Pendularidad y antecedentes
Desde la década de 1990, con el auge del neoliberalismo en la Argentina, se instaló una dinámica pendular en la relación entre el Estado y el sistema científico y universitario. Gobiernos de orientación neoliberal (Carlos Menem), de centroderecha (Mauricio Macri) y, más recientemente, de ultraderecha (Javier Milei) han promovido distintas formas de desfinanciamiento y deslegitimación de las universidades públicas y del Conicet.[1]
Durante la presidencia de Menem (1989-1999), asistimos a un primer intento de subordinación de la educación superior y de la ciencia a las lógicas de mercado, bajo una retórica eficientista que priorizaba la vinculación con el sector productivo y el impacto económico del conocimiento. No obstante, la política universitaria y científica fue ambivalente: el fuerte ajuste en el Conicet coincidió con la creación de nuevos organismos y programas de fomento a la investigación. La legislación habilitó a las universidades públicas a vender servicios y a arancelar los posgrados, y se produjo una expansión sin precedentes del sistema educativo privado, pero también se crearon nuevas universidades públicas gratuitas en zonas de menor desarrollo relativo. Con Macri (2015-2019), se implementaron congelamientos salariales, subejecución presupuestaria y freno a la expansión del sistema. Ambos antecedentes configuraron un vaivén: gobiernos progresistas reforzaban la inversión y el prestigio del sistema, mientras que gobiernos de derecha imponían políticas de ajuste. Sin embargo, lo que se observa con Milei desde 2023 excede esa lógica pendular, lo que ha llevado a caracterizar la situación como un cientificidio.
Milei y la ofensiva inédita contra la ciencia
El gobierno de Javier Milei representa un salto cualitativo en la ofensiva contra los sistemas universitario y científico argentino. El blanco ya no es solo el presupuesto, sino la legitimidad misma de la producción científica en instituciones públicas. Desde el inicio de su gestión, Milei calificó a las universidades como “cuevas de adoctrinamiento” y al Conicet como un “nido de parásitos del Estado”: durante su campaña electoral, había propuesto incluso cerrarlo. Estas expresiones condensan un imaginario que busca desacreditar no solo el uso de fondos públicos, sino también la utilidad y autonomía del conocimiento producido, dirigido en especial a las ciencias sociales y humanas, con particular encono contra los estudios críticos sobre el ambiente, el cambio climático y el antropoceno, el género, las diversidades y la cultura popular. También ha sido blanco de ataques la historia, en especial las investigaciones que cuestionan el relato libertario sobre el rol de la colonización en el proceso civilizatorio, o sobre la última dictadura militar (1976-1982). El ataque discursivo se amplificó en redes sociales a través del enorme “ejército de trolls” y de publicistas e influencers financiados por el Gobierno. Así las cosas, se fue instalando la idea de que la ciencia argentina es costosa e irrelevante, y está capturada por intereses políticos de izquierda. Sabemos que esto es parte de un ataque de la ultraderecha global a la ciencia, que en el caso argentino se agrava porque casi toda la investigación se hace en instituciones públicas. En efecto, en la avanzada anti Estado del gobierno de Milei la ciencia es otro gasto público que debe suprimirse y ser regulado por el mercado
Ahora bien, lejos de ser solo una diatriba y amenaza, los recortes de presupuestos, la no implementación de los ya aprobados, la enorme pérdida salarial y el congelamiento de nuevos puestos, en muchos casos ya concursados, llevaron a un consenso de que el gobierno está cometiendo un “cientificidio”[2], término que se emplea para describir la destrucción parcial o total de un sistema científico y tecnológico a través de una combinación de políticas que producen un deterioro persistente y estructural. A diferencia de los recortes coyunturales, el cientificidio se evidencia en una serie de indicadores convergentes: caída real del presupuesto, congelamiento o reducción de becas y salarios, suspensión de convocatorias, pérdida de investigadores y técnicos, fuga de talentos al exterior, debilitamiento institucional y deslegitimación pública de la ciencia. En la Argentina, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, estos indicadores exhiben un deterioro sin precedentes. La función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional registró en julio de 2024 una ejecución 51,6% inferior a la del mismo período del año anterior, lo que llevó la inversión efectiva al 0,21% del PBI, muy por debajo del 0,39% previsto por ley para ese año. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025 se destruyeron más de cuatro mil puestos en el sistema científico, incluidos más de mil en el Conicet, que además dejó en suspenso la incorporación de más de cientos de investigadores que obtuvieron sus puestos por concurso, y se redujeron drásticamente las becas. Los salarios reales de investigadores y becarios acumulan una pérdida cercana al 40% desde noviembre de 2023. A fines de 2025, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) canceló todos los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de las convocatorias 2022 y 2023.[3] En este marco, puede sostenerse que la Argentina se encuentra en un camino claro hacia un cientificidio, con el riesgo de una pérdida irreparable de capacidades científicas construidas durante décadas.
