Introducción
Como fue concluido por el Migration Policy Institute en su evaluación integral de la política migratoria en tiempos de la primera administración de Donald Trump (2017-2021), las alteraciones en este plano durante el período fueron muchas y variopintas y afectaron integralmente la situación de los Estados Unidos como sociedad receptora (Bolter et al. 2022). Los cambios tuvieron lugar, mayoritariamente, a través de acciones ejecutivas en campos tan disímiles como la protección humanitaria (limitándola), la aleatoriedad de los controles migratorios (incrementándola), las modificaciones en las prácticas de expedición de visado (restringiéndolo) y el énfasis en la supervisión de los movimientos migratorios transfronterizos (profundizándola).
Probablemente, lo más característico de este período, a contramarcha del discurso sempiterno sobre los beneficios derivados de la inmigración expresados históricamente por republicanos y demócratas, fue la construcción de una profunda narrativa negativa que endilgaba a la población de origen extranjero la comisión de conductas ilícitas (como robos, hurtos o violaciones) o el aprovechamiento estratégico y desleal de las oportunidades brindadas por el sistema estadounidense (como el acceso a determinadas políticas educativas o sanitarias). Esta fue una cuestionable narrativa, pues si bien es cierto que la educación gratuita no discrimina basándose en el estatus migratorio, también lo es que los programas de salud están limitados a personas con un estatus legal y documentación. Sin embargo, tanto las prácticas como el lenguaje afectaron, fundamentalmente, al colectivo hispano por lo que su volumen implica al interior de la población inmigrante.
Idénticas prácticas y lenguaje han regresado con fuerza con la nueva administración iniciada en enero de 2025 y sin ya las cortapisas que significó la presencia de miembros “tradicionales” del Partido Republicano durante la primera administración. En este segundo gobierno, el énfasis en la regulación de la inmigración no solamente responde a una promesa de campaña a un electorado que exige controles del flujo migratorio, sino que la han convertido en arma de politización en una crisis migratoria que se ha hecho inmanejable hasta para ciudades controladas por el Partido Demócrata. Bajo el argumento de un mandato electoral, la intención de reformular la realidad social estadounidense provocando transformaciones súbitas en su panorama migratorio responde a las aspiraciones de la base del partido oficialista. Este breve artículo pretende iluminar la magnitud de estos cambios, con foco en las consecuencias que depara para la población latina (que, por otro lado, también ha sido artífice parcialmente decisivo en el contexto electoral que ha devuelto al poder a este conjunto de acciones y miradas).
Para ello, en un primer momento, se presentará un sucinto perfil sociodemográfico de este colectivo hoy en día. En un segundo lugar, se comentará cuál ha sido su comportamiento en las recientes elecciones presidenciales. Luego, se reflexionará sobre las actuales políticas públicas que están afectando a este grupo poblacional. Se concluirá con unas reflexiones que incluirán la mención de las acciones académicas que, desde la Sección de Latinx Studies de LASA, pueden humildemente desplegarse para poder comprender mejor la envergadura de los procesos en ciernes.
Perfil sociodemográfico actualizado de la población latina en los Estados Unidos
El dinamismo demográfico de la población latina en los Estados Unidos resulta, desde hace décadas, innegable. De acuerdo con datos del Census Bureau en 2023, la presencia hispana en los Estados Unidos sumaba 65,2 millones de personas.[1] Su actual volumen la ha convertido en la primera minoría étnica y representa casi un quinto del total de la población (19,5%). El mismo registro, considerando la autopercepción racial de los individuos, describía que este colectivo incorporaba (para el año 2022) 55,3 millones de blancos, 3,3 millones de afroamericanos, 1,9 millones de nativoamericanos y cerca de 700.000 de origen asiático. Poco más de dos millones de hispanos se consideraban poseedores de dos o más razas. Es un colectivo, demográficamente, masculinizado. Según los registros de esta dependencia gubernamental, residían en 2022, 32.276.938 varones latinos en los Estados Unidos. La cifra de mujeres latinas ascendía a 31.387.408.
