La libertad académica y la autonomía universitaria son esenciales para la construcción y preservación de una democracia robusta y respetuosa de los derechos humanos y para lograr un desarrollo económico y social sostenible e incluyente. Las razones son claras: la libertad académica promueve el pensamiento crítico, que es necesario para preservar el pluralismo, para que existan debates democráticos informados y para que la ciudadanía pueda controlar mejor los eventuales abusos de los poderes. Igualmente, esa libertad es indispensable para promover investigaciones de punta que beneficien la innovación y el desarrollo. Y esto parece ser aún más importante en el mundo contemporáneo, que ha sido caracterizado como una sociedad del conocimiento y de la innovación.
Ahora bien, para que esa imprescindible libertad académica florezca es igualmente necesario proteger la autonomía de las universidades por cuanto, como bien lo enfatiza la “Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior” de la UNESCO de 1997, el “ejercicio auténtico de la libertad académica” requiere “la autonomía de las instituciones de enseñanza superior”, la cual “consiste en el grado de autogobierno necesario para que las instituciones de enseñanza superior adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades académicas, normas, actividades administrativas y afines”. Por eso la “autonomía es la forma institucional de la libertad académica” y los Estados tienen la obligación de protegerla frente a las amenazas que puedan enfrentar.[1]
Debido a la importancia de estas dos libertades (la de los académicos individuales y la libertad y autogobierno colectivos de las universidades) es que es grave que ambas estén en riesgo en América Latina, como consecuencia de presiones y amenazas de distinta índole. Este artículo presenta entonces algunos de los principales ataques a esas libertades en la región y reflexiona sobre posibles alternativas para enfrentar esos peligros.
Amenazas y peligros
Las amenazas a estas libertades son diversas y tienen expresiones diferenciadas según los distintos países. Para simplificar, y sin pretensión de ser exhaustivo, podríamos clasificarlas en cuatro.
Primero, encontramos el desconocimiento burdo por parte de gobiernos autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, de la autonomía universitaria. Un ejemplo desde la izquierda es el caso del régimen dictatorial de Nicaragua de Daniel Ortega, que en 2023 usó un Poder Judicial sometido para confiscar y cerrar la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA) dirigida por los jesuitas, con la excusa de que era un centro terrorista,[2] pero la motivación fue claramente represiva: la UCA era uno de los pocos espacios críticos internos que aún quedaban frente a esa dictadura. Un ejemplo proveniente de la derecha fueron las tentativas del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil por intervenir en nombramientos de autoridades universitarias o censurar investigaciones en ciertos campos, como género o medioambiente, a través de reducciones de fondos, con el argumento de que había que combatir el “marxismo cultural” de las instituciones de educación superior.[3] Un movimiento semejante a las restricciones de fondos de Donald Trump en los Estados Unidos a las universidades que no aceptaran abandonar ciertas investigaciones o lenguajes, por ejemplo, en temas de diversidad y género,[4] lo cual muestra que los ataques a la libertad académica y a la autonomía universitaria no son exclusivos del Sur global, ya que también están ocurriendo en democracias que parecían consolidadas en el Norte global.
Segundo, encontramos los atropellos a la libertad académica de los profesores considerados individualmente. En ocasiones se trata de amenazas internas por cuanto provienen de las propias instituciones universitarias, que han limitado la posibilidad de que los académicos se expresen sobre ciertos temas. Algunos ejemplos ocurren en los regímenes autoritarios, como el despido de la universidad en Cuba de la antropóloga Jenny Pantoja Torres por sus ideas políticas.[5] Pero esas violaciones a la libertad académica por las directivas universitarias también ocurren en democracias, como lo han mostrado varias sentencias de la Corte Constitucional colombiana, como la SU-667 de 1998, la T-060 de 2002 y la T-309 de 2018, en las que ese tribunal amparó el derecho a la libertad de expresión de profesores despedidos en universidades privadas como retaliación a sus opiniones críticas.
En otros casos las amenazas son externas: las violencias ejercidas en contra de ciertos académicos por grupos armados, a veces por motivaciones políticas y en otras ocasiones, y de forma creciente, por el crimen organizado. Estos ataques han sido particularmente serios en México, Colombia y algunos países centroamericanos, en los cuales muchos académicos que trabajan temas sensibles, como la corrupción, la violencia en los territorios o el propio crimen organizado, han sufrido amenazas o atentados. Aunque no logré encontrar evaluaciones sistemáticas cuantitativas de la intensidad de esas violencias y autocensuras en la región en los últimos años, la evidencia cualitativa es clara. Por ejemplo, el informe de 2023 de Scholars at Risk (SAR), que es tal vez la principal red global que documenta violaciones a la libertad académica, señaló casos de violencia contra académicos e instituciones universitarias en México y Colombia, incluyendo el asesinato de dos investigadores ambientalistas en Tlalmanalco de Velázquez, en México.[6]
Al lado de esas dos amenazas (interferencias por gobiernos autoritarios y amenazas por actores armados), que son las más evidentes y denunciadas, creo que la libertad académica y la autonomía universitaria se han visto también afectadas por dos dinámicas económicas y culturales, que son más sutiles y no suelen ser mencionadas al abordar las amenazas a estas libertades, pero que son igualmente preocupantes.
