Desde el 2017 el país atraviesa un período que se caracteriza por una alta inestabilidad política y el avance de una coalición conservadora y corrupta en los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que se manifiesta en el cambio sucesivo de presidentes (siete en ocho años). Este es un período que destaca porque las amenazas de censura y contra la libertad de expresión, los derechos humanos y el enfoque de género no quedaron solo en eso, sino que comenzaron a hacerse cada vez más palpables. En el Perú se han censurado textos escolares, obras de teatro (Milton, Ulfe y Bernedo 2014), propuestas museográficas (Ulfe y Sastre Díaz 2022) y obras de arte (Ulfe 2020), y se ha amenazado a organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de derechos humanos y a la prensa independiente. Hasta la fecha de este artículo, en el 2025, fueron asesinados tres periodistas.[1] La Asociación Nacional de Periodistas continuamente reporta sobre las amenazas y amedrentamientos que reciben hombres y mujeres de prensa. Recientemente, en un colegio privado limeño se censuraron veintiún libros de texto escolares por contener temas de identidad de género, sexualidad y violencia, a los que se calificó de “riesgosos”.[2]
Puede afirmarse que, en el Perú, la libertad académica y de expresión, el derecho a la memoria y a la identidad de género están bajo amenaza. Si bien este contexto adverso no es nuevo, los ataques se han intensificado y tienen, por un lado, expresión en las leyes aprobadas por el Legislativo, que refuerzan este camino de violencia y agudizan la polarización política y, por otro, en el terreno simbólico y de expresión, el monopolio del control de medios y el “terruqueo” —es decir, la calificación de “terrorista” para ciudadanos que protestan o que cuestionan al gobierno o al Congreso de diversas formas—. Pasaré brevemente a explicar este paquete normativo para dar paso a la discusión sobre el terruqueo. En el camino espero poder brindar algunas reflexiones sobre prácticas de resistencia colectiva.
El paquete normativo del silencio, el negacionismo y la censura
La última sesión de diciembre de 2025 del pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada contra la Ley 32107 que dispone la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Esta ley, promulgada en 2024, limita la aplicación en el Perú de los preceptos del Estatuto de Roma y de la Convención sobre Imprescriptibilidad, firmados en julio de 2002 y noviembre de 2003, respectivamente. Mediante esta ley se determinó que los tipos penales correspondientes no fueran aplicables a crímenes cometidos antes de las firmas de aquellos instrumentos. Por lo tanto, no podrían caracterizarse como crímenes de lesa humanidad, lo que abría el camino a su prescripción si consideramos que el período del conflicto y autoritarismo en el Perú sucedió entre los años 1980 y 2000, es decir, antes del 2002 cuando entraron en vigor. A esta medida se suma la Ley 32419, promulgada por Dina Boluarte en agosto de 2025, que otorga amnistía incondicional a miembros de las fuerzas armadas, policía y miembros de los comités de autodefensa por delitos que incluyen violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 1980 y 2000.
Es importante subrayar que el Congreso de la República del Perú aprobó en marzo de 2025 la modificación de la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) (Ley 27692). Esta norma modifica el marco normativo de la APCI para controlar a las ONG que reciben financiamiento internacional y establece sanciones por una diversidad de causas. La medida afecta sobre todo a organizaciones que trabajan temas de derechos humanos, justicia climática e indígena y de género. Por ejemplo, la ley prohíbe que una ONG participe, usando fondos de cooperación extranjera, en causas judiciales contra el Estado peruano: es decir, cierra la puerta a la posibilidad de defensa legal de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios organismos internacionales han llamado la atención acerca de esta ley, ya que contraviene convenios internacionales firmados por el Estado peruano, sobre todo en materia de derechos humanos.
En este paquete está también la Ley 32468 que modifica el Decreto Ley 635, del Código Penal de 1991, para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales, así como para establecer un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena por dicho delito. Esta ley es contraproducente con el ejercicio del periodismo de investigación serio y atenta contra la libertad de expresión.
Por último, seis días antes de que se conmemorase el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Congreso de la República del Perú promulgó una ley que sustituye el uso del enfoque de género en la legislación de políticas públicas y el sistema judicial por una de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta normativa promueve que en el currículo escolar nacional se abandone la educación sexual integral y se adopte, en su lugar, una educación sexual presuntamente “con base científica, biológica y ética”.
