Introducción
Para entender este momento de Argentina bajo un Gobierno “anarco- capitalista” es necesario analizar lo que sucede como en un laboratorio social, económico y político y estructurar una secuencia: haber atravesado en poco más de dos décadas una crisis imponente de la legitimidad de las políticas neoliberales (crisis de 2001) gracias a dinámicas de levantamiento popular, más de una década de experiencias gubernamentales progresistas (2003-2015), dos triunfos electorales de la derecha y la ultraderecha, res- pectivamente, con partidos nuevos y, en medio, haber alojado un movimiento feminista radical y de masas (2015-2023). Me refiero a un movimiento feminista que desde 2015 ha logrado convocar a manifestaciones multi- tudinarias, popularizar discusiones vinculadas al trabajo (pago y no pago) y a la educación sexual integral, pasando por la vivienda y las violencias racistas e institucionales, construir coordinaciones que incluyen sindicatos, organizaciones de la economía popular, movimiento estudiantil, colectivos indígenas y asambleas ambientales, enlazarse con genealogías históricas del movimiento de derechos humanos y de las luchas de la disidencia sexual y haber logrado la sanción de la ley por la despenalización del aborto en plena pandemia (Ley 27.610, de diciembre de 2020).
Propongo un análisis que busque entender esta secuencia bajo una metodología: la de la invención política que genera luego lógicas de cap- tura, de metabolización inesperada, pero también señalar un énfasis sobre las dinámicas de radicalización que tensionan las mismas nociones de es- tabilidad y asimilación de las transformaciones desde abajo. Esta secuencia es imprescindible para entender el presente escenario. Y, en particular, me interesa enfocar en las subjetividades políticas que sostienen tales procesos, como una forma de entender la trama que los hace posible.
En un estudio que acabamos de terminar, y en el que analizamos los efectos del endeudamiento de trabajadoras de economía popular en pande- mia y sus efectos a largo plazo y los cambios en el endeudamiento a partir del cambio de Gobierno a fines de 2023 en Argentina (Gago et al., 2024)[1], surgió un elemento que quiero subrayar para iniciar.
Si en el origen de las preguntas de nuestra investigación la pandemia funcionaba como un momento bisagra o de umbral, se puede afirmar que con la gestión del Gobierno de ultraderecha de Javier Milei estamos en un peor momento bisagra, de mayor intensificación de violencias económicas y financieras, que en la pandemia sí se tomaron como índices, por ejemplo: i) la caída del poder adquisitivo y de la actividad económica[2]; ii) el desempleo[3] y iii) la mayor precariedad en el acceso a la vivienda[4].
Traigo esta noción de umbral para ponerla en conexión con aquello que señalamos en el informe colectivo que hicimos desde el Grupo de Trabajo CLACSO titulado “Economías populares en la pandemia. Cartografía pro- visoria en tiempos de aislamiento y crisis global”, donde afirmamos que las economías populares estaban entonces:
funcionando como las principales superficies de inscripción de la crisis y, a la vez, como los espacios de respuesta a sus efectos más devastadores. Son acto- res de primer orden en la interlocución con las políticas gubernamentales y, al mismo tiempo, construyen infraestructuras autogestivas. Protagonizan los espacios urbanos y rurales que se hacen cargo de la alimentación y, a la vez, son las más afectadas por el bloqueo de la movilidad y la militarización. Son las primeras que han visto reducirse sus ingresos y, en simultáneo, las más dinámicas en la provisión de soluciones comunitarias (Azzati et al., s/f).
¿Cómo se reescribe este diagnóstico en Argentina tomando en cuenta este primer año de Gobierno de Javier Milei con un proyecto de empobre- cimiento generalizado?
La victoria de la ultraderecha
El Gobierno de Milei llegó al poder con una crisis económica que crecía al ritmo del 200% de inflación anual. Es decir que, a la secuencia de la pandemia, le sigue en nuestro país una crisis inflacionaria que desemboca en el triunfo electoral de la ultraderecha.
