La libertad académica está ligada al desarrollo de un presente de pensamiento crítico fructífero, tanto individual como colectivo, que refleje la sanidad democrática de los centros escolares, pero también de la sociedad que los acoge. Al mismo tiempo, la libertad académica y de expresión, en sentido general, ayuda a fraguar un futuro alejado de polarizaciones y fanatismo, así como a la construcción de una memoria no sesgada ni directamente mutilada.
Sin embargo, cuando estamos en un contexto autoritario, o peor aún, totalitario, la libertad académica se convierte en un obstáculo que conviene suprimir o, al menos, domesticar. Es un proceso que no ocurre de repente y, a veces, tampoco con un ritmo creciente de forma invariable. Ningún poder, por muy omnímodo que sea, puede desarticular de un plumazo toda agencia humana; siempre hay resistencia, y entra a jugar un papel muy importante el componente de la individualidad y la dignidad personal. Sin embargo, también es cierto que algunos poderes se acercan bastante a esa invasión total de la vida cívica y del pensamiento libre; y este proceso alcanza su mayor efectividad cuando no solo destruye, sino que reescribe, cuando no solo reprime, sino que además instrumentaliza espacios e intenciones genuinas para legitimarse y dominar a través de ellas.
En sentido general, podríamos catalogarla como una estrategia de perversión, incluso más que de supresión, al menos en las primeras fases, y siempre dependiendo de las reacciones que la dominación encuentre a su paso. Cuando no quede remedio, un poder totalitario no tendrá el más mínimo reparo en sacarnos del camino, el daño colateral de un sistema que necesita y “tiene derecho a defenderse”.[1] Lo verdaderamente grave es que, además del perjuicio personal que suponen estas arremetidas del poder, van construyendo una ficción por encima de la realidad, camuflada con ella, secuestrándola, una ficción de la que, después de un tiempo, es muy difícil deshacerse.
Lo dramático es que en Cuba la ficción tiene más de seis décadas. Lo irónico es que, durante muchos años, y todavía en algunos lugares, esa misma ficción sigue suplantando a la realidad bajo el nombre de “la revolución”.
En Cuba, la libertad académica y de expresión está profundamente limitada por la subordinación total del sistema educativo al Estado y al Partido Comunista. Las universidades carecen de autonomía y funcionan bajo vigilancia ideológica: profesores, investigadores y estudiantes pueden ser sancionados, expulsados o interrogados por la Seguridad del Estado por expresar opiniones críticas, participar en debates plurales o vincularse con iniciativas independientes. El Observatorio de Libertad Académica (OLA), fundado en 2020 y con cinco años de trabajo ininterrumpido, ha documentado 134 casos de violaciones a la libertad académica en todos los niveles de la educación, desde la primaria hasta la educación superior.
Estas violaciones incluyen desde actos de discriminación política en centros académicos hasta represalias por razones de género u orientación sexual, así como restricciones legales más amplias, como la Ley 162/2023 de Comunicación Social, que refuerza el control estatal sobre la investigación y la difusión del conocimiento. La persecución académica no se limita a lo ocurrido en los campus: muchos especialistas, investigadores y docentes enfrentan presiones que los obligan al exilio, mientras que otros han sufrido explotación laboral en misiones educativas en el extranjero.
OLA registra estos casos con un equipo de investigadores dentro y fuera de la Isla, y sus informes han sido citados por organismos internacionales, incluidos procedimientos de la ONU a los que el Gobierno cubano ha debido responder. La organización forma parte de redes como la Coalición por la Libertad Académica en las Américas y Scholars at Risk, y ha logrado visibilizar casos de académicos cubanos, entre ellos el de Ariel Ruiz Urquiola, inscritos recientemente en sistemas de protección que acogen a académicos en riesgo. Su trabajo también ha revelado prácticas estructurales, como el uso de textos escolares con fines de adoctrinamiento político y la exportación de profesionales en condiciones de trabajo que rozan la esclavitud.[2]
Los principales desafíos a la libertad académica y de expresión en Cuba provienen de un ecosistema educativo capturado por el Estado, en el que la vigilancia, el castigo político, la censura, la falta de autonomía institucional y el riesgo de criminalización convierten la actividad intelectual en una práctica vulnerable. Aun así, la sociedad civil cubana ha logrado consolidar iniciativas como OLA y otros observatorios, creados de manera independiente y en red, con el objetivo de insertarse en la producción de pensamiento de cada una de las áreas sociales y actuar en ellas según los estándares internacionales, tanto los académicos como los referidos a la defensa de los derechos humanos.[3]
El Observatorio de Derechos Culturales (ODC), por ejemplo, al que también pertenezco, está enfocado en el universo cultural, que ha sido uno de los más utilizados en la propaganda del castrismo, e intenta promover un concepto de cultura que no criminalice el arte ni a los artistas independientes, ni intente regular los procesos de creación mediante coyundas ideológicas. Todos estos observatorios buscan abrir espacios de pensamiento y de memoria plural como formas de transición hacia una vida académica libre y democrática; su propósito trasciende el sistema político imperante en Cuba.