Desde el punto de vista de la distribución geográfica, 13 son los estados americanos que contaban, en 2023, con más de un millón de habitantes de este origen: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Texas y Washington. Este patrón de asentamiento reproduce tendencias históricas propias de este colectivo: aunque su presencia se ha extendido urbi et orbi en la superficie estadounidense, su presencia predominante es aquella que tiene lugar en territorios cercanos a la frontera con América Latina y en núcleos poblacionales tradicionales de la Costa Este.
Aunque la mediana de edad de este colectivo ha subido ligeramente en los últimos años, aún es la más pequeña en comparación con otros grupos monorraciales. Mientras su registro es de 30,7 años para 2022,[2] este guarismo asciende a 40,8 en el caso de la población blanca y a 34,5 años en el de la población afroamericana. La población de origen asiático presenta un valor de 37,9 años. Esta relativa juventud, comparativamente, de la población hispana le otorga las ventajas propias de bono demográfico: su presencia dota de mayor músculo laboral y productivo a la economía estadounidense[3] y la hace relativamente menos demandante de políticas propias del Estado benefactor.
Las estimaciones censales permiten también identificar el origen nacional de este segmento poblacional (aunque este origen no sea inmediato en el tiempo, es decir, a pesar de que no corresponda necesariamente al de los respondientes o al de sus ancestros más cercanos). El mayor subgrupo, como históricamente lo ha sido, correspondía en 2020 a la población mexicana (35,9 millones). A continuación, se encuentra el conjunto de portorriqueños (5,6 millones). Dominicanos, salvadoreños y cubanos superan, en los tres casos, los 2,2 millones de personas. Guatemaltecos, colombianos y hondureños superan ampliamente, cada uno como colectivo, el millón de personas residiendo en territorio estadounidense.
Entre quienes han llegado de fuera de los Estados Unidos, estén o no naturalizados, el 80,2% ha entrado antes de 2010 y un 19,8% lo ha hecho a posteriori. De los nacidos en el exterior, un abrumador 98% afirma haberlo hecho en América Latina, aunque cerca de un 1% describe ser originario de Europa (probablemente de España).
Del total de población latina, nacida dentro o fuera del territorio estadounidense, un 30% afirma hablar solamente lengua inglesa. También, sobre el total de hispanos en el país, 1.336.206 son veteranos civiles, lo que refleja la magnitud de su compromiso cívico con el sistema político estadounidense. La media de tamaño de las familias hispanas es de 4 y el promedio de personas habitando “hogares con carácter latino” es algo menor (casi 3,5 personas). La ya referida “juventud” de este colectivo se ve reflejada también en el predominio tanto en varones como en mujeres de personas de más de 15 años del grupo de solteros (45% y 39,3% respectivamente).
Latinxs en el reciente contexto electoral (noviembre de 2024)
El análisis del perfil electoral de cualquier colectivo poblacional requiere dos niveles. Un primer nivel se encuentra vinculado con una descripción contextual. En tanto un segundo nivel es aquel que ofrece pistas sobre su desempeño concreto para comicios específicos.
En relación con el primero de estos niveles, según datos procedentes de 2022 American Community Survey,[4] se estima que un 79% de los miembros de la población latina en los Estados Unidos detenta la nacionalidad de ese país. Este porcentaje resulta de sumar a quienes han nacido en territorio estadounidense (63%) y a quienes proceden de Puerto Rico e islas administradas políticamente por esta nación (3%), a quienes han nacido en el exterior de padres americanos (1%) y a quienes han nacido fuera de las fronteras americanas, pero han procedido a naturalizarse (12%). El porcentaje restante (entre 19 y 21%) es el que incluye a los residentes latinos aún no naturalizados (con independencia de su estatus legal).
En este contexto de posesión (o no) de la ciudadanía estadounidense, según Krogstad et al. (2024) para el Pew Research Center, en las pasadas elecciones de noviembre de 2024, 36,2 millones de hispanos eran elegibles para votar.[5] Esto representa un incremento de 3,9 millones de personas en relación con las elecciones de noviembre de 2020. Cada año, de acuerdo con lo reportado, se han incorporado al electorado estadounidense 1,4 millones de personas de origen hispano.