Claramente, el Gobierno de Milei expresa una mutación autoritaria del neoliberalismo que, sin embargo, en nuestra región no es novedad ni pura desviación. Para que el carácter “mutante” del neoliberalismo (Callison y Manfredi, 2020) no sea una lectura totalizante (entendida en relación a su capacidad de absorber todo lo que se le opone), es preciso conceptualizarlo como una respuesta a determinados ciclos de lucha; de allí la escala variable de su violencia y los modos de recomposición. Para esto es necesario reponer la dimensión de la ambivalencia y el antagonismo con que al neoliberalismo se lo enfrenta, se lo padece, se lo apropia y se lo arruina en las últimas décadas.
Lo que llamé “neoliberalismo desde abajo” (Gago, 2014) fue un concepto acuñado para explicar cómo el neoliberalismo se enraíza en las subjetividades que para progresar se ven obligadas a batallar en condiciones críticas, de despojo de infraestructura pública y, además, hacerlo sin capi- tal. Me interesó, en un momento en que en nuestra región se discutían los horizontes “posneoliberales”, profundizar en las dinámicas subjetivas neoliberales que se desplegaban en contextos muy distintos a los imagina- dos por el filósofo francés Michel Foucault. Sin embargo, usé a Foucault casi contra sí mismo: para pensar los rasgos de la explotación del trabajo informalizado, no como figuras marginales y minoritarias (Zamora, 2017), sino como dinámicas de masas. A partir de esto quiero marcar tres zonas de agresión a las economías populares organizadas, como parte de una verdadera guerra contra las formas de reproducción social[5]:
Primero: a través de una intensificación de la austeridad, sostenida por una capilarización financiera (es decir, la expansión de la deuda doméstica para enfrentar las compras básicas de la vida cotidiana) que entrenó en la precariedad a grandes mayorías y que propuso una “contención propieta- ria” frente a los despojos, al punto de incorporar esa racionalidad bajo la consigna de campaña electoral utilizada por la ultraderecha: “no hay plata”[6].
Segundo: a través de una reforma laboral (contenida en el proyecto de reforma denominado Ley Bases) que tiene un ensañamiento punitivo contra las formas de trabajo informalizado y contra los derechos específicos vinculados al trabajo de las mujeres (pensiones de amas de casa y licencias por embarazo).
Tercero: una estigmatización y criminalización de las economías popu- lares comandada desde el Ministerio de Capital Humano, que ha absorbido a los ministerios de Trabajo, Salud y Cultura y que representa una de las innovaciones institucionales de la ultraderecha gobernante.
Entrenar la precariedad: tres momentos de la deuda capilarizada
No puede subestimarse el impacto político y subjetivo de la hiperinflación, que es una característica que no está presente del mismo modo en otros países con ascenso de la ultraderecha. En su despliegue se ponen en juego límites materiales a las expectativas de cómo vivir, consumir y trabajar.
En ese panorama, un modo ya extendido y practicado de resistir el ajuste en los últimos años ha sido con endeudamiento de los hogares. Es decir, reemplazar y/o completar ingresos en caída libre con deuda. Esto no fue posible de un día para otro; justamente a esto me refiero al poner de relieve la primera hipótesis sobre la capilarización financiera a través del endeudamiento personal que entrenó en la precariedad a grandes mayorías (con un salto particular en la pandemia) (Cavallero et al., 2021).
Este fenómeno no es nuevo, pero cambia de función. En momentos de ampliación del consumo, la expansión del endeudamiento en sectores popu- lares hizo de la deuda simultáneamente un contrapeso y un complemento a la precariedad laboral (promoviendo lo que en su momento llamé “inclusión por consumo”). Funcionó como un código capaz de traducir la heteroge- neidad del mundo del trabajo —de changas[7] a microemprendimientos, de trabajos formales por temporadas a actividades free-lance, de empleos for- males que duran poco a informales que pueden estabilizarse— en relaciones más homogéneas entre acreedores y deudores.
El dispositivo financiero de la deuda logró lo que antes hacía el salario: homogeneizar rápidamente lo que desde el punto de vista de las identidades laborales se astillaba y se multiplicaba sin fin. En años posteriores a la crisis de 2001, ese dinamismo del endeudamiento se dio en el marco de formas de reactivación económica y de ampliación de consumo, lo que represen- taba asimismo un dinamismo en las formas de legitimación política para el Gobierno de entonces. Esto fue posible, también, gracias a una articulación pionera (y todavía vigente) entre planes sociales y bancarización individual de los beneficiarios, que instaló al Estado como garante último de esas deudas.
