Desde el 29 de julio se han desencadenado cientos de protestas en Venezuela por los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó los resultados poco después de la medianoche del 29 de julio, indicando que Maduro ganaba con el 51,2 % de los votos, mientras que González obtenía el 44,2 % (Agence France-Presse, AFP, 2024). Esto contrastaba con los sondeos a pie de urna y con la documentación que la oposición había recogido de alrededor del 40 % de los centros de votación, que parecían mostrar que González había ganado con el 70 % de los votos (Seguera, Buitrago y Armas 2024). La oposición cuestionó inmediatamente los resultados, alegando que no habían sido verificados. Los observadores internacionales también pusieron en duda la validez de los resultados (Reuters 2024). En las semanas posteriores a las elecciones, estudios publicados por varios analistas demostraron que este cuestionamiento era válido (véase, por ejemplo, Kronick 2024).
Las protestas poselectorales no son infrecuentes en Venezuela. En 2018, la gente salió a las calles para impugnar la reelección del presidente Nicolás Maduro (Reuters 2018). Y volvió a hacerlo en 2019, cuando la oposición venezolana proclamó al diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como presidente interino, desafiando esa votación (la de 2018) que, según ellos, estaba amañada (Parkin Daniels y Zúñiga 2019).
Aunque se parece mucho a las anteriores, la ronda de protestas en este período ha sido distinta. Se ha caracterizado por la participación masiva de personas de los barrios populares.1 El período de la revolución bolivariana pos Chávez, desde el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro, ha estado marcado por el severo deterioro de la economía en el país. El descenso de los precios del petróleo; la pésima gestión de la industria petrolera —la prevalencia de la lealtad sobre el saber y gestión técnica—; la corrupción —o la distribución de coimas entre compañeros para preservar lealtades y “el legado de la revolución”—, más el efecto de las sanciones internacionales avanzadas por los Estados Unidos y la Unión Europea han producido el resquebrajamiento de ese modelo paternalista de protección entre la élite pos Chávez y sus bases.
Estas protestas marcarán un antes y un después en la cronología de la revolución bolivariana y en la historia de Venezuela, como el momento en el cual quedó claro el quiebre entre el chavismo y los sectores populares.
El chavismo: el monopolio de la representación popular
En el mercadeo de los discursos políticos, el chavismo se ha presentado históricamente como el movimiento político que personifica el monopolio de la representación popular.
En su relato originario se dice que el 27 de febrero de 1989, fecha que inicia los días de saqueos ante el anuncio del paquete de medidas neoliberales por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, a los que le siguieron una brutal represión en las calles y en los barrios, es el día que nació la revolución bolivariana.
Nueve años después, en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones con un discurso que resonó en las clases media y baja basado en una crítica a un Estado osificado y excluyente y a sus políticas neoliberales. Sin embargo, en los años siguientes identificó su proyecto político con el socialismo del siglo xxi y designó a los sectores populares como los protagonistas de una nueva revolución. Desde entonces el chavismo se ha posicionado como la “voz del pueblo”. Según la narrativa chavista, con la revolución bolivariana las fuerzas armadas jamás volverían a reprimir al pueblo, por un lado y, por el otro, sus intereses sociales, económicos y políticos estarían resguardados ante una clase dominante que lo habría expoliado históricamente, en ese período que se pasó a denominar como la IV república. Estas, nos parece, han sido dos promesas centrales del movimiento político conocido como la revolución bolivariana.
El chavismo producía un vínculo afectivo extraordinario entre los sectores populares y el gobierno. Muchos analistas atribuyen ese vínculo al carisma de Chávez y a la susceptibilidad de “las masas” frente a un líder seductor. A nuestro entender, durante un tiempo, el chavismo representó una esperanza para los sectores populares. En un contexto de incremento extraordinario de los precios del petróleo, logró reducir la pobreza de ingresos (no así las desigualdades estructurales) e invirtió en los servicios sociales en los sectores más marginados (Hanson, Smilde y Zubillaga 2022). El proyecto también cambió la posición de los sectores populares en el imaginario colectivo y generó nuevas identidades políticas. Si bien con tensiones y asimetrías de poder, esta relación entre la élite chavista y las bases populares se basaba en una reciprocidad con un intenso sentido moral.
