El 6 de septiembre de 2024, de regreso de Colchane después de un trabajo de campo, en un bus con capacidad para una decena de personas, a unos 15 minutos de haber dejado esa localidad en la frontera de Chile con Bolivia y en dirección a Iquique, nos detuvo un camión militar. En cuanto el chofer detuvo la máquina, se abrió la puerta del vehículo y se asomó un soldado con un fusil en mano que nos indicó, con poca amabilidad, que todos debíamos descender portando solo nuestros documentos de identificación. Al bajar nos ubicaron en distintas filas y comenzaron a revisar los documentos. A un costado había una pareja muy nerviosa con un niño de aproximadamente 7 años. Cuando llegó el turno de la joven pareja, el militar, identificándolos visualmente como extranjeros, les pidió la autodenuncia[1] que entrega la Policía de Investigaciones (pdi) en frontera, la que hasta hace poco era una suerte de salvoconducto para transitar por la zona sin temor a una reconducción.
Ambos le explicaron que habían ingresado sin documentos y que no habían podido realizar la autodenuncia en la línea fronteriza, que la misma policía les había indicado que podían hacerlo en Iquique, y que sería lo primero que harían una vez que llegaran a la ciudad, pero que, por favor, los dejara pasar. Fueron minutos en los que el militar tuvo en sus manos el proyecto migratorio completo de esta joven pareja. El ejercicio de poder de parte del soldado y la súplica de parte de la pareja venezolana muestra la asimetría que se instala en las relaciones sociales entre la población migrante latinoamericana, los Estados y las sociedades de acogida. El militar finalmente los dejó pasar, no sin antes dejarles en claro que ese no era su país y que debían hacer las cosas como se les indicaba. De regreso en el bus me contaron que venían en un grupo más grande, de unas diez personas, pero que el resto había decidido seguir al coyote por los bofedales[2] para no ser detectados por la policía, una ruta de más de 9 kilómetros y una altura cercana a los 4000 msnm. Tres años atrás, la ruta que hacían los coyotes era de solo 3 kilómetros, pero el despliegue militar en esa zona había obligado a trazar rutas más largas y más peligrosos generando lo que, a partir del caso México-Estados Unidos, se ha llamado funnel effect (Rubio-Goldsmith et al. 2006), un embudo que obliga a los migrantes sin documentos a atravesar las fronteras geopolíticas internacionales por rutas cada vez más peligrosas y mortíferas.
La mujer explicó que habían decidido ingresar por el Complejo Fronterizo y no por las trochas de los bofedales, pues su marido tenía un problema en la rodilla y su hijo era muy pequeño. Bajo su entendimiento, cruzar por allí, aun sin documentos, era una forma más regular de ingreso que la opción de los bofedales[3] (4).
Esta breve viñeta da cuenta de una serie de elementos que están a la base de la reconfiguración del espacio de frontera y del proceso de fronterización, inscriptos ambos en en el concepto de régimen de migraciones y fronteras (Domenech y Dias 2020) que refiere a un espacio de conflicto, negociación y contestación en donde se disputa la definición política de las fronteras y las migraciones. En este espacio participan múltiples actores cuyas prácticas, si bien están relacionadas entre sí, no necesariamente están organizadas a partir de una racionalidad central.
Revisaremos a continuación tres dimensiones de la reconfiguración de la frontera que, en conjunto, ayudan a comprender el actual lugar que ocupa la frontera en la construcción política de la migración en la sociedad contemporánea. Esta reconfiguración avanza sobre la base de un sistema de control diferenciado de la movilidad humana, el aumento de la violencia y los riesgos del cruce y la responsabilización del propio migrante por tales consecuencias.