Desde el ODC hemos celebrado el poder comunicativo de la creación, capaz de narrar realidades complejas por vías alternativas al texto escrito. También ha sido determinante, en el enfoque de la cultura que tenemos, el poder aglutinante de la creación, capaz de unir sectores sociales o sentires aparentemente remotos. El poder totalitario es centralizado, pero, a la vez, actúa como un dispositivo disgregador de otras experiencias de colectividad, por lo que el arte disidente viene a reunir las partes, a crear lazos y nuevas formas de sociabilidad. Es por eso que nuestra Campaña de Artistas Presos, en el ODC, busca no solo visibilizar la situación vulnerable de estos creadores presos políticos, sino también colocarlos en el lugar que merecen como agentes de cambio de una sociedad oprimida que puja por romper la opresión. Y lo hacemos a través de la compilación de lo que están escribiendo y dibujando dentro de las prisiones. En ese sentido, quiero argumentar brevemente dos ideas que me parecen esenciales para la salvaguarda tanto de la libertad académica en particular como de la libertad de expresión en general.
La primera idea tiene que ver aún con el poder del arte como una vía poderosa de transmitir un mensaje haciéndolo atractivo sin convertirlo en panfleto, lo que garantiza su democratización desde el lenguaje o la forma en que ha sido construido, una asignatura pendiente de muchos de los productos académicos. Llegar a un público más amplio, que desborde con creces las burbujas profesionales en las que nos movemos, también contribuye a generar nuevas alianzas y a la restauración de un tejido social especialmente fracturado. Además, contribuye a imaginar nuevas formas políticas e híbridas que van armándose a partir de esas mismas alianzas.
Contaré brevemente una experiencia sobre cómo, a través del arte, se puede canalizar una movilización de apoyo a un artista y activista y, a la vez, interpretar esa misma movilización desde el prisma de la restauración social. A mediados del 2020, la Seguridad del Estado cubana filtró, a través de los mensajes de celulares de miles de personas, fotos y videos íntimos del artista, hoy preso político, Luis Manuel Otero Alcántara. Semejante acción de invasión tecnológica buscaba provocar un rechazo hacia el artista mencionado. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.
Hubo una ola de indignación por la violación de su derecho que llevó a las personas a publicar en sus redes personales fotos de desnudos artísticos como muestra de solidaridad. La desnudez colectiva nos resguardó frente al intento de estigmatización por parte de la policía política. Luego, la revista de periodismo narrativo El Estornudo recopiló una parte importante de ese material y lo combinó con las pocas y precarias fotos de los presos políticos que teníamos en ese momento, un número entre cuatro y cinco veces menor al que tenemos ahora. El dossier titulado Cuerpos políticos, presos desnudos constituyó una manera sintética y aguda de reunir dos partes de un país que a menudo no se rozan: los artistas y los presos.
El ejercicio que significó ese dossier, que, a mi juicio, es un ensayo sobre qué es Cuba ahora mismo y cómo podemos construir espacios de libertad y empatía en medio del totalitarismo, me conduce a la idea con la que cierro esta reflexión. La mejor manera de enfrentarse a regímenes autoritarios es desbordar el molde que ellos construyen a nuestra medida en la ficción totalitaria. En otras palabras: dejar de comportarnos únicamente como víctimas y ser capaces de construir desde la vulnerabilidad. Y construir puede ser lo mismo defender, hasta que sea posible, la libertad de pensamiento y el debate en un aula, que generar espacios de creación independientes, que hacer una huelga de hambre para sostener desde tu cuerpo la legitimidad de un derecho no reconocido. No hay libertad académica ni libertad de expresión sin agencia.