hincapié en deportaciones desde el interior del país porque el flujo de indocumentados a la frontera con México ya se ha reducido a niveles no vistos desde 1970. En octubre de 2025, tan solo 258 cruces ilegales fueron detectados por día en toda la frontera con México, en comparación con un promedio de 5000 durante el mandato de Biden.
De hecho, los cruces ilegales empezaron a disminuir en el último año de Biden. Desde 2023 hasta 2024 hubo una reducción de cruces ilegales del 80 %. Esto se debe principalmente a la decisión de Biden en junio de 2024 que prohibió solicitar asilo al presentarse en la frontera. Desde ese momento, cuando un migrante se presenta en la frontera y pide asilo, lo detienen y deportan de inmediato. Esa orden ejecutiva fue renovada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato, pero sigue en litigio.
El arquitecto
El arquitecto principal de la campaña de deportaciones masivas de Trump es Stephen Miller, su asesor para la seguridad doméstica. Fue Miller quien impuso al ICE y a otras agencias federales una cuota mínima de tres mil detenciones por día. Miller es la figura más ideológica en el mundo de las políticas migratorias de Trump. Su meta es nada menos que cambiar la composición de la población del país: “blanquearlo”, es decir, hacerlo más blanco de lo que es ahora. Por años ha promovido la teoría racista-nacionalista del “gran reemplazo”, bajo la premisa de que los inmigrantes de color van a reemplazar como votantes a los blancos nacidos en los Estados Unidos. Como Trump, insiste en que las deportaciones masivas son necesarias para la seguridad de las elecciones, supuestamente amenazadas por millones de votos emitidos por inmigrantes indocumentados.
En el pensamiento de Miller no hay ningún inmigrante “bueno” que contribuya positivamente al país. Todos ellos, así como los hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos, son para el país una carga y una amenaza cultural, siempre refiriéndose a la inmigración como una “invasión”. La solución, de acuerdo con Miller, es acabar con todos los tipos de inmigración, incluyendo la inmigración por vías legales y el programa de refugiados. La meta debe ser, según él, reducir a cero la tasa de inmigración neta.
Crear el marco legal
El proyecto de Trump empezó con la creación de un marco legal para justificar las deportaciones masivas, bajo la declaración de falsas emergencias. Trump lo hizo en el primer día de su segundo mandato, al declarar una “emergencia nacional en la frontera,” para “repeler la invasión desastrosa de nuestro país”. Además de esa declaración de emergencia a nivel nacional, ha declarado “emergencias de criminalidad” en ciudades específicas como Washington DC, Chicago y Los Ángeles, para evadir las leyes locales de santuario para indocumentados y también para justificar el uso de soldados de las guardias nacionales y de las fuerzas militares regulares para la vigilancia migratoria adentro del país, lo que está prohibido por ley federal.
Aumentar la reserva de migrantes deportables
El segundo ingrediente del proyecto de Trump es aumentar la reserva de inmigrantes deportables. La metodología principal para esto ha sido eliminar las varias categorías de protección temporal otorgadas a migrantes de nacionalidades específicas durante los mandatos de Bush, Obama y Biden.
El crecimiento tan notable de la población de indocumentados viviendo en los Estados Unidos durante el mandato de Biden se debió en gran parte a las entradas por estas vías de protección temporal. Por ejemplo, el programa de Temporary Protected Status (TPS) para personas que huyeron de conflictos armados o desastres naturales. Incluía a ciudadanos de Afganistán, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Bajo la gestión de Trump, un total de un millón y medio de migrantes han perdido la protección temporal que recibieron bajo la de Biden. Al perder esa protección temporal, es os migrantes pasar a ser deportables de inmediato. Si bien pueden solicitar otras formas de autorización –como “tarjetas verdes”–, los requisitos de estas formas de entrada legal son exigentes y los trámites pueden durar años.