1. De la franja fronteriza al espacio de frontera
Colchane es un pueblo fronterizo entre Chile y Bolivia fundado bajo la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990) en 1979. El Complejo Fronterizo asociado a este pueblo se creó para controlar la circulación de mercancías y personas entre ambos países. Desde sus inicios esta frontera se entendió como una franja que separa dos Estados, por donde tenían lugar al menos tres tipos de movilidades asociadas a lugares específicos de la línea divisoria. Estos lugares son el Complejo Fronterizo, donde se timbra la salida o ingreso del país y se controla el transporte legal de mercancías y donde se abrió durante la Pandemia el dispositivo de primera acogida para atender a personas en tránsito; el “paso ancestral” al costado del Complejo, por donde cruza la frontera, sin documentos de viaje, la población indígena aymara que mantiene lazos familiares y comunitarios entre Bolivia y Chile; y, finalmente, más allá del paso ancestral, una franja amplia de “pasos no habilitados” por donde cruzan o intentan cruzar personas inmigrantes no aymara, sin documentos.
Durante la pandemia por covid-19 esta frontera alcanzó alta notoriedad debido al aumento de ingresos irregulares, transformándose en un problema político mayor. El gobierno chileno —en dicha época de derecha, con Sebastián Piñera como presidente entre 2018 y 2022— planteó la premisa de un descontrol, de una frontera desbordada a raíz del ingreso irregular de personas migrantes, jugando con la imagen de un límite incapaz de cumplir la función de marcar los contornos de la soberanía nacional. Las respuestas —que comenzaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero que se extienden al gobierno de Gabriel Boric, de centro izquierda— buscaron dar una señal de poder soberano: el programa Frontera Segura (2019), el Plan Colchane (2021) y el de Infraestructura Crítica (2023 a la fecha) fueron la antesala de las modificaciones que introdujo la Ley 21655 (febrero de 2024) al marco normativo vigente dado por la Ley de Migraciones N.° 21325 (2021) y la Ley de Refugio N.° 20430 (2010). Las modificaciones que introdujo la Ley 21655 en 2024 apuntaron a aumentar las exigencias para solicitar refugio y establecer mecanismos para facilitar el proceso de reconducción inmediata.
Ahora bien, una de las modificaciones aprobadas transformó la noción de franja en un “espacio fronterizo” que incluye 10 km desde la línea de frontera hacia el interior del territorio nacional e incorpora al Estado Boliviano en las prácticas de control de la irregularidad. Esta ampliación de la acción de control más allá de la línea fronteriza se conoce como border externalization (Casas-Cortes et al. 2015) y, en el caso de Chile, fue posible gracias a dos medidas específicas: la modificación que introdujo la Ley 21655 al cambiar la redacción del artículo referido a la reconducción[4] y la firma de un protocolo entre Chile y Bolivia.
En consecuencia, el conjunto de estos planes, leyes, protocolos y una mayor dotación presupuestaria ha consolidado un enfoque de seguridad fronteriza que amplía la zona de control y refuerza el despliegue militar en el norte del país (Ramos y Tapia 2024).
2. Ingreso irregular: del humanitarismo a la criminalización
El incremento de personas cruzando a pie esta frontera dejó al descubierto las duras condiciones en las que se produce la migración. En 2021 el gobierno implementó un dispositivo de primera acogida en Colchane (al interior del Complejo Fronterizo) y un centro de tránsito en la ciudad de Iquique, donde además del control fronterizo se brindaba refugio por algunos días, alimentos y orientación migratoria (Díaz y Stefoni 2023).
Estas medidas se explican bajo la lógica de la “razón humanitaria” (Fassin 2016) dado que apelan a la fragilidad de ciertos sujetos (usualmente mujeres y niños), mientras son excluidos de las ayudas y apoyos, otros sujetos como es el caso de hombres solteros jóvenes. La lógica humanitarista funciona en la medida en que se convierte en una solución frente una crisis, lo que requiere a su vez definir los contornos y significados de dicha crisis. En Colchane la crisis se enmarcó en el desborde e ingreso masivo de migrantes mencionado más arriba. La razón humanitaria busca entregar algo de alivio a las personas dolientes, sin centrarse en la defensa de sus derechos y sin cuestionar el sistema que crea y reproduce el propio desborde, en este caso, el control securitario y militarizado que obliga a ingresar por pasos no habilitados (Basualdo 2021; Stang y Lara 2020).
