Las sociedades latinoamericanas vivieron durante largo tiempo proyectos y procesos de transformación, algunos seguidos de éxitos, otros de empantanamientos, derrotas o retrocesos. La sociedad chilena lo hizo intensamente y hoy es una sociedad sin proyectos ni procesos sociales de transformación, lo que parece ser, quizás con excepciones, el caso de muchos países de la región, algunos de los cuales parecen vivir procesos de regresión. Por otro lado, las alternancias de gobierno entre polos muy distantes, pareciera mostrar que a diferencia de otras épocas, el electorado actual tiende a moverse por demandas muy específicas marcadas por miedos y necesidades cotidianas, por subjetividades, lo que privilegia un debate principalmente en torno a políticas públicas y no proyectos e ideologías como en otras épocas. Asimismo, las grandes movilizaciones se estructuran respecto a rechazos y expresiones de malestar y los movimientos sociales aparecen cargados de politicidad particular pero no ligados a proyectos políticos generales.
En este artículo nos ocupamos esquemáticamente de los proyectos de transformación de las últimas décadas y las movilizaciones que forman parte de ellos en la sociedad chilena, desarrollando la hipótesis que se ha producido un cambio sustantivo en el sujeto político de ella, constituido, durante la mayor parte del siglo XX hasta la primera década del siglo actual, en torno a la relación o articulación entre partidos políticos, ciudadanía y movimientos sociales. Se trata de la “gran ruptura” entre los elementos señalados (Garretón, coord. 2016) y cuya consecuencia es el fracaso de los últimos procesos de transformación y la ausencia de nuevas perspectivas para ello.
La matriz clásica y sus cambios.
Llamamos, para el caso chileno, matriz clásica de constitución del sujeto político, la imbricación entre clases o estratos, actores y movimientos sociales, y partidos políticos, imbricación que significa articulación de autonomía y dinámicas entrelazadas. Los proyectos de transformación eran construidos por este sujeto, en el marco de un régimen democrático, limitado en cuanto a su participación en sus inicios, pero en el que el sistema partidario se había construido en todo el espectro ideológico (derecha, centro, izquierda) desde su origen permitiendo así ser el primer canal de inserción de los distintos actores o movimientos en la vida política y social. De modo que los partidos políticos constituían verdaderas subculturas, representativas de la sociedad (Garretón 2016).
En la década del sesenta sin perder el carácter de imbricación entre partidos y actores sociales este esquema experimentó cambios significativos como lo fueron la incorporación de los sectores campesinos y de los sectores urbanos marginales, la transformación del centro pendular en centro político que mencionamos más arriba, con un proyecto de modernización y democratización, la unificación de la derecha en torno a un proyecto más autoritario y la definición de la alianza de izquierda en torno a un proyecto socialista. La cultura política de la sociedad chilena sin perder su carácter mesocrático-popular, pasó del predomino del prime elemento al predominio del segundo, como se expresa en el período de la Unidad Popular y la Vía Chilena al socialismo.
Utilizando una conceptualización inspirada en Touraine, el Movimiento Social Central[1]en todos estos períodos era lo que llamaba Germani “Nacional Popular”, con vertientes más reformistas o más radicalizadas.
La instalación de dictaduras militares en los 60 y 70 de nuevo tipo en el Cono Sur que intentaron su propio proyecto autoritario y de recomposición capitalista significó el término de la época descrita. En el caso chileno implicó que después de los primeros años el sujeto político de oposición., con muchas dificultades recompusiera sus relaciones con los movimientos sociales en cuya cobertura jugaron un rol central las Iglesias. El Movimiento Social Central (MSC), impregnando todos los otros movimientos particulares (mmss), lo constituye la lucha por los derechos humanos, que se irá transformando en lucha por un orden social que haga posible su realización, es decir, el Movimiento Democrático.
La dictadura militar en Chile terminó con un plebiscito en 1988 convocado por ella misma y la instalación del primer gobierno democrático en Marzo de 1990. La triunfante oposición a la dictadura reconstituía al sujeto político con un claro liderazgo del componente partidario y una coalición de centro izquierda. Con ello se inaugura lo que se llamó proceso de “transición democrática”
La crisis de la matriz del sujeto político.