En el último cuarto siglo, según informa también el Pew Research Center, el porcentaje de ciudadanos hispanos elegible para votar, sobre el total de ciudadanos estadounidenses, se ha duplicado desde el punto de vista porcentual (pasando de 7,4% en 2000 a 14,7% en 2024). Un cuarto del total de ciudadanos hispanos habilitados para votar (elegibles) reside en California (con 8,5 millones de individuos en tal condición).[6] Este estado cuenta con un 33% de potenciales votantes de origen hispano (cifra similar a la presentada por Texas con un 32%). Sin embargo, es Nuevo México el estado en el que el grupo demográfico de votantes más importante (grande) es el hispano (con un 45% sobre el total).
En comparación con el total de ciudadanos americanos, los hispanos son eligibles para votar 19 puntos porcentuales por debajo de la media global (53 versus 72). Esto es consecuencia de su relativa juventud en términos comparados (el 29% tiene menos de 18 años, versus el 22% de la población global) y de su impronta de reciente migración (como ya se anticipaba, en torno al 19% no son ciudadanos americanos, versus el 6% de la población global).
Así mismo, desde el punto de vista de la edad, los potenciales votantes hispanos son mucho más jóvenes que cuando se considera a la población global (33% versus 47% de personas con 50 años o más). Patrones divergentes también se encuentran en materia de acceso a la educación entre los potenciales votantes: mientras el 21% de los hispanos cuenta con formación de grado o posgrado universitario, ese porcentaje asciende a 34% dentro del total de adultos en los Estados Unidos.
Sobre el segundo de los niveles de análisis en el ámbito electoral, es decir aquel vinculado al desempeño efectivo de los votantes hispanos, los comicios de noviembre de 2024 han reflejado ciertas peculiaridades con relación al colectivo (Gerbaud et al. 2024).[7] Si bien el voto hispano ha continuado con el patrón tradicional (una adhesión mayoritaria a los demócratas con el 56% de los votos apoyando la candidatura de Kamala Harris), el candidato republicano obtuvo el 42%. Este porcentaje es el más elevado desde inicios de la centuria, superando el anterior umbral obtenido por este partido político en tiempos de la reelección de George W. Bush (con el 40%).
Desde el punto de vista de subgrupos demográficos al interior del colectivo, es importante destacar el avance que ha registrado el voto republicano entre los hispanos varones en las elecciones en las que Donald Trump fue escogido como presidente (47% del total)[8]. El actual primer mandatario ha resultado vencedor, considerando el nivel de renta de la población latina, tanto entre quienes ganan menos de 50.000 dólares al año como entre quienes obtienen más de 100.000 dólares al año.
Derivado de analizar la geografía electoral, se halla que 19 de los 26 condados en la zona fronteriza han votado mayoritariamente a Trump (con una notoria excepción en las jurisdicciones californianas). De los 10 condados con mayor concentración de población hispana (todos ellos al interior de Texas), 7 se decantaron por Trump cuando, en 2020, su totalidad había escogido la opción demócrata con el ticket Biden-Harris.
Dados estos novedosos patrones de comportamiento en las recientes elecciones, es importante recordar que los cambios de época jamás pueden ser catalogados o sentenciados a partir de un único proceso comicial. A modo de ejemplo, cabe recordar que, en las últimas dos décadas del siglo XX, el deterioro del apoyo hispano al partido republicano fue progresivo y fue consolidándose a lo largo de diferentes comicios (37% en 1984 hasta 21% en 1996). Esta mirada más largoplacista puede engarzar mejor con el aparente vuelco electoral que pareciera haber tenido lugar “asombrosamente” en la última elección presidencial: los republicanos obtenían el apoyo del 27% de los hispanos en 2012, caudal que ha ido subiendo sin prisa (pero también sin pausa) desde entonces hasta el 42% ya comentado para noviembre de 2024.