La respuesta humanitaria no estuvo exenta de cuestionamientos. ¿Quién debía ser sujeto de ayuda? ¿Cuánto es el tiempo que una persona puede recibir asistencia humanitaria? ¿Cuál era el costo económico para el Estado? De ahí que el establecimiento de estos dispositivos fue cuestionado desde su origen, lo que explica, en parte, que lentamente comenzara a debilitarse. De a poco fueron disminuyendo los financiamientos para proyectos de intervención humanitaria y, finalmente, entre 2024 y 2025 las autoridades cerraron ambos dispositivos (en Colchane e Iquique). El ingreso de personas migrantes por pasos no habilitados, sin embargo, no se ha detenido. La diferencia es que hoy en día no solo no existe una respuesta humanitaria, sino que esas personas serán reconducidas directamente a Bolivia en cuanto sean identificadas. Con ello, el sujeto migrante deja se ser considerado un “doliente” y ocupa el lugar del “indeseable” (Agier 2015), elemento clave para su criminalización. Así, la gubernamentalidad de un cada vez más extenso espacio fronterizo pasó de ser securitaria-humanitaria para terminar siendo securitaria-militarizada.
3. Naturaleza como agente de control fronterizo
Cuando trabajé[5] como agente humanitaria en el dispositivo de primera acogida de Colchane en 2022 ), recibimos a familias completas en estado de shock, tanto físico como psicológico. Venían exhaustas de largas caminatas por el desierto altiplánico a casi 4000 msnm y con temperaturas que en la madrugada podían llegar a 15 grados bajo cero. Las cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) indicaban que solo un 30% de las personas llegaban a este dispositivo. Constatamos que si decidían “entregarse a las autoridades” era porque no sabían si podían llegan sanos y salvos a destino, en especial cuando se trataba de familias con niños. Muchos llegaban descalzos, con los pies rotos y empapados, porque se habían caído a los bofedales gélidos. Los que se atrevían a hablar nos contaban que los habían engañado o los habían abandonado “[…] a nosotros nos engañaron, nos dijeron que era una agencia de viajes, nos dieron un papelito por lo que habíamos pagado. Pensábamos que viajaríamos en bus, pero no, era un tráiler. Anduvo un rato (el tráiler) y nos dijeron ‘ya todos se bajan’, caminamos, y nos mojamos los pies. Luego nos metieron en un bus pequeño . Avanzamos un poco y nos pararon los militares. El chofer se bajó y corrió y nosotros nos quedamos allí apretados como en una lata de sardinas”. Es así como llegaron al dispositivo, que aún funcionaba en 2022.
A través de la prensa —y sin conteos oficiales— sabemos que son más de cuarenta los casos de muerte de migrantes entre 2016 y 2025. La única sistematización disponible es el “Informe Exploratorio: Muertes migrantes en la frontera chilena (1990-2022)” (InfoMigra 2022), en el que se señala que la principal nacionalidad de las víctimas es venezolana (39%), seguida de boliviana (17,1%), y un 11,9% que no se ha podido identificar. Las mujeres representan el 52,4% de las muertes, y los rangos etarios van desde lactantes (dos casos) hasta una persona de 83 años. La principal causa de muerte son las condiciones ambientales; esto es muertes por hipotermia, efectos de la altitud y caídas en los bofedales dado lo sinuoso del territorio. Estas muertes se distribuyen entre Colchane, Arica y San Pedro de Atacama. Es importante agregar que estas fronteras no eran espacios de muerte y/o desaparición de migrantes antes de la implementación de este régimen securitario y militarizado.