La censura en el caso peruano tiene grupos de actores bastante identificables que trabajan de forma articulada desde el Legislativo; se trata de congresistas que provienen de Iglesias y forman parte de cuadros políticos de partidos conservadores. Estos promueven principalmente leyes contra el enfoque de género, la salud sexual reproductiva y los derechos de diversidades. Además, hay congresistas que tuvieron un papel importante durante el período del conflicto armado interno (1980-2000), exmiembros de las Fuerzas Armadas, también vinculados con los grupos de poder, que promueven las referidas leyes de amnistía y negacionismo —en muchos casos, es también evitar ser juzgados por crímenes que cometieron durante este periodo—. Estos grupos de actores se vinculan con partidos políticos y grupos de poder que actualmente conforman la coalición que ha sostenido como presidentes a Dina Boluarte (2022-2025) y ahora a José Jerí. No se trata solo de un programa político que busca reescribir la historia peruana reciente, sino que esta coalición está llevando al país a un abismo en contra de los derechos humanos, los derechos de minorías y la equidad de género y la libertad de expresión.
El poder de lo simbólico y la violencia: el terruqueo
El paquete de leyes tiene un arma simbólica que es el terruqueo. El gran historiador de la primera revolución en el continente americano, Michel-Rolph Trouillot (1995), decía que silenciar es un proceso activo, un mecanismo de poder capaz de minimizar realidades que resultan incómodas o amenazantes. El lenguaje es capaz de construir mundos y sentidos, y es también la herramienta más feroz para acallarlos. Perú ingresa al siglo XXI con un gobierno de transición después de un período de violencia y autoritarismo (1980-1990) y de la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Desde su creación y concepción, el trabajo de la CVR estuvo rodeado de obstáculos y disputas en sí. Una de estas pulsiones constantes es el uso del sentido de los términos, como el nombre mismo “conflicto armado interno”.[3]
Las disputas comienzan por cómo se denomina el período y hay diferencias sustanciales entre el uso de términos en los ámbitos académicos o jurídicos, y las formas distintas que familias y comunidades que padecieron el conflicto usan para este período. Theidon (2004), por ejemplo, recoge la expresión “se mataron entre prójimos” para describir que esta fue una guerra cruenta vivida entre familiares y personas que se conocían entre sí en las comunidades. Otra forma de concebir el período ha sido “manchay tiempo” o “tiempo del miedo”. En Ayacucho, el lugar que más padeció las consecuencias del conflicto, los términos que se empleaban con más frecuencia eran "el problema social" o "la coyuntura política", como una táctica verbal para simular no estar tomando partido por ningún bando. Lo que se nota es que la experiencia es distinta del sentido del nombre.
El término “conflicto armado interno” pasó con el tiempo a convertirse en una denominación en constante disputa. Y hoy en día se puede decir que una persona será ubicada en algún punto de la gradiente política según el término que emplee: “conflicto armado interno”, en ambientes académicos o vinculados con la defensa de los derechos humanos, o “terrorismo” en otros ámbitos, que pueden ser el del lenguaje cotidiano o el de sectores politizados orientados al conservadurismo. Se podría argumentar, en sentido estricto, que el término "conflicto armado interno" es una denominación técnico-jurídica que no debería ser contenciosa. Pero, aquí hay un entrecruzamiento: las otras denominaciones aluden a la experiencia social y no son “enemigas” o “contrapuestas” con el término “conflicto armado interno” en sí mismo. “Conflicto armado interno” se vuelve un término en disputa en la medida en que, para cierto público, se opone a “terrorismo” y lo excluye. Esto dibuja un panorama de polarización excluyente. Hay, entonces, quienes omiten las memorias de otros, para negar o silenciar de forma violenta.
Por ejemplo, en el 2002 una abogada peruana sustentó su tesis con honores, en una reputada casa de estudios del país, sobre el sistema de derecho penal y la situación de los derechos humanos, y en 2006 publicó un texto basado en esa investigación. En el 2009, una aspirante a fiscal defendió su tesis doctoral. Años más tarde, esta fiscal se vería inmersa en una serie de denuncias que llevarían a que la Junta Nacional de Justicia pidiera su dimisión al cargo. Su trabajo de tesis de doctoral fue noticia porque resultaba un collage de textos plagiados de otros;[4] casi treinta páginas de la tesis de la abogada aparecían en la tesis de la fiscal. Como la cuerda se corta por el lado más débil, la abogada, que cumplía funciones en el Estado, fue destituida de su cargo bajo el argumento de que usa en su investigación el vocablo “conflicto armado interno”. La exfiscal, sin embargo, como es parte de la coalición que ha copado el poder, no ve su nombre mellado por hacer uso del término. Un medio de comunicación difundió la tesis de la abogada y entrevistó al ministro del Interior, quien cuestionó acaloradamente el uso del término “conflicto armado interno” en vez de “terrorismo” para describir el período.[5] Lo paradójico del caso es que no se observa el uso del mismo término en la tesis plagiada por la exfiscal.