Es evidente entonces que existe un giro de tendencia que no debe ser entendido como abrupto o intempestivo. Sin embargo, las diferencias que sí resultan sorprendentes son aquellas procedentes de comparar las distancias entre ambos partidos entre 2020 y 2024. Con 34 y 14 puntos porcentuales, respectivamente, en favor de las candidaturas de Biden y Harris, es necesario explorar sesudamente a futuro cuáles son los factores explicativos que han podido provocar esta reducción. Las variables a indagar, a nivel de diseño de campaña electoral, podrían cubrir el hecho de la nominación tardía de la candidata demócrata, su condición de mujer y la ausencia relativa de compromiso de ciertos sectores de la militancia de su partido.
En tanto, las variables a problematizar, a nivel de contexto político y económico, pueden ser aquellas asociadas al fenómeno inflacionario persistente posterior a la pandemia y la supuesta crisis migratoria en la frontera sur y sus implicancias en materia de seguridad interior. En definitiva, abordajes cualitativos y cuantitativos, con foco en la población hispana, deberán diseñarse y ejecutarse a efectos de detectar cuáles de estas (u otras) razones se hallan detrás de esta convergencia (acortamiento de brecha) entre republicanos y demócratas en la preferencia del electorado hispano en los recientes comicios.
Desafíos: políticas migratorias, derecho a la nacionalidad y gestión de la economía
La mayoría de los ciudadanos hispanos concurrieron a las elecciones de noviembre de 2024 con el objetivo de lograr un alivio frente a una situación económica anómala agravada por las consecuencias inflacionarias de la pandemia y la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, a pesar de haberse escuchado un agradecimiento explícito al colectivo en el discurso de toma de posesión, el conjunto de medidas anunciadas en las primeras jornadas de la nueva administración pivoteó alejado de las cuestiones económicas. En palabras de Janet Murguía, Presidenta y CEO de UnidosUS,
the top priority of most Americans coming out of the November elections, including the vast majority of the nation’s 64 million Hispanics, was addressing cost of living issues such as inflation, housing prices, the need for better paying jobs and access to health care. Yet, we heard precious little from the President on these core concerns either in his address or in the reports of the new Administration’s Day One Executive Orders. The President should keep in mind that voters want to hear first and foremost about the economy and that his Administration will be held accountable by what he does or doesn’t do to help Americans cope with rising prices and other daily economic challenges.
Por el contrario, la mayoría de los anuncios en estos primeros meses de gestión gubernamental se han centrado en modificaciones draconianas a políticas tanto migratorias y sociales como económicas que afectan, fundamentalmente, a colectivos en situación de vulnerabilidad (entre los que se encuentra el conjunto de latinos radicados en los Estados Unidos). Algunas de estas medidas implican a corto plazo una alteración en el comportamiento físico y diario de este colectivo, como es el caso de las redadas en búsqueda de inmigrantes ilegales en espacios hasta, hace poco tiempo, vedados para ello (como iglesias y escuelas). Tanto extranjeros hispanos con independencia de su situación migratoria como sus familiares estadounidenses declaran haber visto incrementados sus niveles de ansiedad y miedo.[9] Otras de estas medidas (como las imposiciones de aranceles o la reducción de ciertos subsidios) implicarán a medio y largo plazo una alteración en el comportamiento de los miembros de este colectivo como consumidores y trabajadores. Se procede aquí a repasar algunas de ellas.
El mayor desafío evidente al que deben hacer frente los miembros del colectivo latino en los Estados Unidos es el vinculado al carácter errático y poco previsible de las políticas migratorias en la nueva administración, por una parte, y por la otra, su interés en continuar suprimiendo la migración legal que comenzara en su primer gobierno (Nowreasteh 2021). Cuatro subgrupos son especialmente vulnerables al respecto: el compuesto por los solicitantes de asilo, el que protege a la población beneficiaria de parole,[10] el conformado por quienes han recibido Temporary Protected Status (TPS)[11] y el constituido por los merecedores del estatus previsto en la figura de “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA).