El reconocimiento de los sectores populares y su incorporación en la revolución bolivariana dieron frutos y réditos políticos al chavismo (Hanson y Lapegna 2018). Durante los catorce años de gobierno de Hugo Chávez, con catorce procesos electorales, todas las elecciones fueron ganadas por H. Chávez, a excepción de una. En la última elección presidencial en la que participó un Chávez, estando gravemente enfermo, fue elegido presidente con 10 puntos de diferencia a su favor.
Nicolás Maduro, el sucesor designado por el propio Chávez, ganó las elecciones en 2013 después de su muerte gracias al apoyo de los mismos sectores. Sin embargo, fue elegido presidente con apenas 1,6% de diferencia con respecto a su contrincante. La retirada de apoyos vaticinaba los futuros retos que enfrentaría el nuevo presidente para apuntalar su legitimidad.
Con el transcurso del tiempo y de la presidencia de Nicolás Maduro, la relación entre el chavismo y los sectores populares se ha vuelto cada vez más precaria, lo que se ha hecho muy evidente en los últimos años. Un agudo deterioro de la economía y un incremento de las brechas sociales mantiene a la mayoría de la población excluida y, sobre todo, exhausta y desanimada. Esta pérdida de esperanza y este hartazgo con el proceso político han llevado a millones de venezolanos a dejar el país, exponiéndose a tránsitos migratorios extremadamente arriesgados, como el paso por la selva del Darién.
Las escasas medidas paliativas de la revolución pos Chávez, las denominadas cajas de alimentación CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), han generado nuevos sistemas cotidianos de opresión en la cercanía del vecindario. Los representantes o voceros de los CLAPS han instituido prácticas humillantes como el sectarismo y las amenazas de exclusión a los que se revelen como identificados con la oposición política. Estos mecanismos, más que paliar la adversidad, han producido unas redes de inquina entre vecinos. En épocas de escasez de alimentos, algunos de los denominados “colectivos armados”, asentados en las comunidades populares, han obtenido lucro y rentas derivadas de la venta de comida, en un contexto de urgencia alimentaria. Estas rentas son necesarias para mantener leales a estos especialistas de la violencia dedicados a aplastar las expresiones de descontento en los mismos sectores populares.
La ostentación de riqueza de los gobernantes y de la élite pos Chávez, en un contexto de necesidades intensas, no solo ha desacreditado a esta élite ante su base, sino que los ha convertido en dirigentes “inmorales”. Ante la penuria, esta ostentación despierta intensas emociones, como la rabia y un cruento sentido de explotación.
Tomando en cuenta todos estos factores —una crisis económica y humanitaria devastadora, la distancia que ha venido creciendo entre los chavistas y su base, la falta de respuesta del gobierno ante de los problemas que afligen a los sectores populares— no sorprenden entonces los brotes de protestas en sectores populares como Catia y Petare después de las elecciones. El fraude percibido como descarado en las elecciones de julio 2024 fue la gota gorda que derramó el vaso.
Según las actas, hasta el 23 de enero, un sector de Caracas estrechamente vinculado con el chavismo y la izquierda elegía como ganador al candidato de oposición, Edmundo González. Este giro muestra el nivel de descontento con el chavismo en estos sectores. Cuando hicimos trabajo de campo en 2013, antes de las elecciones que Maduro apenas ganó, el refrán que escuchamos una y otra vez fue: “Mejor el diablo conocido, que el ángel por conocer”. En otras palabras, aunque Maduro no generó entusiasmo en los sectores populares, mucha gente lo prefirió a un candidato de la oposición. Estas personas no sentían que la oposición los representaba ni tampoco se sentían identificadas en las demandas de las protestas de la oposición en aquel momento. A pesar de que en 2014 ya era visible el detrimento económico y las tendencias antidemocráticas del chavismo, los sectores populares en grueso no participaron y no se hicieron visibles en las protestas de ese año. En contraste, la creciente desilusión y la desconfianza, que han aumentado con el paso de los años, los han hecho llegar a una conclusión muy diferente: “Que venga cualquier persona, con tal de que no sea él (Maduro)”.