También para aumentar la reserva de deportables, la administración de Trump ha presionado intensamente a los jueces del sistema de cortes de inmigración para que rechacen las solicitudes de asilo y ordenen la deportación de los solicitantes –la mayoría de los cuales han vivido en los Estados Unidos varios años–, a riesgo de ser despedidos. Menos del 10 % de las solicitudes de asilo se han aprobado en 2026, la tasa más baja en la época moderna.
Reposicionar la Patrulla Fronteriza
En el segundo mandato de Trump hemos visto la conversión de los 22.000 agentes de la Patrulla Fronteriza en una fuerza errante de deportación, que opera sin la autorización de los gobernadores de los estados afectados. Una ley federal limita las operaciones de la Patrulla Fronteriza a la frontera internacional y a una zona de hasta 100 millas de distancia de la frontera. Sin embargo, el proyecto trumpista de deportaciones ubica a agentes de la Patrulla Fronteriza en dondequiera sea necesario. En 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza fueron desplegados en ciudades alejadas de la frontera con México, tales como Boston, Chicago, Los Ángeles, Washington DC, Portland OR, Memphis TN, Charlotte-Carolina del Norte y Mineápolis MN. Lo único que tienen en común estas ciudades es que están gobernadas por alcaldes del Partido Demócrata.
La reposición de agentes de la Patrulla Fronteriza es importante, porque ellos tienen fama de ser más duros y agresivos que los de otras agencias; su entrenamiento incluye detener a narcotraficantes y a otros criminales violentos. Las ciudades más afectadas por las operaciones de deportación masiva recibieron centenares de agentes de la Patrulla Fronteriza, con la colaboración de contingentes de soldados de las Guardias Nacionales procedentes de varios estados, así como de agentes de ICE, FBI, DEA y cinco agencias adicionales del gobierno federal. Tan solo a la ciudad de Mineápolis fueron desplegados más de tres mil agentes, supuestamente para combatir la corrupción en la comunidad de inmigrantes Somalis, demonizada por Trump.
¡Gastar mucho dinero!
Otro requisito del Proyecto Trump es ¡gastar mucho dinero! La legislación fiscal aprobada por el Congreso el 4 de julio de 2024, bajo el nombre de One Big Beautiful Bill Act, destina 170.000 millones de dólares a la vigilancia migratoria; es más dinero de lo que gastan todos los países del mundo en sus fuerzas armadas, salvo los Estados Unidos y China. El presupuesto anual del Departamento de Seguridad Nacional para la vigilancia migratoria se duplicó entre 2025 y 2026. Ese departamento ya es la agencia federal más grande de aplicación de la ley, incluso más que el FBI.
Por último, Casi 15.000 de agentes federales han sido trasladados de investigaciones de criminalidad no relacionada con la inmigración a la vigilancia migratoria. Estos agentes ya no están investigando ataques cibernéticos, la criminalidad financiera trasnacional, el narco tráfico o la trata de personas. En síntesis, no hay escasez de recursos para llevar a cabo el proyecto de deportaciones masivas.
Combinar la inmigración con la criminalidad
Para justificar la ampliación del proyecto de vigilancia migratoria ante la población en general, la táctica de Trump ha sido borrar por completo la diferencia entre inmigración y criminalidad; insiste siempre insiste con que su administración está sacando del país a los criminales violentos — “lo peor de lo peor”—.
La realidad es muy diferente. Los datos del mismo gobierno de Trump señalan que la gran mayoría de los migrantes detenidos por ICE en 2025 no habían sido condenados por ningún delito,[2] y una cifra importante de los que sí habían sido condenados había cometido infracciones de baja escala. Obviamente, no son “lo peor de lo peor”, como sostiene la propaganda de Trump.