Como señalé entonces, no tener estabilidad laboral ni tener capital, pero querer progresar (es decir: un progreso desanclado del salario y del capital) es lo que produjo la popularidad del emprendedorismo, cuyo enlace con la deuda fue fundamental. Para ello, los trabajadores debían alterar la percepción sobre sí mismos, su función social, sus tareas y responsabilidades, mientras que las combinaban con modalidades asentadas de autogestión.
Vuelvo a la trama del neoliberalismo desde abajo: es en ese deseo de prosperidad popular, de vivir mejor, en el que se produce la composición estratégica de elementos microempresariales con fórmulas de autogestión, que ensam- bla capacidad de negociación con disputa de recursos estatales, vecinales y comunitarios, en la superposición de vínculos de parentesco, laborales y de lealtad ligados al territorio. La dinámica neoliberal se conjuga y se combina de manera problemática y efectiva con ese perseverante vitalismo (declinado como deseo de prosperidad), que se aferra siempre a la ampliación de liber- tades, de goces y de afectos. En mi investigación de entonces pude rastrear cómo habían cambiado en la vida cotidiana las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva.
Hago esta deriva para señalar dos cosas. Primero, entender que es sobre esa subjetividad política y productiva que las finanzas aterrizaron y supieron reconocer capacidad de gestión, esfuerzo y voluntad de progreso. Esos flu- jos de endeudamiento armaron una suerte de delta de irrigación por abajo para responder a los tiempos de ajuste que vinieron luego con el Gobierno ultraneoliberal de Mauricio Macri (2015-2019), que volvió a endeudar a Argentina con el FMI en una deuda sin precedentes históricos. Además, para su oferta electoral en 2015, Macri hizo discurso político con algo que hoy, con Milei presidente, ya parece sentido común: que el neoliberalismo es una forma de gobernar por medio del impulso a las libertades.
Ya desde aquel momento las finanzas, incorporadas en la gestión de la precariedad, construyeron una red capilar capaz de proveer financiamiento privado y carísimo para resolver problemas de la vida cotidiana, derivados del ajuste y la inflación. Como investigamos con Lucía Cavallero, desde entonces los destinos y usos de la deuda se volcaron de forma contundente a pagar alimentos y medicamentos; en la pandemia de 2020, el alquiler se consolidó como otro ítem principal (Cavallero y Gago, 2019). Milei ha aprovechado esa fórmula del emprendedorismo popular para interpelar a los trabajadores en economías informalizadas directamente como “capital humano”, a la vez que criminaliza al sector organizado.
Con esta genealogía quiero resaltar algo que es clave para entender el tiempo pasado y presente de la posibilidad del ajuste extraordinario: las finan- zas, a través del endeudamiento (cada vez más diversificado), han evitado la situación de escasez de otros momentos. Dicho de modo más directo: ¿por qué en vez de saqueos a los supermercados, como sucedió en la crisis de 2001, hubo antes del 10 de diciembre colas enormes en los supermercados? ¿Qué nos indica ese contrapunto? Que han sido gestionadas exitosamente, al menos hasta ahora, dos vías para evitar la ecuación escasez-saqueo: las redes financieras y las redes de la economía popular organizada.
La consolidación de redes de la economía popular que sostienen de modo organizado la reproducción de los sectores populares más empobre- cidos es el otro terreno que viene soportando el ajuste. Hoy diez millones de personas en Argentina comen gracias a los comedores populares, mantenidos principalmente por el trabajo de las cocineras comunitarias, que hacen magia con recursos escasos y que aún reclaman su reconocimiento salarial. Gracias también, por otro lado, a un enorme ejercicio de endeudamiento y compra en cuotas dedicado fundamentalmente a alimentos, gestionado a través de una panoplia de tarjetas de crédito, préstamos de billeteras vir- tuales y lugares de crédito barrial (no excluyentes en absoluto respecto a la asistencia a comedores) (Gago et al., 2024).
