Regresé a México al finalizar mis estudios doctorales en la Universidad de Chicago en 1995. Era el ocaso del régimen autoritario posrevolucionario que gobernó a mi país por más de setenta años, y la discusión sobre las transiciones a la democracia ocupaba a las ciencias sociales de aquel momento. Aunque la institución a la que me incorporé, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), era pública y estaba sujeta a los gobiernos en turno, jamás experimenté en los años previos al advenimiento de la democracia en el 2000 ninguna presión política sobre mi agenda de investigación ni tampoco acerca de las opiniones y análisis políticos que ya entonces empezaba a publicar en diarios y revistas. Mi posición era crítica del último Gobierno del PRI. En la prensa y en la academia había un ambiente de tolerancia a la disidencia; se podía criticar abiertamente al presidente de la república sin temer represalias y sin recibir advertencias o llamados de atención. Y la “transitología” era un socorrido campo de estudio para los científicos sociales. La llegada de la democracia a México consolidó el papel de las universidades públicas como lugares libres para investigar y enseñar. Durante el cuarto de siglo que duró el régimen democrático prevalecieron esas condiciones; muchos dimos por sentada esa libertad académica. Creímos que el pasado autoritario había quedado definitivamente atrás y nuestra atención se dirigió a la democracia de baja calidad en la que vivíamos y a los males seculares que aquejaban al país. Fue un error.
En el 2018 los mexicanos eligieron a un político de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento por llegar a la presidencia. Su Gobierno, sin embargo, no sería uno más de los del período democrático. Su propósito sería llevar a cabo una gran transformación, la cuarta en la historia del país después de la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana. Más allá de la retórica epocal, lo que ocurrió fue que México se sumó a la ola de autocratización que desde hace dos décadas barre el mundo. El año 2024 marcó un hito, pues por primera vez en más de veinte años hay más autocracias en el mundo (91) que democracias (88). La actual "tercera ola" de autocratización ha transformado drásticamente el panorama político global. Los autócratas socavan las elecciones y la sociedad civil, pero también buscan controlar la producción y la diseminación del conocimiento; esos líderes consideran a las universidades como un obstáculo y buscan restringir la libertad académica.
La situación de la libertad de expresión en el mundo es alarmante: en 2024 había empeorado en 44 países. El Índice de Libertad Académica más reciente, elaborado a partir de datos del proyecto V-Dem, muestra que 23 países experimentan un declive asociado a procesos de autocratización, entre ellos los Estados Unidos, México, el Reino Unido, Rusia, Venezuela y muchos países de Asia y África.[1] México ocupa un lugar incierto entre los quintiles B (mayormente libre) y C (moderadamente restringido), con una tendencia hacia el deterioro. Sin embargo, lo cierto es que en América Latina solo Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Haití se encuentran por debajo.
Muy pronto empezamos a sufrir los efectos de la nueva política. Pocos meses después de la elección de 2018, aun antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, el Congreso —ahora controlado por una mayoría del partido gobernante y sus aliados— aprobó una ley que disminuyó las prestaciones de los empleados públicos, incluidos los profesores universitarios. Empezó así la destrucción por la vía de las crecientes restricciones presupuestales de un centro que se había ganado un prestigio mundial. Quedó claro que el Gobierno veía a las universidades con abierta hostilidad y como un obstáculo a su hegemonía ideológica. Eligió el CIDE, un minúsculo centro público de investigación de poco más de cien académicos, como un ejemplo para enviar una señal de escarmiento a toda la academia mexicana. En el verano de 2021 lo intervino formalmente. El director fue obligado a renunciar y se nombró a un interino externo, quien luego fue impuesto definitivamente a través de un cuestionado proceso que llevó a la toma durante dos meses de las instalaciones por parte de los estudiantes inconformes. Siguieron cambios irregulares a la normatividad interna, así como la desarticulación de los cuerpos colegiados de gobierno.
Al mismo tiempo, en respuesta a una demanda interpuesta por la titular del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Fiscalía General de la República determinó ejercer acción penal contra 31 científicos mexicanos y ex administrativos del CONACYT por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Se trató de un flagrante abuso de poder que buscó amedrentar a la comunidad científica del país. En octubre de 2021 LASA se pronunció sobre el caso: “La Asociación de Estudios Latinoamericanos está profundamente preocupada por la amenaza a la libertad académica y los derechos humanos que resultan de las acusaciones infundadas del Fiscal General de la República de México contra 31 personas de la academia, con adscripción al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Los presuntos delitos ponen en riesgo la integridad física y la reputación de estas personas, creando un ambiente hostil para la investigación y minando la confianza en toda la academia mexicana […] Si las personas que desempeñan su trabajo en la academia tienen temor de que puedan ser acusadas de serios crímenes simplemente por cumplir con sus funciones legalmente estipuladas, entonces estará en peligro la libertad académica”.
No sería sino hasta mayo de 2024 que los tribunales desecharon finalmente todas las imputaciones a los procesados. Nadie pisó la cárcel; sin embargo, el objetivo del Gobierno, que era intimidar a la comunidad académica mexicana, se cumplió a cabalidad.