Es a partir del comienzo de la segunda década de este siglo que 'podemos hablar del ciclo de movilizaciones y de ruptura del sujeto político chileno clásico desde mediados del siglo XX y la búsqueda de nuevos movimientos que buscan constituirse en un nuevo sujeto, o, en otros términos, cada uno en un nuevo Movimiento Social Central. En el período post dictatorial puede decirse que el proyecto de transformación tiene implícita la doble dimensión de generar un nuevo régimen político y un nuevo orden económico social o de superación del neo liberalismo o al menos de corregir sus principales aspectos más radicales. Y si bien los gobiernos de la Concertación lograron cambios altamente significativos en ambos aspectos en sus cuatro gobiernos, se fue perdiendo la cohesión por el debate interno entre los partidos que la componían, la incapacidad de reformular su proyecto político y de construir una nueva relación entre los partidos y los nuevos tipos de actores sociales. Y junto a ello se irá configurando una imagen de la superación de la situación en torno a la idea de una Nueva Constitución, más allá de las reformas realizadas a la vigente.
Este distanciamiento empieza a insinuarse con movimientos de estudiantes secundarios (“revolución pinguina”2006) y trabajadores contratistas del Cobre y se transformará en ruptura durante el ciclo que comienza con las movilizaciones de estudiantes universitarios en 2011, al que se sumarán nuevos movimientos ese año y los siguientes 2011-2012, culminando en el estallido de 2019 y los procesos constituyentes, todo lo cual implicará la ruptura del sujeto político clásico.
Durante el primer gobierno de derecha que sucede a la Concertación encabezado por Sebastián Piñera (2010-2014) ocurrido principalmente por la división de la Concertación, se producirá el cambio de ciclo caracterizado por la emergencia de un nuevo tipo de movilizaciones entre 2011 (estudiantes y otros movimientos), feministas (2018), pueblos originarios entre otras y el intento de nueva Constitución del gobierno de Bachelet (2014-2019) que culminarán con el estallido de 2019 y los procesos constituyentes que le siguieron. entre 2021 y 2023, como partes de los proyectos de transformación de lo que 'podría llamarse sociedad post “transición”.
En un contexto mundial de movilizaciones, en Chile las de 2011-2012 se iniciaron en las universidades públicas y tuvieron como interlocutor menos a las direcciones de las juventudes partidarias, como había sido históricamente, y más a organizaciones de los estudiantes y su instancia coordinadora. Y luego se extendieron a movilizaciones, ecológicas, territoriales, de diversidades basadas en general en descontentos que aprovechaban la existencia de un gobierno de derecha pero de hecho se deben entender como proponiendo ir más allá de lo que se denominaba transición y rechazando un orden de desigualdades. Las demandas estudiantiles se sintetizaban en educación sin fines de lucro y pública de calidad, reforma tributaria, tanto para generar recursos para lo primero como para superar desigualdades, y finalmente, la realización de todo aquello exigía generar una nueva Constitución. Estas demandas, provenientes de las movilizaciones estudiantiles como señalamos, constituyeron a su vez el núcleo del programa de la nueva coalición de gobierno encabezada por Michelle Bachelet y a la que a los partidos de la Concertación se agregó el Partido Comunista. Paradojalmente, la participación electoral fue la más baja de la historia reciente, con lo cual se confirmaba el distanciamiento entre la política y la ciudadanía, pese a que la primera había incorporado las demandas del movimiento social en el eje de sus programas de gobierno. Por otro lado, el liderazgo de los movimientos estudiantiles se constituye en diversos agrupaciones políticas que darán origen más adelante al Frente Amplio, que se convertirá posteriormente en el partido de izquierda que conquistará el gobierno en 2022. Y el tema de una nueva constitución fue reemplazando al de reformas constitucionales, generándose en el segundo gobierno de Bachelet un proceso informal, dirigido por el gobierno, de cabildos consultivos culminando en un proyecto de nueva constitución presentado al congreso pero nunca considerado.