La consolidación de sectores bajos y medios empobrecidos no es una novedad. La pandemia funcionó como un verdadero “laboratorio financiero”, que explica muchas de las dinámicas que han permitido atravesar la inflación durante el Gobierno de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023 (Gago et al., 2024). Sin embargo, esta dinámica entra en juego e interroga sobre sus límites frente a un nuevo momento virulento de agresión, más bien de “guerra” contra la reproducción social en general y contra las economías populares en particular, en el cual la austeridad quiere introyectarse como mandato individual. Volveré sobre este tercer momento más adelante.
El no tan discreto encanto de hacernos propietarios
Fueron las finanzas, a través del endeudamiento y con su alto grado de abstracción, las que se hicieron cargo de la articulación por abajo de unas subjetividades que debían procurarse progreso sin dar por sentado el “privi- legio” del salario como ingreso principal. Por eso, de hecho, los movimientos sociales emergentes en la crisis de 2001, pensados en su continuidad con las economías populares, expresan un vínculo estrecho entre una dimensión de clase que, desde ciertas lecturas, solo significa desclasamiento (y, a con- tinuación, victimización) y otras, como la que me interesa, de una nueva composición de clase. Aunque decir nueva es también un modo de decir variación, y no una novedad absoluta en nuestra región, donde los procesos de no salarización de buena parte de la población son un elemento clave de la heterogeneidad estructural (solo que en el neoliberalismo esa heteroge- neidad tiene otro marco de comprensión).
La deuda interpela a este conjunto de trabajadores y se les ofrece, les habla en tanto consumidores libres. Activa un sentido de poder y productividad, no de personas a ser “ayudadas” o “subsidiadas”. Mientras que el mundo del trabajo —y de la representación política— no les reco- noce el atributo de libertad y de propiedad sobre sí (son subtrabajadores o trabajadores subsidiados, no registrados en tanto tales), sí lo hacen las finanzas. De modo tal que esa subjetivación financiera adelanta y entrena lo que una derecha más versátil sabrá convocar en esos mismos sectores: la noción de libertad y formas de propiedad que se afirman en contextos de despojo. Por eso mismo, el apoyo a la ultraderecha como opción electoral también funciona como catalizador del rechazo a la precariedad ya existente e intensificada con la pandemia.
Además, la deuda articulada al impulso del emprendodurismo (condición totalmente compatible con el trabajo subsidiado) es lo que permite a los trabajadores de plataformas (de las feriantes virtuales a los delivery), por ejemplo, comprar sus medios de producción (de comunicación y transporte).
Una paradójica situación invertida: los trabajadores deben ser propietarios de los medios con los que producen. Claro que estamos hablando de medios baratos utilizados especialmente en el sector de servicios o de espacios de venta informal y cooperativos. Aun así, se trata de una modalidad que se expande por los sectores más empobrecidos, que ha sido difundido por el trabajo en el hogar durante la pandemia, y que alcanza también a sectores medios (aquellos que tuvieron que “aggiornarse” rápidamente al home office, a veces invirtiendo en nueva tecnología). La adquisición de esos medios de producción se da nuevamente por deuda, conteniendo, bajo un esquema propietario (voy a ser “dueño” de eso que compro), las crecientes desposesión y privatización.
Lo mismo pasa cuando se obliga a “monetizar” propiedades preexistentes bajo una lógica de ajuste: la pieza no utilizada (o “subutilizada”), que puede convertirse en alquiler en una plataforma inmobiliaria de renta temporal, o el auto, que puede convertirse en uber o cabify o didi… El ajuste es, para una subjetividad ya entrenada en años de neoliberalismo, un mandato de optimización y monetarización de recursos propios. Es, dicho de otro modo, la estrategización a favor del capital del empobrecimiento y, a la vez, el reconocimiento de una potencia de hacer, de cooperar y de prosperar de sectores populares que tiene historias disímiles, ligadas a formas de resistir la exclusión y la subalternización.