UnidosUS,[12] en relación con los últimos dos status, ha aplaudido la iniciativa bipartidista reintroducida por las representantes Sylvia Garcia (D-TX) and María Elvira Salazar (R-FL) llamada “American Dream and Promise Act”. La medida prevé un camino para la ciudadanía para ambos subgrupos condenados a una especie de eterno limbo legal por el carácter especial de estas figuras jurídicas. Según reporta la misma institución, la contribución económica de este conjunto de individuos, en el que la población hispana es mayoritaria, es enorme. Solamente, en impuestos pagados a administraciones locales y estaduales, ingresan 1,7 billones de dólares al año. Si se lograse el objetivo previsto en la norma, se lograrían añadir 1,5 trillones en una década en Producto Bruto Interno y se generarían más de 400.000 nuevos empleos.
Otro evidente desafío es el vinculado a la culminación por decreto (con fecha de 20 de enero de 2025) del derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento en suelo americano. Esta modificación jurídica afecta, como ha advertido la New York Immigration Coalition, fundamentalmente a la población latina. Según sus estimaciones, cada año nacen en los Estados Unidos 250.000 niños y niñas de progenitores indocumentados, y en torno al 72% de ellos pertenece al colectivo hispano.
Si bien la disposición ha sido paralizada en los tribunales,[13] uno de los mayores peligros que encierra es la potencial condena a situaciones de apatridia a los recién nacidos en territorio estadounidense cuando la nacionalidad de origen de padres y madres no se trasmite directamente a los nacidos en el exterior mediante reglas de ius sanguini, o cuando no existen relaciones consulares y diplomáticas entre los Estados Unidos y los países de procedencia (como acontece con Venezuela). Revistiendo incluso aún mayor gravedad, la decisión privaría a menores de edad (y a sus madres embarazadas) del acceso a la protección y cobertura brindadas por políticas públicas sanitarias en los niveles local, estadual y federal.
La política económica de la actual administración también está afectando la realidad de las familias hispanas en los Estados Unidos. Según los datos más recientes de United States Census Bureau (2024), la mediana de ingresos de los hogares hispanos no ha presentado diferencias estadísticamente significativas (ni ha crecido ni ha decrecido) en relación con el año previo y se encontraba a la cola de los ingresos en comparación con otros colectivos ($65.540[14] versus los $112.800 recibidos por hogares asiáticos).
Considerando estos patrones de ingreso, los pronósticos de recesión derivados por la evaluación que realizan diferentes expertos de la política económica actual[15] que combina elevación de aranceles a las importaciones (con las afectaciones a las exportaciones derivadas de eventuales retaliaciones de países afectados) y recortes de impuestos y limitación de gasto público (con incremento de despidos en trabajadores estatales) resultan especialmente preocupantes para el colectivo hispano. Tanto el carácter, relativo, migratorio del grupo como su inserción en determinados nichos de mercado lo hacen especialmente vulnerable a estas turbulencias económicas.
En este sentido, la OCDE ha actualizado al alza, para el año 2025, sus previsiones de inflación para los Estados Unidos (de 2,1% a 2,8%). Una reversión del patrón descendente inflacionario importa mayores obstáculos a las familias trabajadoras que, como se observaba en los párrafos previos, habían votado a Trump en vistas a mejorar un poder de compra afectado por los problemas logísticos posteriores a la pandemia y por la alteración de precios derivados de la invasión de Rusia a Ucrania.
Aunque es relativamente pronto para realizar previsiones, el carácter errático de los anuncios (y su retirada) de barreras arancelarias a la importación termina repercutiendo en la realidad de los puestos de trabajo tanto de empresas que comercializan productos extranjeros como de aquellas que van a verse afectadas por las medidas que impondrán los países sometidos a aranceles (Canadá, China, México o aquellos pertenecientes a la Unión Europea). Ante la inestabilidad de escenarios jurídicos y económicos derivada del discurso y la práctica arancelaria, muchos empleos pueden verse en situación de riesgo en nichos en los que la presencia hispana es fuerte (agricultura, ganadería, construcción o determinadas industrias intensivas en mano de obra).
