En Nicaragua todo cambió el 18 de abril de 2018.
La protesta nacional que estalló sin aviso, demandando el fin de la dictadura, y la respuesta brutal de la represión estatal y la persecución política fueron un parteaguas en la historia nacional.
La atropellada relación que durante una década mantuvo el régimen de Daniel Ortega con la prensa independiente también cambió para siempre. Con la imposición del Estado policial que eliminó todas las libertades, vino el encarcelamiento de decenas de periodistas, la confiscación de Confidencial, 100% Noticias y La Prensa, el cierre de más de cincuenta medios de comunicación, y la criminalización de las libertades de prensa y de expresión, provocando el exilio de más de ciento ochenta periodistas.
Periodismo bajo una década de dictadura
Durante la primera década de la dictadura familiar Ortega Murillo, entre 2007 y 2017, el régimen impuso una política de acoso e intimidación para intentar silenciar a la prensa independiente. Mucho antes de la aparición de Donald Trump, en los Estados Unidos, y de Jair Bolsonaro, en Brasil, Daniel Ortega calificó a la prensa como “el enemigo” y descalificó a los periodistas como “hijos de Goebbels”.
El acoso continuó con la estrategia de “información incontaminada” de la primera dama Rosario Murillo, que impuso el bloqueo del acceso a la información pública a los medios, el monopolio de la publicidad estatal para castigar a la prensa independiente y financiar el nuevo emporio de medios privados de la familia gobernante, la penalización a la crítica y la libertad de opinión, y el espionaje de la Inteligencia Política del Ejército, que intentó reclutar a periodistas, el webmaster, y trabajadores administrativos de Confidencial.
Los periodistas asumimos esas flagrantes violaciones a la libertad de prensa como “gajes del oficio” ante una dictadura que controlaba todos poderes del Estado, mientras el caudillismo de Ortega gozaba de apoyo popular gracias a sus políticas asistencialistas, y consolidaba su poder en una alianza con los grandes empresarios privados que les dio a ambas partes legitimidad y oportunidades de negocios, a costa de democracia y transparencia. En esos años grises, de mucha soledad en nuestra redacción, investigamos y denunciamos la corrupción, los fraudes electorales, la reelección inconstitucional, las violaciones a los derechos humanos, el desvío millonario de los petrodólares de Venezuela a las arcas privadas de la familia Ortega Murillo, el “cuento chino” del canal interoceánico que hipotecó la soberanía nacional, y la depredación ambiental en la reserva protegida de Bosawas. Confidencial aportaba las pruebas de la corrupción pública, pero no podía provocar ningún cambio o reformas en las políticas públicas, bajo un poder centralizado que anuló totalmente el Estado de derecho, hasta que el “modelo” colapsó con la rebelión de abril de 2018.
La rebelión de abril de 2018 y el ataque a la prensa
Con el estallido de la insurrección cívica el 18 de abril de 2018 el régimen perdió el control de las calles y los espacios públicos, y por primera vez enfrentó el desafío de una formidable oposición que puso en jaque el poder. Durante cien días, a través de marchas masivas en las calles; barricadas y tranques en los barrios, carreteras y universidades; huelgas empresariales, y un Diálogo Nacional, el movimiento autoconvocado presionó por una salida cívica a la crisis nacional, demandando la convocatoria a nuevas elecciones. La dictadura, en cambio, respondió con la represión policial y paramilitar y el encarcelamiento masivo de los participantes en las protestas, colocando a los medios y a los periodistas como blanco en la primera línea de sus ataques.
Cuando el régimen vio su poder amenazado por la rebelión cívica, lo que había sido una relación de mínima tolerancia ante la existencia de la prensa crítica, se convirtió en una guerra sin cuartel para aniquilar a la prensa independiente. En abril de 2018, se ejecutó el asesinato del periodista Angel Gahona, en Bluefields, cuando transmitía en vivo una protesta; el asalto paramilitar contra Radio Darío, en León; la censura televisiva a los canales independientes; una ola de agresiones físicas y amenazas contra los reporteros, y comenzó también el bloqueo aduanero de las importaciones de papel e insumos, en contra de los periódicos.
En la madrugada del 14 de diciembre de 2018, la Policía Nacional asaltó, sin una orden judicial, la redacción de Confidencial, saqueó todos nuestros equipos, computadoras y cámaras de televisión, y se robó nuestra documentación institucional y personal. Un día después, presentamos un reclamo en las oficinas centrales de la Policía Nacional, de donde fuimos expulsados a golpes por las tropas antimotines, y en la Fiscalía recibieron con displicencia una denuncia por robo contra la Policía que jamás sería tramitada, igual que los recursos de amparo que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia.
Todavía aferrado al compromiso de seguir reporteando en Nicaragua, me tomó más de 72 horas aceptar que estaba ante la disyuntiva de ir a la cárcel y convertirme en un periodista silenciado, o salir al exilio y seguir siendo un periodista libre para darles voz a las víctimas de la persecución política. Fue una decisión agónica, que logré tomar gracias al coraje y el respaldo de mi esposa y mis hijos, y de un día para otro empacamos una mochila y, con el apoyo de una red anónima de colaboradores, mi esposa y yo logramos salir de Managua, evadiendo los retenes policiales implantados en las carreteras, hasta cruzar la frontera de Costa Rica por puntos ciegos.