En este contexto también cabe preguntarse si hay restricciones a la libertad académica. Depende de cómo se la entienda y con qué se la compare. El backlash en términos de género u otros asuntos culturales no es el principal eje del núcleo duro de apoyo al Gobierno, pero sí de influencers y adláteres de la guerra cultural. Sin embargo, a diferencia de MAGA (Make America Great Again) en los Estados Unidos, la base social que comparte esa agenda y esas luchas es mucho más acotada. No obstante, el ahogo económico del que hablamos afecta severamente las condiciones materiales necesarias para el ejercicio pleno de la libertad académica. Por otra parte, los ataques contra investigadores críticos, perpetrados generalmente a través de redes sociales y a menudo replicados por altos funcionarios del Gobierno y medios de comunicación afines, así como los mecanismos implementados para denunciar supuestos “adoctrinamientos” en las aulas universitarias, constituyen amenazas mucho más directas a la libertad académica. En algún sentido, se trata de un proceso mundial y de más larga data, pero que cobró una mayor virulencia con Javier Milei.
Resistencia al cientificidio
El ataque de Milei generó una reacción social sin precedentes en el campo universitario y científico. La Marcha Federal Universitaria de abril de 2024 reunió a más de un millón de personas en todo el país, convirtiéndose en la mayor movilización en defensa de la universidad pública desde el regreso de la democracia. Estudiantes, docentes, investigadores y amplios sectores de la sociedad expresaron que la universidad gratuita y la ciencia pública forman parte de la identidad colectiva argentina.
La respuesta al backlash no fue solo defensiva, sino que reinstaló en la agenda pública la centralidad de la ciencia y la universidad en el desarrollo nacional. Diversas asociaciones científicas internacionales manifestaron preocupación por el desmantelamiento del sistema argentino, considerado uno de los más sólidos de América Latina. La ofensiva del Gobierno, entonces, produjo una paradoja: al intentar erosionar la legitimidad de la ciencia, terminó reforzando su prestigio social en amplios sectores. Entre los muchos ejemplos de respaldo social a la ciencia se destaca la viralización de las transmisiones en vivo de la expedición del Conicet al cañón submarino de Mar del Plata: millones de personas siguieron día a día el avance de la investigación y se asombraron frente a los nuevos descubrimientos, que ocuparon la primera plana de los diarios y se convirtieron en tema central de las interacciones presenciales y en las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo, admiración y orgullo. Sin embargo, la capacidad de resistencia tiene límites materiales: laboratorios sin financiamiento, becarios sin estipendio suficiente para subsistir y jóvenes emigrando al exterior marcan un escenario de daño estructural.
El caso Milei obliga a pensar la relación entre ciencia y democracia en la Argentina. La retórica libertaria convierte a la universidad y la investigación en enemigos internos, acusados de adoctrinar, gastar recursos sin rédito inmediato y sostener ideologías contrarias al Gobierno.