La intensidad de este rechazo se ha expresado en los días siguientes a la publicación de los resultados electorales, en eventos de gran significación simbólica. El derribamiento de estatuas de Chávez y de carteles de Nicolás Maduro constituyen rituales de profunda indignación. La fiereza con la que se golpearon las imágenes de Maduro o se paseó la cabeza de una estatua derribada de Hugo Chávez, arrastrada en motos, como en una procesión jubilatoria por la caída, son demostraciones de una rabia inapresable.
Así, si todos los años hay protestas en los barrios que reclaman servicios básicos como agua, luz y transporte, estas sugieren que la indignación por el presunto fraude electoral ha traspasado los límites de las quejas cotidianas y expresa una profunda ruptura entre el chavismo y su base; su “razón de ser política”: el pueblo venezolano.
Los sectores populares como amenaza y sujetos de represión
Desde hace años, el gobierno pos Chávez ha identificado a los sectores populares como la gran amenaza a la revolución. No lo dice así de claro. Se habla de la lucha contra el crimen, contra los delincuentes, de “combatir el hampa” (Antillano y Ávila 2017). La solución al auge de la violencia y la criminalidad, según el gobierno, ha sido una mayor disciplina militar, la militarización de los cuerpos de seguridad y el despliegue de grupos como las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocidas por sus siglas FAES. Los resultados de tales iniciativas son evidentes: miles de jóvenes de los sectores populares han sido asesinados cada año y alrededor de 96 % de las víctimas de la violencia letal del Estado son hombres del barrio (Zubillaga y Hanson 2018).
El gobierno habla de la liberación del pueblo con estas iniciativas militarizadas. De hecho, una de estas intervenciones ha recibido el nombre de “Operativos de Liberación del Pueblo”. “Liberar” al pueblo de las “actividades criminales, paramilitares, desestabilizadoras y generadoras de violencia” de los grupos criminales, según reza un protocolo que nos fue transmitido de manera confidencial por un agente policial. Sin embargo, si el discurso oficial presenta estas iniciativas como expresión de su lucha contra la criminalidad, hasta los funcionarios hablan de otra meta. En las palabras de un policía nacional cuando lo entrevistamos: “La Operación Liberación del Pueblo no significa liberar sino liquidar al pueblo”. En otras entrevistas a los funcionarios sobre estas iniciativas, ellos usaron palabras como “eliminar”, “liquidar” y “abatir” cuando les preguntamos por qué el gobierno las creó (Gómez y Hanson 2023). Liquidar, sostenemos nosotras, a esa población juvenil excedente, entonces desechable, en una economía devastada y sin perspectivas de inserción. Eliminar a esos hombres jóvenes, que han sido encarcelados masivamente y que, ante esa reclusión y las condiciones infrahumanas de la prisión, se han conformado en estructuras carcelarias originando nuevas formas de crimen organizado que no conocíamos en el país.
A medida que la élite pos Chávez ha perdido las fuentes de legitimidad y el apoyo popular, se han venido afianzando y fortaleciendo los operativos represivos y un sistema paralelo de represión a la sombra. Las fuerzas policiales han jugado un papel importante en la consolidación de un gobierno autoritario, pero este gobierno también ha recurrido a otros actores armados para controlar el descontento en los sectores populares (Zubillaga, Hanson y Sánchez 2021). En el período de la revolución pos Chávez, actores armados paraestatales leales al gobierno, conocidos como los colectivos armados, se han consolidado. Si Hugo Chávez mantenía una relación plena de tensión entre el reconocimiento y la increpación en su actuar (Velasco 2022; Hanson 2025), en el actual período, los colectivos armados han venido mutando hacia entes con fachada legal, integrándose a los consejos comunales o a las milicias bolivarianas.