El primer exilio en Costa Rica: periodismo en emergencia
Durante la emergencia de mi primer exilio en San José, me acogió la extraordinaria solidaridad de Telenoticias, Canal 7, que me permitió seguir dirigiendo Confidencial de forma remota y producir Esta Semana y Esta Noche desde los estudios de Teletica. Al imponerse en Nicaragua la censura contra Canal 12, convocamos a la audiencia televisiva a migrar al canal de YouTube de Confidencial que hoy, seis años después, tiene más de 535.000 suscriptores.
Desde el exilio en Costa Rica, fundé una nueva Asociación sin fines de lucro, para relanzar un medio que fue ilegalizado y criminalizado por la dictadura, y seguí reporteando con los ojos y oídos puestos en Nicaragua, con la única prioridad de retornar al país apenas se restablecieran las libertades mínimas que me permitieran hacer periodismo sin ser encarcelado.
Como resultado del segundo Diálogo Nacional, celebrado entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, entre febrero y abril de 2019, el régimen se comprometió a liberar a todos los presos políticos y a restablecer los derechos constitucionales. Unos meses después de la liberación de los presos, un pequeño grupo de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, decidimos asumir el riesgo de regresar a Nicaragua. El 25 de noviembre de 2019, reinicié en Managua el reclamo por la devolución de la redacción de Confidencial, que seguía ocupada por la policía, y mientras tanto instalamos una nueva redacción en un edificio comercial, donde se reagrupó todo el equipo de Confidencial, hasta que en marzo de 2020 la pandemia de la covid-19 nos obligó a replegarnos en nuestros hogares.
Reporteando en Nicaragua bajo pandemia y Estado policial
La pandemia de la covid-19 nos enseñó a trabajar de forma remota y a poner a prueba las mejores prácticas del periodismo para vencer el triple cerco del Estado policial, la censura y el negacionismo oficial de la crisis sanitaria. Según el Ministerio de Salud, en Nicaragua solamente murieron 179 personas a causa de la covid-19, lo cual habría sido una proeza mundial, pero sobre la base de la observación de los entierros exprés, los testimonios de los familiares de las víctimas y de los médicos independientes en los hospitales, y las proyecciones de los salubristas basadas en el subregistro de la información oficial, Confidencial estimó que Nicaragua tuvo uno de los índices más altos de sobremortalidad en el mundo.
Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó el tridente de leyes represivas: la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros, y la Ley de Soberanía (que tipifica el delito de traición a la patria), que se aplicarían a posteriori para justificar la condena de los presos políticos en las cárceles.
En diciembre de 2020, la dictadura oficializó la confiscación ilegal de Confidencial, declarando el inmueble propiedad del Ministerio de Salud (Minsa), y en un burdo intento por lavar el crimen contra la libertad de prensa la ministra del Minsa para mujeres embarazadas en nuestra redacción, que finalmente quedaría abandonada. El 20 de mayo de 2021, la Policía asaltó por segunda vez la nueva redacción de Confidencial, otra vez se robó todos nuestros equipos, documentos de trabajo, legales y financieros, y mantuvo por 10 horas en la cárcel de El Chipote a nuestro productor audiovisual Leonel Gutiérrez (q.e.p.d.).
En las siguientes tres semanas se desató una redada policial que culminó con la captura de los siete precandidatos presidenciales de la oposición y más de cuarenta líderes políticos y cívicos, incluyendo a estudiantes universitarios, campesinos, empresarios, activistas políticos, periodistas, y defensores de derechos humanos. El objetivo era ilegalizar a la oposición y eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre, en las que según todas las encuestas Daniel Ortega habría perdido contra cualquiera de los candidatos de la oposición, para imponer por la fuerza su reelección.
El 13 de junio de 2021, la Cancillería del régimen me acusó, sin pruebas, de recibir varios millones de dólares de USAID a través de La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para financiar un “acto de traición y sedición” contra el Estado. Y aunque Confidencial nunca había recibido una donación de dicha fundación, cuyo apoyo financiero a otros medios de comunicación tampoco representaba un ilícito, era evidente que, sin haber sido entrevistado por la Fiscalía, ya me habían condenado de antemano por un supuesto crimen.
Nuevamente, ante una inminente detención ilegal, el 15 de junio de 2021 salí con mi esposa por segunda vez al exilio hacia Costa Rica, por una nueva ruta de puntos ciegos en la zona fronteriza. Dos meses más tarde, la Fiscalía emitió una orden de captura en mi contra y me acusó formalmente por “lavado de dinero”, en la misma causa en la que estaban procesando a otros seis presos políticos.