En este marco, la defensa de la ciencia se vuelve también una defensa de la democracia. La universidad pública argentina ha sido históricamente un espacio de movilidad social, crítico y plural. Atacarla supone debilitar un pilar de la vida democrática. Además, el desmantelamiento del sistema científico contradice las propias necesidades estratégicas del país: desde la producción agrícola hasta el desarrollo satelital, pasando por la salud pública y la transición energética, todas requieren capacidades científicas locales que no pueden ser sustituidas por el mercado o por importaciones. Paradójicamente, entre los organismos más afectados se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la empresa estatal de soluciones satelitales (ARSAT). El cientificidio en marcha muestra que la legitimidad de la ciencia y la universidad no depende solo de sus actores internos, sino de un entramado social más amplio que las reconoce como bienes colectivos. No obstante, el daño acumulado puede ser profundo y persistente, marcando una regresión histórica de difícil recuperación.
La ciencia argentina está desplegando día a día una cantidad de estrategias, alianzas, y formas de visibilización de su contribución a la sociedad. Con protestas de todo tipo, clases públicas, declaraciones institucionales, interpelación legislativa, intervenciones en redes sociales y en medios de comunicación, ferias de ciencias en plazas y parques a lo largo y ancho del país, podemos afirmar que la ciencia hoy está en las calles. Al mismo tiempo se ensayan alianzas con otros grupos particularmente atacados por Milei, como el personal médico del hospital pediátrico Garrahan, uno de los pocos hospitales que depende de la Nación porque es el punto de convergencia para tratar a niños con patologías complejas. A esto se suma una fuerte solidaridad entre instituciones y científicos de diferentes disciplinas, que se ha articulado, en particular, para la defensa colectiva de las ciencias sociales y humanas, las más atacadas por el gobierno libertario. Por ejemplo, instituciones como la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), destacadas voces de las ciencias “duras” y la comunidad científica en pleno reaccionaron frente a la exclusión de los proyectos de ciencias sociales, ya evaluados y aprobados, del financiamiento de redes de alto impacto, y se pronunciaron públicamente contra los intentos de censura de artículos de ciencias sociales en repositorios institucionales y de limitar el financiamiento de las ciencias sociales y humanas en general. Otra dimensión de la resistencia, mucho más silenciosa, se relaciona con el trabajo cotidiano de la altamente calificada burocracia intermedia que trabaja en los organismos estatales de educación, ciencia y tecnología. A lo largo de estos años, hemos sido testigos de su fuerte compromiso y de su labor constante para mantener en pie el sistema científico nacional y minimizar los efectos de las actuales políticas regresivas.
Reflexiones finales
El Gobierno de Milei inaugura una fase inédita en la relación entre Estado, universidad y ciencia en la Argentina. No se trata ya de un ciclo de ajuste, ni de una apelación a la rentabilidad inmediata de la investigación, sino de un embate ideológico que busca minar las bases mismas de la legitimidad de la ciencia pública. Su intento no es únicamente reducirla o desfinanciarla, sino desmantelarla como institución social, degradar su lugar en la vida democrática y, en particular, en el caso de las ciencias sociales y humanas, propiciar su virtual eliminación como campo de producción autónoma de conocimiento. Esta ofensiva no plantea un reemplazo por otros actores o modelos, sino la negación del papel público del conocimiento mismo, concebido como gasto superfluo, amenaza ideológica o privilegio injustificado.
Frente a ello, la resistencia social ha mostrado una potencia inesperada, pero enfrenta la fragilidad material del sistema. La pregunta de fondo es si la Argentina logrará sostener su tradición de universidad gratuita y ciencia pública como parte constitutiva de su democracia, o si la ofensiva libertaria dejará cicatrices irreversibles. El resultado es, a todas luces, incierto, pero el daño ya está hecho.