De un lado, y es el tercer factor de erosión de esas libertades, en las últimas décadas, y como consecuencia de la globalización y de la adopción de políticas neoliberales, ha habido un debilitamiento de los fondos, en especial de los públicos, que anteriormente permitían que las comunidades académicas definieran con cierta autonomía sus prioridades investigativas. El resultado: un fuerte componente de la investigación universitaria hoy depende de financiamientos condicionados. Pueden ser fondos públicos, pero para la realización de consultorías sobre proyectos específicos que interesan a los gobiernos y no sobre los temas y áreas que la comunidad académica considera que ameritan ser estudiados. En otros casos, las universidades y centros de investigación dependen del apoyo de corporaciones económicas privadas, como las grandes empresas farmacéuticas o las industrias extractivas, que obviamente tienen intereses económicos específicos no solo en ciertas áreas sino incluso en los resultados de determinadas investigaciones.[7] Estas evoluciones tienen entonces un impacto negativo importante sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Lo menos grave: en muchos casos los temas investigativos ya no son decididos por las comunidades académicas sino por los financiadores; las más graves: en ocasiones, las metodologías e incluso los resultados de las investigaciones resultan fuertemente condicionados por estos financiadores externos.
De otro lado, y este es el cuarto factor de erosión de estas libertades —que está bastante ligado al anterior—, en estas décadas también se han puesto en marcha sistemas de indexación de las revistas académicas y de rankings de las universidades. En principio, estos desarrollos no solo parecen inocentes sino también necesarios, ya que parece indispensable que existan criterios que permitan valorar la calidad de una publicación académica y la fortaleza de las diversas instituciones universitarias. Sin embargo, el problema es que los principales rankings globales no son neutros y terminan condicionando decisiones investigativas en las universidades. Estos rankings otorgan preferencia a revistas indexadas en ciertas bases de datos bibliográficas, como Web of Science o Scopus, las cuales se han convertido referentes de la calidad e impacto académico de un artículo, a través de la cuantificación de las citaciones del texto en otros artículos indexados. Por lo anterior, en América Latina, Web of Science y Scopus han tendido a desplazar a otros sistemas de indexación que se habían desarrollado a nivel regional, como SciELO, Latindex o Redalyc, por cuanto varios Estados latinoamericanos han adoptado oficialmente esas métricas internacionales del Norte global. Por ejemplo, en Colombia, Publindex, que es el método de clasificación de revistas científicas adoptado por el Ministerio de Ciencias, se basa fuertemente en Scopus y Web of Science.[8] El problema es que Scopus y Web of Science son desarrollados por empresas privadas del Norte global; así, Scopus es propiedad de la editorial Elsevier, una poderosa empresa holandesa, con altos márgenes de ganancia, mientras que la Web of Science pertenece a Clarivate, una poderosa empresa angloamericana. Estas empresas, y otras semejantes, han creado un verdadero oligopolio de publicaciones académicas en la era digital por la concentración de artículos académicos en sus revistas: en este siglo, las cinco mayores editoriales académicas concentran un 50% o más de los artículos publicados, mientras que antes de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los journals más prestigiosos eran dirigidos por sociedades científicas sin ánimo de lucro.[9] Estas empresas obviamente tienen intereses comerciales y privilegian la búsqueda de lucro, lo cual es legítimo en una economía de mercado, pero termina teniendo efectos negativos sobre la libertad académica y la investigación en América Latina. La razón: los académicos y las universidades tienden cada vez más a ser medidos por su lugar en estos rankings, lo cual genera un incentivo a buscar publicar en las revistas indexadas en estas bases de datos, las cuales son en inglés y suelen implicar la entrega gratuita por el autor de la propiedad intelectual a la revista por el solo hecho de ser publicado. Posteriormente, estas revistas suelen cobrar sumas considerables de dinero por la suscripción y el acceso a esos artículos. Todo esto desestimula la publicación en otros idiomas, como español o portugués. Además, como los salarios de los académicos dependen a veces de lograr ser publicados en revistas altamente rankeadas en estas bases de datos (por ejemplo, en Scopus Q1), las agendas de investigación latinoamericanas terminan afectadas en una doble forma: i) se favorecen los temas globales, que tienen mayor posibilidad de ser aceptados en esas revistas, sobre el estudio de problemas locales, a pesar de que los segundos puedan ser mucho más relevantes en América Latina, con lo cual se confirma el dilema acuñado por algunos autores: “Publica globalmente pero perece localmente, o publica localmente pero perece globalmente”;[10] y ii) los académicos prefieren publicar varios artículos puntuales, sobre temas poco importantes, en vez de abordar una investigación estratégica de largo aliento. Debido a lo anterior, muchas agendas investigativas no son expresión de decisiones de las comunidades académicas, sino que están fuertemente condicionadas por los incentivos que generan esos indicadores. A su vez, la cesión de los derechos patrimoniales por los autores, como condición para ser publicados en esas revistas indexadas, termina restringiendo el libre acceso a esos artículos por aquellos que no pueden pagar las suscripciones, que es el caso de muchos investigadores de América Latina.