Tampoco ayuda a la estabilidad laboral el contagio (desde el sector público al privado) de la lógica de reducción de puestos de trabajo. La narrativa eficientista hoy presente en el sector público, vinculada al derroche o la no necesidad de determinados empleos en el sector gubernamental, puede transferirse a entornos empresariales afectando, sobre todo, a quienes se encuentran en posiciones vulnerables (contratos parciales, subpagados o discontinuos), como es el caso de la población latina.
Así como la economía pareció haber dado un impulso al voto pro-Trump entre los hispanos, puede que sea su deterioro (real o subjetivo) en combinación con la percepción de una política migratoria excluyente racializada (es decir, que afecta en exceso a este colectivo en comparación con otros) lo que conduzca a una eventual modificación del patrón de voto antes descrito. Las elecciones midterm de noviembre de 2026 constituirán una oportunidad de oro para evaluar esta hipótesis.
Conclusiones: aportes desde la Latinx Studies Section de LASA
La situación de la población latina en los Estados Unidos, en un período relativamente corto de tiempo, se ha visto alterada. Si bien la proximidad de los acontecimientos impide realizar ejercicios de prognosis a largo plazo, la profundidad de los cambios actuales presagia incrementales malestares y deterioro en la calidad de vida entre los miembros de este colectivo.
Aun cuando el tema migratorio no tiene la misma incidencia en todos los hogares de origen latino, pues no se trata de un grupo monolítico, como es sabido, la política migratoria ha virado, abruptamente, de un énfasis tanto en la provisión de protección a los perseguidos como de la incorporación de recursos humanos tanto calificados como no calificados requeridos por el siempre expansivo mercado de trabajo estadounidense a una priorización de las deportaciones y la aparente criminalización de determinados colectivos. La estrategia, basada en la amenaza de recorte de fondos federales, ha provocado la revisita de conductas en los llamados distritos “santuario” tanto a nivel local como estadual. Las pretendidas modificaciones al derecho de la ciudadanía se insertan en un modus operandi semejante. La prohibición de las políticas de diversidad, equidad e inclusión se encuentran en una línea similar. La previsión por parte de muchos expertos de una marcada desaceleración económica contribuye también, desde un plano diferente, al oscurecimiento del escenario vital de diferentes sectores sociales.
L@s latin@s son, sin margen a dudas, el grupo demográfico más perjudicado por estos giros copernicanos. Hasta el momento, para hacer frente a estos cambios intempestivos, este colectivo ha hecho uso estratégico de los recursos judiciales permitidos por el admirado sistema de checks and balances de la democracia estadounidense. La actuación de la judicatura es la que ha garantizado la reversión parcial de algunas de estas medidas, al menos, desde el punto de vista formal (aunque preocupa a los expertos en derecho constitucional y público cierto patrón de desobediencia sobre estas decisiones que se observa en el Poder Ejecutivo).
A fecha de cierre de esta edición, no han tenido lugar aún manifestaciones masivas en las calles ni, mucho menos, se ha activado un ciclo de acción colectiva semejante al propiciado, entre grupos feministas y migrantes, en ocasión del inicio de la primera gestión presidencial de Donald Trump. La combinación emocional de miedo, sorpresa y shock han influido para provocar este virtual quietismo inicial.
Desde la Sección de Latinx Studies de la Latin American Studies Association, se desea contribuir a arrojar humildemente luz sobre el actual entorno mediante, por un lado, la organización de espacios virtuales y físicos de reflexión y discusión académica sobre estos procesos y, por el otro, la promoción de publicaciones rigurosas basadas en evidencia empírica sobre estas realidades. Sus miembros son investigadores, profesores, funcionarios públicos y activistas procedentes de América Anglosajona, América Latina y Europa preocupados por la situación de las poblaciones latinas residiendo fuera de su región de origen y desean aportar mirada crítica y propuestas que iluminen el derrotero a seguir.