Otra diferencia fundamental entre la vigilancia migratoria de Trump y la de Biden es que, bajo Trump, el 100 % de los migrantes atrapados en las redadas quedan detenidos en cárceles por períodos indefinidos, en vez de ser citados y liberados bajo fianza hasta que tengan lugar sus audiencias ante las cortes, que era la práctica de las administraciones previas. En las cortes, el gobierno de Trump ha perdido casi el 90 % de los miles de casos de detención mandatoria e indefinida, pero la política general sigue vigente.[3]
Deportaciones a “terceros países”
Otra novedad del proyecto de Trump es aumentar las deportaciones a “terceros países”, que no son los países de origen de los migrantes. Aunque un juez federal ha declarado que esta práctica es una violación de ley, sigue en marcha mientras el litigio se resuelve. Los vuelos de deportación se han duplicado; ya llegan a más de veinte países, muchos de los cuales se encuentran en África. Los gobiernos de estos países aceptan deportados de los Estados Unidos a cambio de millones de dólares pagados por el gobierno de Trump.
Un motivo clave para estas deportaciones a terceros países es promover la auto deportación, bajo la consideración de que los indocumentados tendrán miedo de ser deportados a países como Uganda o Camerún, donde no hablan el idioma y no cuentan con protecciones legales ni apoyo social, por lo que elegirían regresar a sus países de origen.
Aumentar la capacidad de detención
Dado que bajo Trump ya no se otorga fianza a migrantes detenidos por ICE, ha sido necesaria una dramática expansión de la capacidad del sistema de detención y transporte de migrantes. El número de centros de detención se ha triplicado, hasta conformar un gulag en el que las condiciones de detención, con frecuencia, son pésimas.
En el último año de Biden, los centros de detención podían alojar a alrededor de 39.000 personas. En el segundo mandato de Trump la capacidad ha aumentado a 70.000, y el plan es alojar a 100.000 detenidos. Para incrementar la capacidad de detención más rápidamente, ICE ha comprado once almacenes comerciales, a costo de un mil millones de dólares, para convertirlos en "mega-centros" de detención, cada uno con capacidad de alojar a miles de migrantes. En el estado de Florida se ha construido un enorme campo de concentración para migrantes detenidos, el llamado “Alligator Alcatraz”, nombrado así por los políticos republicanos del estado. Está emplazado en el lugar de un aeropuerto en desuso rodeado por el pantano de los Everglades.
También desde 2025, el gobierno de Trump ha firmado más de 1700 convenios de cooperación con departamentos de policía local. Los llamados convenios “287(g)” permiten que la policía local funcione como un “multiplicador de fuerza” para el gobierno federal, facilitando el traslado de detenidos por crímenes no-migratorios desde cárceles locales al ICE. De acuerdo con estos convenios, los departamentos de policía pueden rentar a ICE el espacio en sus cárceles para la detención de migrantes. ICE está ofreciendo a los departamentos de policía local beneficios por un monto total de hasta 2000 millones de dólares, solo en 2026, para fomentar su participación en el programa de 287(g).
Ya no hay “espacios seguros”
Otra política clave del proyecto de deportaciones masivas es eliminar las restricciones acerca de dónde se pueden realizar las detenciones. Ahora es posible detener a los migrantes en donde sea: lugares de trabajo, almacenes, gasolineras, los estacionamientos de tiendas, escuelas, hospitales e iglesias. Ya se llevan a cabo en espacios públicos, como palacios de justicia y aeropuertos, y también en paradas de tránsito en las calles.
Las detenciones que se hacen dentro de los palacios de justicia han sido especialmente chocantes, ya que se llevan a cabo cuando los inmigrantes se presentan para entrevistas rutinarias o check-ins con funcionarios de ICE. Los agentes esperan en la entrada de la sala del tribunal de inmigración, y los migrantes entran al edificio para la entrevista y salen esposados, rumbo a centros de detención. Como insiste la administración de Trump: “Ya no hay espacios seguros” para los indocumentados.
Crear la cultura de temor
Otro ingrediente del proyecto de deportaciones de Trump es realizar las detenciones con impunidad total. Al ingresar a la fuerza, se les muestra a los nuevos empleados de ICE un video de Stephen Miller, en el que declara que los agentes los agentes de ICE tienen inmunidad federal absoluta para cualquier acción que tomen en la vigilancia migratoria. Y los agentes se comportan en consecuencia.