1. Resistencias y alternativas
La libertad académica y la autonomía universitaria en América Latina enfrentan una situación compleja y difícil: a los tradicionales ataques a estas libertades por gobiernos autoritarios y actores violentos, o por desconocimiento de la libertad individual de los académicos por las propias autoridades universitarias, se suman en estas décadas los impactos a veces negativos de transformaciones económicas y culturales más globales. Los factores que están erosionando estas libertades provienen entonces de diferentes dinámicas, por lo cual es normal que sean variadas las formas de resistencia y de búsqueda de alternativas frente a estas amenazas. Sin pretensión de exhaustividad, estas resistencias y búsqueda de alternativas se han expresado esencialmente en dos formas diversas: una resistencia defensiva y unos esfuerzos de innovación.
La primera y la más obvia forma de resistencia a las agresiones ha sido entonces la defensa de las universidades y de los académicos frente a las amenazas de los gobiernos autoritarios y de los actores armados. E igualmente la defensa de los académicos individualmente considerados frente a violaciones de su libertad académica por las autoridades universitarias.
Esta defensa ha tomado diversas formas: la documentación y condena a esas agresiones, como lo hace SAR con sus informes periódicos sobre la situación de la libertad académica a nivel global y con su análisis de casos nacionales particulares, como el del declive de la universidad en Venezuela.[11] Por su lado, las personas afectadas han presentado denuncias ante instancias judiciales en aquellos países en que eso es posible por existir una independencia judicial robusta, como lo ilustran las ya citadas tutelas decididas por la Corte Constitucional colombiana frente a violaciones a la libertad académica. En otros casos, los afectados o los grupos interesados han recurrido a instancias internacionales de derechos humanos, cuando no existen mecanismos judiciales internos de protección eficaces.
Estas medidas de resistencia defensiva frente a las amenazas más clásicas a estas libertades deben mantenerse e incluso robustecerse, puesto que los ataques por gobierno autoritarios o por actores violentos no solo persisten, sino que se han incrementado en los últimos años. Es necesario pensar incluso en mecanismos complementarios de defensa frente a esos peligros, como la creación de redes de solidaridad con las universidades atacadas o con los investigadores amenazados, a fin de que los académicos en riesgo puedan obtener protección en otros países, aunque sea temporal, mientras las amenazas desaparecen. Igualmente es necesario robustecer la carrera docente, incluso en las universidades privadas, para que los académicos no puedan ser despedidos por las directivas en represalia al ejercicio de su libertad académica y de expresión.
Estas medidas de resistencia defensiva son entonces cruciales y necesarias. Sin embargo son insuficientes pues no permiten enfrentar los otros dos riesgos a estas libertades que he documentado: i) los provenientes de los condicionamientos impuestos por el financiamiento externo y ii) los incentivos problemáticos que generan los rankings de universidades, las formas de indexación de las revistas académicas y los abusos de la propiedad intelectual por las editoriales privadas. Estos otros riesgos requieren otro tipo de resistencias, que podríamos llamar innovadoras, por cuanto implican la puesta en marcha de procesos que aún se encuentran en estructuración. Por límites de espacio me limito a destacar dos.
De un lado, y sin negar que es necesario que existan mecanismos e indicadores para evaluar la calidad de las universidades y de las publicaciones, varios estudiosos latinoamericanos han desarrollados esfuerzos por generar nuevos sistemas de medición que se adapten mejor al contexto latinoamericano y superen entonces los sesgos de las métricas derivadas de Scopus o Web of Science. Algunos han propuesto entonces que en América Latina deberíamos adoptar otras propuestas de evaluación académica, como las asociadas a la llamada “Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación” (DORA, por sus siglas en inglés) de 2012, que es una declaración suscrita por miles de académicos[12] y que propone ciertos principios que enfatizan que la evaluación cualitativa, experta y tomando en cuenta los contextos y finalidades de la investigación no puede ser desplazada por métricas a partir de citaciones en bases de datos como Scopus o Web of Science. Por ejemplo, en agosto de 2022, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) decidió adherir a DORA.[13]
De otro lado, y directamente ligado a lo anterior, en América Latina se ha desarrollado en forma muy robusta un movimiento a favor de la llamada “ciencia abierta”, que permita la libre circulación de las publicaciones académicas, a fin de combatir las restricciones derivadas del abuso de la propiedad intelectual por ciertas editoriales. Esto a su vez fortalece las redes de bases de datos latinoamericanas, que son de acceso libre, como SciELO, Latindex o Redalyc.[14] América Latina se ha convertido así en la “región del mundo que ha logrado el mayor porcentaje de sus publicaciones científicas en acceso abierto” y además lo ha logrado “gestionando todo el proceso desde la misma comunidad científica y académica, con fondos públicos, en formatos colaborativos, sin tercerización comercial, que promueven la participación, la bibliodiversidad y el multilingüismo”.[15]
Como vemos, la libertad académica y la autonomía universitaria enfrentan amenazas graves y complejas en la región, pero América Latina no solo resiste sino que innova creativamente.