Más recientemente, Ari Komporozos-Athanasiou (2022) propone pensar esta subjetividad en términos de un pasaje del homo economicus al homo speculans, para dar cuenta de una condición colectiva que tenemos para tratar con la incertidumbre y la opacidad en la vida cotidiana. Es aquello que, en términos filosóficos, Paolo Virno (2003) refirió como un “oportunismo de masas”, es decir, la capacidad de lectura de oportunidades en situaciones de inestabilidad que se expresa como subjetividad política. Pero lo que remarca el autor griego es la aceleración de la condición de especulación por medio de tecnologías digitales que mercantilizan, en tanto se proponen como sus infraestructuras digitales, esa propensión por abajo a especular de manera colectiva (es decir, a imaginar) sobre lo que vendrá y a inventar con lo que se tiene a mano.
Inflación: la explicación moral que pide sacrificio
La explicación sobre cuál es la causa de la inflación (por la que se operativiza el ajuste) es una batalla política. A las explicaciones monetaristas (la emisión) de la inflación se le suman históricamente argumentos conservadores que caracterizan a la inflación como enfermedad o mal moral de una economía. Es decir que no se trata solo de explicaciones técnicas y economicistas; estas están directamente vinculadas con las expectativas sobre cómo vivir, consumir y trabajar.
Así lo argumentó Daniel Bell, el famoso sociólogo de Harvard, quien ubicó el quiebre del orden doméstico de la familia tradicional como la prin- cipal causa de la inflación en los Estados Unidos en la década de los años setenta. También Paul Volcker, el jefe de la Reserva Federal estadounidense entre 1979 y 1987, conocido por su propuesta de disciplinamiento de la clase trabajadora como método contra la inflación, instaló el tema como una “cuestión moral”.
El análisis que hace de estas explicaciones la investigadora australiana Melinda Cooper (2017), que estudia por qué tanto neoliberales como conservadores se ensañaron contra un programa de escaso presupuesto destinado a las madres afroamericanas solteras, es una pista fundamental: en ese subsidio se concentraba la desobediencia a las expectativas morales de sus beneficiarias.
Estas madres afroamericanas “solteras” producían una imagen que no cuadraba con la estampa de la familia tradicional. Es decir, desde la óptica conservadora, quienes recibían ese subsidio eran “premiadas” por su deci- sión de tener hijos por fuera de la convivencia heteronormada; la inflación reflejaba, justamente, la inflación de sus expectativas sobre qué hacer con sus vidas sin ninguna contraprestación obligatoria. Podemos encontrar réplicas de este razonamiento. En Argentina se ha usado mucho la frase denigratoria “se embarazan por un plan” como condena moral a las mujeres que reciben programas sociales por sus hijos, como si recibir un subsidio de escaso monto fuera lo que “instrumentaliza” la gestación. No es algo novedoso ni original, y mucho menos casual.
Entonces, al clásico argumento neoliberal de que la inflación se debe al “exceso” de gasto público y al aumento de los salarios cuando hay poder sindical, los conservadores le agregan una torsión: la inflación marca un desplazamiento cualitativo de lo que se desea, de los modos de vida legítimos. Más recientemente, ambos argumentos se han aliado de forma decisiva.
El endeudamiento, si lo entendemos históricamente como respuesta a una secuencia específica de luchas —como lo plantea Silvia Federici (2014) para entender el endeudamiento de los países tras sus procesos de descolonización—, lo es también como mecanismo de extracción de tiempo de vida y de trabajo, reconfigurando la noción misma de clase. Volviendo a la hipótesis del inicio, el endeudamiento funciona retroactivamente en una doble secuencia temporal: como máquina de captura de invenciones sociales dedicadas a la autogestión del trabajo (tras la crisis de inicios del siglo) y como codificación de la politización de la reproducción social y el cuestionamiento a sus mandatos familiaristas y heteronormativos (tras la movilización feminista).
En esa línea, la protesta social nos da las coordenadas de lectura respecto a cómo la deuda ha organizado su expansión como dispositivo de gobierno. La lectura feminista de la deuda (Cavallero y Gago, 2019) —que conecta formas de explotación del trabajo reproductivo y modalidades de gobernabi- lidad territorial (y que expone la dependencia de la deuda respecto al trabajo y la tierra)— practica esa maniobra: problematiza la obligación financiera capilarizada como deuda doméstica especialmente dirigida a mujeres y jefas de hogar, a lesbianas, travestis y trans y a migrantes, en un momento en que el movimiento feminista expresa su fuerza masiva en las calles y en las casas y denuncia dinámicas extractivas de diverso tipo, indagando sobre sus formas violentas de conexión.