Ciudades como Los Ángeles, Chicago, y Mineápolis se han convertido en zonas de combate, donde agentes federales, armados con rifles al estilo militar, hacen sus patrullas con mascarillas y balaclavas, sin ninguna identificación personal en sus uniformes. Los detenidos son metidos a la fuerza en SUVs sin placas. La falta de identificación aumenta la brutalidad de los agentes, que saben que no pueden ser responsabilizados por el uso de la fuerza.
Otra táctica para aumentar el temor es quitarles la ciudadanía –o “desnaturalizar”– a inmigrantes que ya la habían recibido, con la excusa de haber cometido, supuestamente, fraude en la solicitud de ciudadanía. La agencia encargada de esta labor tiene una cuota obligatoria de por lo menos doscientos casos al mes. El total de casos de desnaturalización durante los cuatro años de Biden fue de sesenta y cuatro. La meta principal de esta campaña es aumentar la inseguridad entre los veintiséis millones de ciudadanos por naturalización –la mitad de la población nacida en el exterior– e impulsarlos a autodeportarse.
El uso sistemático del perfilado racial
Para alcanzar la cuota diaria de más de tres miles de detenciones, fue necesario cambiar la estrategia tradicional de vigilancia migratoria, pasando de arrestos selectivos de individuos que habían sido investigados por actos de criminalidad y vigilados por ICE a las redadas indiscriminadas en las que los agentes detienen a cualquier persona que se encuentre en la calle, en especial los de piel morena.
Una constante ha sido la aplicación del perfilado racial –racial profiling – para las detenciones. Por un decreto de la Corte Suprema, emitido en septiembre de 2025, los agentes federales pueden realizar detenciones solo sobre la base de la raza o etnicidad de la persona, o si la persona está hablando en español (o en inglés con acento), o si se encuentra en algún lugar “sospechoso”, como el estacionamiento de un Home Depot, lugar en el que los jornaleros se concentran. También pueden hacer detenciones sobre la base del tipo de trabajo que desempeñan las personas, por ejemplo, lavaplatos en restaurantes o trabajadores de la construcción. En ciudades afectadas por operaciones intensivas de vigilancia migratoria, los agentes federales van puerta-a-puerta en colonias residenciales, buscando a personas de color para detener. En estas redadas indiscriminadas, se ha detenido a centenares de ciudadanos estadounidenses, a inmigrantes legales permanentes y a refugiados con permiso oficial o con casos pendientes. La mayoría obtiene su libertad, pero solo después de pasar varios días o semanas en terribles centros de detención.
Una táctica especialmente cruel del proyecto de deportación masiva es fomentar la auto deportación mediante amenazas de separación de la familia; les preguntan a padres de familia si quieren ser deportados junto con sus hijos –muchos de los cuales son nacidos en los Estados Unidos– o si ICE debe asignar a los niños a otra persona o ponerlos en cuidado de crianza (foster care). Asimismo, les niegan una fianza a los padres detenidos, para apresurarlos a auto deportarse.
El saldo de la campaña
De acuerdo con la propaganda de la administración Trump, hubo dos millones y medio de deportados en el primer año de su segundo mandato, incluyendo a 600.000 deportados por el gobierno y a 1.900.000 de personas que se autodeportaron voluntariamente. Sin embargo, las estadísticas oficiales del mismo gobierno señalan que en este período hubo solamente medio millón de detenciones, y 40.000 personas que, supuestamente, se autodeportaron. En lo que va de 2026, el número de detenciones es de aproximadamente 1200 al día, menos de la mitad de la cuota diaria de 3000 exigida por Stephen Miller. Es decir, la administración está lejos de alcanzar su meta de un millón de deportados al año.
¿Quiénes se están deportando? En el primer año del segundo mandato de Trump, la fracción de deportados desde el interior del país subió por 4, 6 veces.[4] No es gente recién llegada al país, sino inmigrantes con años de residencia en los Estados Unidos; dos tercios de los deportados llevan una década o más viviendo en el país.