El ciclo de movilizaciones iniciado en 2011-2012 tuvo continuidad en movilizaciones con demandas específicas en los años siguientes destacándose, entre otras, las ecológicas, territoriales, de diversidad sexual, pueblos originarios, cambio constitucional a través de marcarlo en el voto, y especialmente la de rechazo y demanda de eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y reemplazo por un sistema público y, especialmente el Mayo Feminista de 2018, que denunciaba la violencia y discriminación de género e implicó la expansión de un nuevo clima cultural en esta materia. Todas estas movilizaciones especificas tuvieron liderazgos de la sociedad civil y eran autónomas y críticas de la política de partidos. Las diversas dimensiones de la igualdad, especialmente referidas a abusos, maltrato, falta de reconocimiento, serán uno de los antecedentes principales del “estallido” de 2019, aun cuando objetivos, amplitud y organización sean muy diferentes.
Estallido, procesos (re)constituyentes y ruptura
Así, si bien el denominado “estallido social” (Cortés, 2022) se da también en un contexto de movilizaciones en diversos países, muchas de los cuales tienen su origen en demandas relativas a transporte y luego irradian a otras esferas, el caso chileno presenta una serie de características que le dan una carácter de revuelta de mayor amplitud, radicalidad, duración, y, a la vez, tiene consecuencias para el sistema político y profunda ruptura con él. Muy rápidamente siguiendo a esas primeras demandas, se fue configurando un amplio movimiento manifestando a lo largo del país descontento generalizado por desigualdades y abusos, criticando radicalmente a las elites políticas y económicas. Su sentido podía desprenderse de dos consignas principales, entre las múltiples que más que dirigirse a demandas específicas, expresaban descontento, malestar y rechazo al orden vigente. La primera le daba el sentido más general de contenido al conjunto de las movilizaciones: “hasta que la dignidad sea costumbre”. La segunda “no son treinta pesos, son treinta años” aludía tanto al alza del precio del Metro, que es lo que provoca las primeras manifestaciones, como al período de recuperación democrática. Ella fue utilizada por sectores más politizados y con referencia a los gobiernos de la Concertación y los dos de derecha, siendo el primero de ellos en el que se produjeron las movilizaciones de 2011-2012 y el segundo con el mismo Presidente Piñera (2018-2022) vuelto a ser elegido y en el poder en el momento del “estallido”. La masividad, diversidad, amplitud, expresión de rechazo a instituciones políticas, partidos y elites, sin pliego preciso de peticiones comunes, sin una conducción organizada, con referencia emblemática al pueblo mapuche, fueron los rasgos distintivos de este “estallido”, que contó con un amplio apoyo de la opinión pública hasta un cierto momento. El momento culmine del respaldo ciudadano fue la más grande manifestación del último tiempo el día 25 de Octubre de 2019, que implicaba también rechazo a elementos y rasgos de violencia que surgían de ciertos sectores de las movilizaciones y de la violenta represión ejercida por la policía. La crítica al modelo económico llevó al sector empresarial a reconocer injusticias existentes y realizar aportes, aspecto que poco a poco se fue diluyendo y transformando en crítica radical al movimiento. Hacia mediados de Noviembre, en una situación en que la crisis no parecía resolverse, se produce la intervención política que dará origen al proceso constituyente.
Desde nuestra perspectiva no había Movimiento Social Central, sino múltiples causas y politicidades unidas básicamente por un principio de rechazo que se constituirá como proceso destituyente y se vivirá por los participantes como el momento más democrático en sus vidas que se buscará continuar en el proceso constituyente.