Solo entendiendo la fuerza moral con que se inviste la inflación (una suerte de castigo de “las fuerzas del cielo”, en clave actual de la retórica presidencial), es que se habilita su descontrol como escena última de sacri- ficio y purificación. Este es un punto clave que intenta sostener la “cruzada inflacionaria” de Milei, y que permite deshacer sus promesas de terminarla y de apuntar a la dolarización como proyecto último.
La ultraderecha capitaliza y fomenta la autosalvación frente a la precariedad e inseguridad generalizadas. Vuelvo a una escena con que la ultraderecha hizo campaña: ¿Cómo se entiende la propagación del “no hay plata” como lema que llama al “sacrificio” de la espera que ha sostenido los primeros y durísimos meses de gestión a quienes aún apoyan al Gobierno? Esa temporalidad de espera combina austeridad y endeudamiento personal. Esa combinación ha creado una “burbuja” especulativa a nivel subjetivo. Se puede seguir aguantando, ajustando y endeudando hasta que las cosas mejoren. ¿Hasta cuándo?
Es incomprensible esta creencia en lo sacrificial —etapa superior de la meritocracia, discurso predilecto del Gobierno de Macri (2015-2019)— sin haber logrado instalar la experiencia de que los derechos son “privilegios” de ciertos sectores, contra el igualitarismo de la competencia. Y que se la combine con el placer de maltratar a otros, de violentarlos. Se puede en- marcar así el aumento de odio que “compensa” con actos de crueldad, de violencia sin límite, el sacrificio propio. Esto empuja a una modalidad de violencia horizontal entre quienes son directamente afectados por la crisis, e incentiva un componente misógino y racista fundamental.
Una idea medular —y que podemos tomar como indicador de nuestra realidad— es el tipo de “excitación pasional” que Judith Butler (2024) analiza como aquello que produce la negación de derechos. A eso Butler lo llama la “pasión fascista” de negar derechos. La escena de Milei, también viralizada en campaña, haciendo propaganda por la eliminación de ministerios con su famoso “afuera” (mientras arrancaba papeles de un organigrama), el brillo en sus ojos y la verdadera “excitación” que le observamos, parece una escena a la medida de esta idea butleriana, al punto de que encontramos un “fascismo excitado”. De allí que no sea ni moderado ni conservador; más bien, logra ser revolucionario en su velocidad, desparpajo y arrebato.
Con este señalamiento sobre moralidad y crueldad (sobre el que aquí no tengo tiempo de profundizar), quiero subrayar la victoria de la ultraderecha como contestación y reacción a la masividad de las luchas feministas popu- lares, donde el protagonismo de las organizaciones de la economía popular es notable y evidente. Funciona marcando a las mujeres y feministas a cargo de la atención y el cuidado comunitario en los comedores barriales como la figura opuesta al “capital humano”, para hacer crecer así el antifeminismo como vector de politización reaccionaria. Para volver a cargar contra la eco- nomía popular en una moralización reactiva de quienes “viven” del Estado, produciendo la inversión de escena que permite a los empresarios no pagar impuestos y quejarse de los gastos del Estado, pero sí responsabilizar a los empobrecidos por el déficit.
Umbrales de ajuste
Argumenté que el ajuste no es novedad porque ya ha sido terreno fértil para la modificación de una subjetividad política: “la sociedad ajustada”, como la llama el Colectivo Juguetes Perdidos (2019). Ha sido clave también en producir violencia horizontal: violencia entre quienes sufren el ajuste según graduaciones que se vuelven cada vez menores y, al mismo tiempo, más agudas.
El ajuste actual tiene como objetivo una modificación radical de las formas de vida que, sin embargo, ya viene aconteciendo; es por eso que las propuestas de una derecha radical lograron hacer sentido en la competen- cia electoral. Aun así, la lógica de la explicación no puede ceder a la lógica de la justificación. Las mutaciones a nivel de la subjetividad política no se traducen de modo estable.