Terruquear es la práctica y continuación de la política del miedo que describiera Burt (2011) sobre el uso de medios de comunicación, amedrentamiento y violencia que utilizó el fujimorismo para aferrarse al poder. Aquí la verdad deja de ser relevante, la discusión y el diálogo dejan de ser importantes, para ceder paso a esta manera de desaparición del vínculo en la experiencia humana. No importa si algo es cierto o no, si la noticia es falsa o si la verdad a la que se apelaba en el Informe de la CVR es distorsionada, sino las ventajas que obtiene el poder al cerrar el espacio comunicativo y de deliberación. Si el lenguaje crea realidades en las personas, terruquear es excluir al sujeto de esos mundos posibles, expulsarlo. El terruqueo es el arma de la palabra, que es al mismo tiempo un mecanismo lleno de violencia. Esta funciona como censura y autocensura. ¿En qué sentido? Si bien el monopolio de la prensa peruana es anterior a este período —desde el 2013 se consolidó el grupo El Comercio con el 80% del mercado de diarios—, puede decirse que este mainstream es afín con el discurso de poder establecido clausurando espacios a cualquier opinión contraria.
A manera de cierre
En enero de 2023, LASA se unió a un grupo de organizaciones para expresar su fuerte rechazo[6] a la detención arbitraria de estudiantes que habían venido de provincias a Lima a protestar y a quienes compañeros y compañeras de esa casa de estudios habían alojado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las protestas desde diciembre de 2022 se han sucedido unas tras otras y, frente a ellas, una respuesta constante del oficialismo es denunciar a quienes asisten, llamándolos violentistas y acusándolos de sembrar el terror como lo hizo en su momento Sendero Luminoso. El historiador Carlos Aguirre (2011) llamó la atención sobre las connotaciones raciales del uso del término terruco. Se trata de ese racismo descrito en el Informe final de la CVR, cuando se revisan las estadísticas que exponen quiénes fueron los muertos y desaparecidos. También es el racismo letal que describe Amnistía Internacional[7] para dar cuenta del ejercicio de violencia estatal en las protestas del 2022 y 2023. El entrecruzamiento de ese ejercicio de violencia estructural y normativo que corroe a toda la sociedad peruana y al Estado con este ejercicio de violencia llamado terruqueo se manifiesta en la explosión múltiple que se vive en el país. En los últimos años se ha dado un salto del uso de terruco como insulto racial al ejercicio de violencia que suspende al sujeto de todo diálogo posible y lo excluye del sistema social. Y esta práctica de estigmatización incluye a creaciones literarias y producciones cinematográficas[8] y artísticas, así como e investigaciones académicas.
Al mismo tiempo que se desarrolla este proceso de anulación o censura, hay en la práctica institucional cotidiana un cierre del espacio informacional/comunicativo, por la alineación de los medios de comunicación con ese discurso de poder: ya sea en el plano más general (ecos del terruqueo), ya sea en el plano coyuntural de hacerse eco del discurso del gobierno y el Congreso en ciertos temas centrales, como son la criminalización de la protesta, la inamovilidad del modelo económico y el negacionismo de crímenes de Estado, entre otros.
¿Qué estrategias contribuyen a persistir, a pesar de los desafíos encontrados? En el campo jurídico hay jueces que no aplican las leyes estipuladas, pero que ahora con el mandato del Tribunal Constitucional pueden verse en aprietos legales. Se tienen también a los medios alternativos y digitales que ofrecen información relevante y, en algunos casos, distinta de la oficial, y que son importantes aliados de la calle. La resistencia toma las calles de muchas ciudades, incluyendo Lima. Esta tiene hoy el rostro de mujeres andinas que caminaron por meses y una generación joven (Z) que se organiza, y si bien la protesta ha sido duramente reprimida y cuenta con muchos muertos en su haber desde diciembre de 2022, esta no cesa. En la última gran movilización que hubo, el 15 de octubre de 2025, asesinaron a un joven músico de hip hop, Trvco, en Lima. Su padre, que había sido militar y se había enfrentado a Sendero Luminoso, fue terruqueado por buscar justicia por la muerte de su hijo. Los memoriales para Trvco comenzaron a sucederse uno tras otro, y también su borraduras. Pero estas nunca son totales, porque vuelven a pintarse. Resistir y crear para vivir.