En mayo de 2023 la entonces directora general del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla Roces, acudió a la conferencia matutina en el Palacio Nacional y, frente al todavía presidente López Obrador, presentó una gráfica sobre una supuesta red usada para el “desvío” de recursos del CIDE. Ahí exhibió al menos a 25 personas, académicos de diversas instituciones y de organizaciones de la sociedad civil. Ante miles de seguidores del mensaje presidencial, aseguró: “no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también a favor de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos”.[2] Recientemente Víctor Hernández y mi colega María Inclán han explorado la amenaza que representa el populismo para la libertad académica, incluso en democracias, y han estudiado el caso del CIDE.[3]
Ciudadanos solicitaron a través del ahora suprimido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la información que fundaba esas graves acusaciones. Sin embargo, el 4 de octubre de ese año el Consejo dirigido por Álvarez-Buylla se vio obligado a declarar, en su Comité de Transparencia, la “inexistencia” de la información solicitada. Como relató la prensa en aquel momento, según el acta ese comité determinó “confirmar la inexistencia de alguna expresión documental que dé cuenta de algún expediente que contenga presuntas redes de intereses creados alrededor del CIDE, del presunto desvío de funciones y CPIs neoliberales, toda vez que dicha información no obra en los archivos de la Dirección General, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Coordinación de Comunicación”.[4] Se trató pues de un ataque político basado en calumnias. Ese fue el modus operandi del gobierno.
Los regímenes autoritarios a menudo reprimen a investigadores con diversas justificaciones y ahorcan a las universidades restringiendo su financiamiento. Más allá de los recortes presupuestales, existe una preocupación más profunda por limitar lo que se puede investigar. La censura ocurre cuando actores externos suprimen la investigación, publicación o difusión de hallazgos científicos considerados controversiales o indeseables. Puede incluir dificultar la presentación de trabajos en congresos internacionales, como ocurrió en LASA 2023.[5] Esa supresión puede tener diversos motivos y adoptar diferentes formas. Puede tomar como pretexto la construcción de una ciencia nacionalista y popular en oposición a una ciencia “neoliberal” y extranjerizante. Ese discurso a menudo también es una coartada ideológica para la mediocridad académica. La autocensura, por otro lado, se produce cuando los investigadores evitan ciertos temas o se abstienen de publicar resultados polémicos por temor a posibles reacciones negativas.[6] Las autocracias buscan controlar y limitar a la academia, poniéndola en una posición de dependencia política. En un sistema autocrático el conocimiento científico simplemente refuerza al Gobierno. Una de las características centrales de ese proceso es el borramiento de la distinción crítica entre Estado y Gobierno. Las universidades públicas del Estado mexicano son consideradas por el regímen como patrimonio privado. Deben servir no al Estado sino al Gobierno y a sus intereses políticos e ideológicos inmediatos. Esta política facciosa se disfraza con la retórica de la utilidad pública. Ahora las universidades publican en sus redes sociales felicitaciones a funcionarios. Es evidente que si las instituciones se conciben como estructuras anciliares a los Gobiernos, cuya misión consiste en “ayudarlos”, la libertad académica se encuentra en serio peligro. Todo aquello que no esté al servicio inmediato de la agenda gubernamental se considera, en el mejor de los casos, como inútil o mero diletantismo intelectual. Así se pergeña una supuesta ciencia de “vocación popular, orientada al bienestar colectivo”, legítima; y otra ilegítima, desvinculada y “aferrada a beneficios corporativos y a criterios autorreferenciales”. De esta forma se desnaturaliza la misión de la universidad pública de investigar y enseñar, al subordinarla a un proyecto político e ideológico; así, el autoritarismo amenaza tanto la producción como la difusión de conocimiento científico. La investigación desempeña un papel vital para identificar y criticar las políticas autoritarias y para aportar conocimiento sobre cómo fortalecer a las instituciones democráticas.
Aun en contextos de regresión autoritaria es posible resisitir. Cerca de la mitad de la facultad del CIDE permanece en la institución y se esfuerza día a día por cumplir sus funciones en un contexto de crecientes carencias económicas. A pesar de la intervención política, una mezcla de organización sindical, solidaridad estudiantil y compromiso individual ha logrado conservar espacios para la docencia y la investigación. No es sencillo. En noviembre de 2025 el director general del CIDE demandó civilmente a Catherine Andrews, investigadora de la División de Historia, por daño moral por atreverse a llevar a la Comisión de ética una acusación de plagio, que había sido documentada públicamente. El acto constituye una forma de amedrentamiento. Recuerda el patrón de persecución judicial de Álvarez Buylla ya descrito. Con un agravante. Es necesario recordar que, como parte del proceso de autocratización en marcha en México, el partido en el poder despidió en 2025 a la mitad de los jueces para reemplazarlos por magistrados electos en comicios impugnados por su falta de limpieza. Los jueces ya no serán profesionales e independientes. La respuesta a la demanda fue una ola de solidaridad por parte de diversos sectores: una carta de protesta firmada por más de mil personas, pronunciamientos públicos por parte de organizaciones no gubernamentales y de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología (Fenasscyt). Profesionales del derecho se acercaron para contribuir a la defensa. Se tejen de esta forma redes de solidaridad. Poco después, y como resultado de la presión, las autoridades obligaron al director general a desistirse de la demanda contra la investigadora, sin embargo, lo mantuvieron en el cargo. Las condiciones adversas de toda índole continúan. Con todo, la protesta ante los embates contra la libertad académica es una prueba de que muchos aún creen en la misión científica y cultural de las instituciones públicas del Estado mexicano.
El 26 de enero de 2026 la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez de la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación destituyó al Director General del CIDE y nombró a una directora interina, aunque el director se negó a acatar la resolución.