En cuanto a la campaña para promover la autodeportación, hasta ahora parece que ha tenido escasos resultados. No es por falta de esfuerzo. ICE ha llevado a cabo una multimillonaria campaña de propaganda cuyo mensaje es: “Salga, o sea perseguido y capturado”. Para estos efectos, existe una app para promover la autodeportación, llamada “CPB Home”; este programa ofrece un pago de tres mil dólares más boleto de avión gratuito a cambio de autodeportarse. Además, difunden videos incitando a indocumentados a auto-deportarse.
La consecuencia más evidente del proyecto de deportaciones masivas ha sido la creación de una cultura del temor en comunidades de inmigrantes, sobre todo en los latinos y en las familias de estatus legal “mixto”. Una encuesta nacional a inmigrantes, que incluye respuestas tanto de indocumentados como de inmigrantes legales, encontró que la mitad se sentían más temerosos por el aumento en la vigilancia migratoria bajo Trump, y uno de cada cinco entrevistados conocían a alguien que había sido detenido o deportado desde principios del año.[5] Los datos de las encuestas del New York Times señalan que de 2023 a 2025 hubo un aumento radical en la cantidad de inmigrantes que se preocupan por la posibilidad de que ellos mismos o algún pariente pueda ser detenido o deportado, en especial entre los entrevistados indocumentados.
El saldo del proyecto de deportaciones masivas abarca también daños a la economía. Según el departamento del Censo, el número de inmigrantes nuevos que llegan al país se redujo más de la mitad entre 2024 y 2025. Y el porcentaje de inmigrantes en la población ha bajado por primera vez desde la década de 1960. La mayor parte de ese descenso no se debe a las deportaciones. En ese sentido, resulta más significativa la creciente dificultad para obtener visas, y la reducción del atractivo de los Estados Unidos como país de destino en la época de Trump.
Impactos en la opinión pública
¿Qué opina de todo esto la población general? Las encuestas nacionales señalan un deterioro constante desde enero de 2025 en la evaluación del desempeño de Trump en relación con la inmigración. En lo que antes fue su mejor materia, Trump ya está “debajo del agua”, con una desaprobación neta de 15 puntos.
Cuando se pregunta si ICE ha ido demasiado lejos en aplicar las leyes migratorias, casi dos tercios de la población piensa que sí; y aún más de los independientes en su identificación partidaria, la fracción más grande de votantes. Hasta uno de cuatro republicanos piensan que ICE ha ido demasiado lejos.
Cuando se trata de políticas específicas, la mitad de la población apoya la vigilancia estricta en la frontera, pero grandes mayorías se oponen a la detención de indocumentados que han vivido en los Estados Unidos por muchos años sin cometer delitos, y también a que los agentes de ICE oculten su identidad y usen vehículos sin identificación.
La política del rechazo ya llegó. Las consecuencias humanas de las políticas superagresivas de Trump ya no pueden ignorarse. La población es cada vez más consciente de los impactos negativos de las políticas de Trump para con sus vecinos, sus correligionarios, sus compañeros de trabajo, y para los negocios pequeños que dependen de los trabajadores inmigrantes en sus ciudades. Mucho del comportamiento “fuera-de-control” de los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza ha sido capturado en fotos y videos de celulares y publicado en redes sociales. Esto ha alimentado la reacción negativa de la población, que piensa: “¡Yo no voté por esto!”.
En síntesis, la opinión pública es el freno más importante para el extremismo en la vigilancia migratoria. Precisamente por eso, la operación políticamente desastrosa de vigilancia migratoria en la ciudad de Mineápolis fue cancelada después de dos meses. La administración de Trump ha cambiado su estrategia, pasando de operaciones espectaculares y altamente militarizadas en grandes ciudades a una vigilancia migratoria más descentralizada y moderada. Es decir, la campaña sigue en marcha, pero de modo más paulatino y fuera de los titulares. De continuar así, es posible que los historiadores del futuro pinten el proyecto Trump de deportaciones masivas como un episodio oscuro y triste, pero relativamente corto en la experiencia norteamericana.