La novedad del shock neoliberal que estamos viviendo tiene dos carac- terísticas clave: la velocidad y la intensidad de la violencia que asume como modo de gobierno. Esto se debe a que Milei extrae su poder directamente de las corporaciones más concentradas del capital, en un momento de reconfi- guración acelerada del capitalismo hacia un modelo extractivo y de guerra. Este modo de gobierno se afirma articulando tres vectores: capacidad de destrucción, generación de caos y despliegue de crueldad.
Una escena elocuente: el ensañamiento deliberado con las “madres” militantes de organizaciones de la economía popular que llevan sus hijos a las protestas, que, aun si no es nuevo, se ha incrementado. Lo mismo respecto a la condena a la forma de organización política que los comedores populares tienen en Argentina: históricamente más vinculados a movimientos sociales que a espacios caritativos o de ONG. El Ministerio de Capital Humano —a cargo de tales iniciativas— expresa, así, un modo de disciplinamiento y criminalización a las formas de politización de la reproducción social en Argentina, que ha logrado disputar recursos al Estado a través de luchas populares y feministas en un escenario de crisis asalariada.
La guerra económica
En el comunicado de prensa sobre la octava revisión del acuerdo de Servicio Ampliado, el FMI dice en mayo de 2024 que el Gobierno ha “sobrecumplido” las metas. ¿Qué es ese sobrecumplimiento sino el despliegue de una guerra económica contra las posibilidades de sobrevivencia de la población? Y ahí, por supuesto, la pulsión de muerte (un elemento de la crueldad) deja el paso a las finanzas. Dijo Milei que “si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta”. Además de que hay gente muriendo efectivamente por la falta de medicamentos y por la crueldad lesbofóbica habilitada por el Gobierno, esta es la escena donde el endeudamiento “ofrece” soluciones para evitar morir de hambre.
Marcos Galperín, el empresario argentino más exitoso del negocio de plataformas, beneficiado con el cobro de programas sociales, se enriquece gracias a la normativa gubernamental de hacer bicicleta financiera con los escasos recursos de los programas sociales, mientras obliga a sus beneficia- rios a endeudarse por su plataforma, a intentar pequeñas “especulaciones” para pagar comida dolarizada. Pero además absorbe y explota el “trabajo financiero no pago” (Gago y Cavallero, 2025), que consiste en sobrevivir a la pobreza de ingresos a través de una bicicleta financiera de mínima escala, que consume tiempo y, sobre todo, salud mental.
Como señalé al comienzo, hay un tercer momento del endeudamiento que funciona en un escenario extremo: en plena guerra contra la repro- ducción social de las mayorías. Allí se juega el límite y el abismo de la financiarización de la reproducción social, su productividad a nivel de las subjetividades políticas y, finalmente, los umbrales de la violencia social.
Milei no apuesta por una lógica tradicional de gobernabilidad, sino por una de destrucción a favor del poder corporativo concentrado. Sin embargo, esa destrucción parece “contenerse” desde la propia precariedad. El endeu- damiento para solventar la reproducción social parece estar alcanzando un límite por la velocidad y crueldad del empobrecimiento.
Los elementos que la ultraderecha victoriosa pudo hacer jugar a su favor no tienen una elasticidad ilimitada frente a la situación crítica para muchos de sus votantes. El hartazgo que Milei supo expresar, envuelto en promesas de estabilización y de castigo a quienes “se enriquecen sin trabajar”, se le puede volver en contra en la medida en que la austeridad como promesa sacrificial haga imposible la sobrevivencia de quienes confiaron en su espí- ritu de revancha y, a la vez, el espectáculo de la crueldad no logre saciar ni amortiguar las inseguridades cada vez más acuciantes de la vida cotidiana. Ahí sigue operando un saber, una memoria y una organización: las economías populares son una microfísica de realidades insubordinadas a la pura lógica del capital humano y, al mismo tiempo, donde se descargan los efectos más duros de la crisis, evidenciándose como los terrenos ineludibles para comprender las formas de trabajo contemporáneas, pero también las nuevas modalidades de la guerra contra las mayorías.