Desde el enfoque del régimen de fronteras y control migratorio se suele mencionar a los distintos agentes que participan en el control y en la movilidad: Estados, policías, fuerzas militares, dispositivos tecnológicos, organismos internacionales, organizaciones sociales, empresas de transporte, vecinos, entre otros (Kretsedemas y Brotherton 2018). Un agente menos analizado pero bastante considerado por los estudios sobre violencia en las fronteras (Albahari 2015; Squire 2016), en especial a partir de las “tragedias” del Mediterráneo en las últimas décadas y la muerte y desaparición de migrantes en la frontera de México con los Estados Unidos (Díaz 2020; Díaz y Fischer 2022), es el entorno por el que transitan los migrantes irregularizados y que adquiere un lugar crucial en la experiencia migratoria, como dimensión “naturalista” del control fronterizo, dado que muchas veces incide en las rutas adoptadas, parajes cada vez más alejados de los centros urbanos.
De León (2015) se refiere a la noción de terreno hostil (hostile terrain) en el caso de la frontera sur de los Estados Unidos, haciendo referencia a los riesgos asociados a las geografías de los territorios por los que transitan los migrantes. En esta línea, Schindel (2020) reflexiona sobre las maneras en que los entornos “naturales” adquieren agencia política siendo parte de los regímenes de fronteras. Desiertos, mares, montañas y selvas se constituyen en espacios de violencia política que pueden llegar a causar la muerte y desaparición de migrantes irregularizados, como en el desierto de Sonora, el mar Mediterráneo, el océano en Australia, la Selva del Darién y el altiplano entre Chile y Bolivia.
Schindel (2020) plantea que la desprotección que generan los Estados en estos espacios asume una comprensión hobbesiana del mundo natural, en cuanto espacio que queda fuera de la soberanía estatal, un espacio prepolítico, de barbarie, miedo y brutalidad. Quienes allí residen o transitan (el desplazado, el aspirante a refugio, el sin papeles) son abandonados por el Estado, que los deja expuestos a la nuda vida (Agamben 2006), a un caminar que se eterniza a partir de las políticas de expulsión y reconducción que una y otra vez los arrojan, en el caso de Colchane, a un desierto de altura gélido, sin importar lo que suceda con ellos y ellas. Los entornos naturales se transforman así en espacios de abandono, construcciones políticas que hacen parte del régimen de control fronterizo.
Palabras de cierre
La reconfiguración de la frontera de Colchane, en el extremo sur de las Américas, pasa por una redefinición del espacio y del sujeto migrante que la cruza —transformado en indeseable—, y por la incorporación de la naturaleza como un agente más dentro del control de la movilidad.
Señalamos al comienzo que esta reconfiguración avanza sobre la base de un sistema de control diferenciado de la movilidad humana, el consecuente incremento de la violencia y los riesgos del cruce, y el endoso de las consecuencias de los mayores riesgos al propio migrante.
Hablamos de control diferenciado porque no se trata de clausurar el ingreso de todo quien desee migrar al país, sino de establecer una inclusión diferencial de migrantes legalizados e ilegalizados, funcional a los requerimientos de la economía y el mercado laboral, ya que se deja entrar, con más o menos parsimonia, a personas que generan mano de obra barata, dócil, sin derechos y altamente desechable (De Genova 2015).
El control diferenciado exige incorporar una serie de dispositivos que permitan identificar, seleccionar y separar a quienes se expulsará respecto de quienes podrán ingresar, atribuyendo la responsabilidad de las heridas, la angustia, el dolor y las muertes a la decisión individual de quienes asumieron correr el riesgo de migrar.
Planteamos, sin embargo, que la omisión del Estado puede ser considerada acción política, cuando las consecuencias —la muerte, la desaparición y mortificación, en otros muchos casos— de las decisiones políticas en materia de fronteras y migración son conocidas de antemano, y evitables.