En nuestras investigaciones con agentes policiales hemos registrado la tensión con este cuerpo represivo paralelo. Algunos de estos agentes nos han dicho que los colectivos, coordinados por altos funcionarios del gobierno, hacen el trabajo que ellos no pueden hacer; los colectivos actúan a la sombra.
Durante los eventos de febrero de 1989, la represión fue brutal, pero fue perpetrada por las fuerzas armadas y, en este sentido, el Estado era claramente la entidad responsable. Aunque todavía esas cuentas estén pendientes, existen y están registradas, y permiten identificar a un perpetrador ante quien exigir justicia. En estos días poselectorales, la represión ha sido brutal, con una parte claramente perpetrada por las fuerzas del Estado, pero con otra parte obrando en la oscuridad. En conversaciones con vecinos de zonas populares, estos nos han comentado que grupos de hombres armados y sin identificación llegaron en motos, vestidos de negro, disparando y tocando las puertas de las casas. Sabemos de vecinas que se han tenido que esconder, perseguidas por haber participado en las mesas electorales. Están allí vestidos de negro, amedrentando sin compasión. Como se trata de sectores populares, su tradicional base, el discurso de Nicolás Maduro ha venido definiendo esa protesta como expresión de “drogadictos y delincuentes”, como se ha referido respecto del descontento social, incapaz de reconocer la ruptura con la base. Es el mismo discurso que ha utilizado en el pasado, uno que criminaliza a los sectores populares y justifica la matanza.
Y estamos presenciando una represión diferencial. En los ilegales operativos cotidianos de revisión de teléfonos celulares perpetrados por agentes de las fuerzas del orden en improvisadas alcabalas en la calle —instalados después del 29 de julio—, el blanco preferencial han sido los jóvenes varones de todos los sectores sociales. Muchas familias de los jóvenes de clases medias anticipan la extorsión institucional y reúnen entre familiares y amigos cantidades superiores a los mil dólares para liberar a sus muchachos. Los jóvenes y las familias de barrios no cuentan con esos capitales en divisas ni con relaciones para ser liberados, y muchos de ellos siguen recluidos.
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El origen del chavismo se basaba en la promesa de no volver a reprimir al pueblo jamás, como, según su narrativa, lo hacía lo que hoy en día el chavismo denomina “la derecha fascista”, pero la revolución pos Chávez, en medio de la pérdida de legitimidad, ha venido reprimiendo con crueldad y en la oscuridad para no rendir cuentas. Se trata de la imposición del terror.
El desenvolvimiento de la revolución pos Chávez ha venido traicionando esa promesa. La élite pos Chávez ha producido una acumulación de agravios, tan distanciada como se halla de los intereses de su base. Los días de julio y agosto, con la manipulación de los resultados electorales, esta élite ha traspasado el umbral de lo tolerable. La indignación se ha expresado con fuerza en la calle y la gente de los barrios está siendo brutalmente reprimida.
La gran pregunta ahora es qué hará la oposición con el descontento, la rabia y el rechazo que ha expresado la gente de estos sectores. A la oposición en Venezuela históricamente le ha costado construir vínculos con los sectores populares. Tiene su apoyo ahora gracias al desgaste y el repudio que el chavismo ha producido y la promesa esperanzadora de reunir a las familias desperdigadas por la migración masiva de venezolanos. Constituye un desafío si sus líderes comprenden la oportunidad histórica del momento actual para reconocer e incorporar los reclamos de los sectores que han ignorado en el pasado. Ese es el otro gran dilema de la Venezuela actual.