En agosto de 2021, cuando las cárceles de la dictadura se llenaban de presos políticos y se cerraba de forma de definitiva la posibilidad de un cambio, al anularse las elecciones del 7 de noviembre, finalmente, entendí que mi segundo exilio había dejado de ser una emergencia temporal para convertirse en una situación permanente. Mientras otros compañeros de mi redacción también se veían obligados a exiliarse para evitar el acoso de la Fiscalía y las amenazas de detención, esta vez, mi prioridad ya no sería el retorno inmediato a Nicaragua, en donde iría directamente a la cárcel, sino proteger a mi redacción dispersa entre Nicaragua, Costa Rica, los Estados Unidos y otros países, y trabajar para lograr la sostenibilidad del medio al largo plazo, para seguir haciendo periodismo desde el exilio y derrotar la censura de la dictadura.
El segundo exilio: vencer la censura en Nicaragua
El 7 de noviembre de 2021, el dictador Daniel Ortega se autoproclamó ganador en su tercera reelección consecutiva, sin competencia política, por segunda vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, consolidando una dictadura familiar dinástica. El régimen profundizó un proceso de radicalización totalitaria con la persecución religiosa contra la Iglesia católica; la eliminación de todos los espacios de la sociedad civil, cancelando más de 5500 asociaciones y organizaciones no gubernamentales, incluyendo universidades privadas y asociaciones empresariales; lanzando una campaña de represión transnacional contra los exiliados, que incluyó la desnacionalización de más de 450 ciudadanos, entre ellos una veintena de periodistas, confiscando nuestros bienes; el destierro de facto de miles de ciudadanos, expulsados de forma arbitraria, o impedidos de ingresar al país; y la ejecución de operativos de terrorismo de Estado contra refugiados nicaragüenses en Costa Rica.
Entre 2022 y 2024, se incrementaron las detenciones arbitrarias y el acoso contra los periodistas independientes en Nicaragua, que fueron sometidos bajo un régimen de arresto domiciliario de facto, hasta el punto de que prácticamente todos los reporteros que permanecían en el país tuvieron que salir al exilio para evitar la cárcel o el silencio.
Bajo una dictadura totalitaria, el periodismo en el exilio representa la última reserva de todas las libertades en un país en el que han sido cancelados todos los derechos, y también han sido criminalizadas las fuentes independientes de información. El primer desafío de los periodistas que estamos obligados a reportear desde el exterior es evitar la “burbuja del exilio”, para seguir contando la historia de la represión y la resistencia, y también relatar la vida cotidiana de un país bajo dictadura, que el régimen pretende “normalizar”. En consecuencia, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros periodistas, y la seguridad de nuestras fuentes y colaboradores, a través de canales seguros de comunicación. El periodismo en el exilio, por lo tanto, debe promover la innovación en la relación con nuestras audiencias, cuya confianza y credibilidad en nuestro trabajo es la única defensa con que contamos.
Con una audiencia mayoritariamente concentrada en Nicaragua (50%), los Estados Unidos (18%) y Costa Rica y Centroamérica (12%), además de decenas de otros países, el periodismo de Confidencial y de una decena de medios nicragüenses digitales en el exilio está derrotando la censura de la dictadura. Las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad —los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, las torturas en la cárcel, la persecución política, las desnacionalizaciones, destierros y confiscaciones— están sembrando una semilla de verdad en los procesos internacionales de justicia en que están siendo señalados 54 altos funcionarios del régimen y el Estado nicaragüense.
Confidencial ha investigado las coimas y la extorsión contra los ciudadanos y el sector privado empresarial; el enriquecimiento de la red de empresas privadas de la familia Ortega Murillo y sus testaferros, a costa del Estado; el negocio de la promoción de migrantes ilegales extracontinentales a los Estados Unidos; el espionaje ruso con la complicidad del Ejército de Nicaragua; y el “tapón” de los 24 generales que bloquean los ascensos en la carrera militar, poniendo en evidencia la corrupción pública generalizada en que se sostiene el aparato represivo del régimen.
Por último, y no menos importante, las revelaciones sobre las purgas internas de altos oficiales del régimen, civiles y militares, provocadas por la sucesión dinástica en curso de la codictadora Rosario Murillo, representan “el plato del día” de una audiencia ávida de información confiable para escapar de la desinformación y la propaganda oficial, que incluye a los mismos servidores públicos, que son rehenes de una dictadura familiar en proceso de descomposición.
Confidencial también enfrenta el desafío de lograr la sostenibilidad económica del periodismo, bajo una condición de exilio permanente, cuando nuestros anunciantes tradicionales han sido criminalizados, los gigantes tecnológicos imponen sus reglas con una ventaja descomunal, y las agencias de cooperación cancelan sus programas o disminuyen sus donaciones, según sus nuevas prioridades. Igual que en Rusia, Irán, Afganistán y Myammar, en Nicaragua, Cuba, Venezuela y El Salvador es imperativo un cambio en el paradigma de las agencias de cooperación internacional, para apoyar la viabilidad del periodismo en el exilio.
Más temprano que tarde, después de este exilio prolongado, al periodismo independiente también le tocará contar la historia de la caída de una dictadura y cómo empieza la tarea monumental de la reconstrucción de Nicaragua.