La respuesta desde la política institucional al “estallido”, luego de dificultosas negociaciones en el momento más álgido de las movilizaciones, fue lo que se denominó Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución (Varas 2024). En ella se proponía un Plebiscito para definir la voluntad ciudadana al respecto, seguido, en el caso de aprobación, de una elección de los constituyentes para una Convención Constituyente que elaborara el proyecto de nueva constitución, que se sometería luego a un plebiscito con voto obligatorio. Pero paradojalmente se trataba de una propuesta de la llamada “clase política” que le entregaba a la ciudadanía la definición de un proyecto de transformación que se expresaba en la posibilidad de una Constitución alternativa a la establecida en dictadura y corregida en los gobiernos de la Concertación. Esa ciudadanía se expresó, primero, en el Plebiscito de entrada a través de una aplastante victoria de la opción a favor de una nueva Constitución y una Convención elegida en voto universal. Luego, en la elección de constituyentes, con un sistema que establecía una amplia participación de independientes, escaños reservados a pueblos originarios, paridad de género, lo que redundaría en una baja representación de partidos. La Convención produjo un proyecto de Constitución muy completo que plasmaba un proyecto de sociedad que respondía a las demandas específicas de sus grupos integrantes y que sería ampliamente rechazado por la misma ciudadanía, en el plebiscito del 4 de Septiembre de 2022, que había masivamente aprobado la idea de una nueva Constitución. Quedaba demostrada la escisión, no ya de la ciudadanía respecto de la política, sino también su distancia de los movimientos sociales. Ante el fracaso del proceso mencionado, se logró un acuerdo en el Congreso para que una Comisión Experta designada por los parlamentarios redactara una propuesta de Constitución, aprobada luego por la unanimidad de sus integrantes y sometida a un Consejo Constitucional elegido en votación popular. En ella la extrema derecha obtuvo una mayoría. Ese Consejo modificó la propuesta de la Comisión Experta en algunos puntos cruciales y el proyecto que elaboró, sometido a plebiscito con voto obligatorio, fue ampliamente rechazado. La ciudadanía volvía a rechazar la propuesta de una Nueva Constitución que ella había demandado en el plebiscito de entrada y que luego rechazó en el primer plebiscito de salida.
Se cerraba con esto las posibilidades de un proceso de transformación en el cual descansaba en gran parte el proyecto de izquierda del gobierno del presidente Boric electo en 2022.
Reflexiones finales. ¿Sociedad sin 'proyecto y sujeto político desvertebrado?
Como hemos intentado mostrar, tanto el “estallido” de 2019 como el fracaso del proceso constituyente promovido desde la política institucional, muestran que se trata de una ruptura de múltiples dimensiones entre política institucional, movimientos sociales y ciudadanía. Se cierra, así, el ciclo de movilizaciones y sus proyectos de transformación, estableciendo una relación intermitente e invertebrada entre estos componentes, lo que abre amplio campo a una derecha autoritaria que buscará revertir las políticas progresistas de los últimos años.
En efecto, hay un clivaje político central que se expresa, por un lado, entre una derecha constituida en dictadura, a diferencia de los otros países con derechas surgidas de las últimas crisis, que sólo tiene como referentes en su proyecto el modelo socio económico que se impuso durante la dictadura, y en el plano político es siempre hegemonizada, con la excepción de los dos gobiernos de Piñera, por el sector más duro y de carácter más autoritario. Por otro lado, el amplio campo democrático de centro izquierda. Pero este clivaje está atravesado a su vez, por el rechazo a las elites de todo tipo y a las instituciones en que ellas predominan, que es lo que permite hablar de ruptura entre política y sociedad. En tercer lugar, se ha producido una ruptura entre partidos y movimientos sociales cuya relación fue históricamente el principal componente del sujeto político histórico, lo que deja a los movimientos sociales transformando cada uno de ellos sus demandas y proyectos en términos de un Movimiento Social Central sin conexión con la política. En cuarto lugar, se produce también una ruptura en la misma ciudadanía, una “ciudadanía estallada” que adquiere el carácter básicamente demandante en términos de identidades, subjetividades y demandas específicas y sin vínculo consistente con proyectos colectivos.
A todo ello hay que agregar que estamos ante profundas transformaciones de las sociedades a nivel mundial, latinoamericano y chilena favorecidas por actores dominantes a nivel global y también local, conducidas por la revolución tecnológica y de las comunicaciones, marcadas por la crisis ecológica, la ausencia de un proyecto propiamente latinoamericano en este contexto, el surgimiento y empoderamiento de derechas autoritarias, el peso superior de las subjetividades y emociones y el terror a la inseguridad con desconfianza radical de la política y las instituciones pese a la necesidad sentida de ellas. Ante ello, cabe preguntarse, si es posible seguir pensando la sociedad, sus actores políticos, la naturaleza de proyectos y posibilidades del cambio social, los movimientos sociales, con las mismas categorías y sentidos otorgados con que los hemos pensado hasta ahora.