Veinticinco años han pasado desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 y la situación que enfrentan Venezuela y sus ciudadanxs está lejos de ser prometedora. Hoy en día, pensar a Venezuela obliga a expandir cualquier condición de espacio, flexionar la noción territorial característica de toda comunidad imaginada para localizar sus nuevas órbitas en los lugares más insospechados. El masivo éxodo de venezolanxs ocurrido en los últimos diez años constituye un caso histórico tanto para un país que jamás migró y que, por el contrario, cobijó a numerosxs migrantes, como para América Latina y su muy compleja historia contemporánea de desplazamientos.1 Nunca antes, en tan corto tiempo y sin causa bélica alguna, una población había decidido abandonar su territorio de origen y llegar a pie, en bus, en avión o en cualquier otro medio de transporte, atravesando el continente entero, a ciudades como Medellín, Lima, Nueva York, Santiago de Chile o Ciudad Juárez. Una marea de cuerpos migrantes se ha extendido por el mundo, llevando el característico fraseo venezolano a los lugares más impredecibles. Venezuela y su compleja producción simbólica pasaron de una historia heroica —ser la cuna de Simón Bolívar, el Libertador de América— a una historia de fracaso y destrucción de dimensiones sin precedentes. Habiendo sido el país más próspero de la región, con el cuarto pib per cápita más grande del mundo,2 plataforma geopolítica estratégica del latinoamericanismo, y habiendo tenido el reconocimiento unánime, quizás equivocadamente, de ser una democracia modelo, hoy Venezuela enfrenta la más compleja crisis humanitaria y política de su historia republicana. Sus caminantes le dan cuerpo, en cualquier lugar adonde vayamos, a la incertidumbre e implosión de todo un gentilicio.
Elecciones presidenciales en Venezuela: 28 de julio de 2024
Desde temprano, la oposición venezolana ha sorteado dificultades y cometido garrafales errores que han fortalecido la deriva autoritaria del chavismo-madurismo (Sutherland). La elección de Nicolás Maduro en 2013 radicalizó la ya muy delicada situación venezolana y precarizó la vida de familias enteras, cuyos miembros se debaten entre migrar o seguir sobreviviendo ante el descalabro del Estado. No obstante, pese a los desaciertos, la oposición venezolana ha optado desde hace ya años por un camino electoral y constitucional que le permita recobrar el poder. La imposibilidad de ejercer el mandato popular pese a las victorias electorales ha debilitado la plataforma de la oposición y desmovilizado a su electorado. Recientemente, a propósito de las elecciones presidenciales de 2024, la Plataforma Unitaria Democrática logró cohesionar el descontento en torno a una figura política, si bien presente desde el comienzo del chavismo, no antes apoyada popularmente: María Corina Machado. Como sabemos, Machado fue inhabilitada y, pese a ganar de modo abrumador las primarias de la oposición (Santaeulalia), más tarde apoyó voluntariamente a un candidato sustituto, el diplomático Edmundo González Urrutia. Machado recorrió el país apoyando la candidatura de consenso hasta, contra todo pronóstico, poder celebrar las elecciones, día en que el soberano participó masivamente.
Efectivamente, el 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, y en la madrugada del día siguiente el Consejo Nacional Electoral (cne) emitió un primer comunicado que anunciaba como ganador al presidente en funciones Nicolás Maduro. El cne aseguró que, con el 80% de las mesas escrutadas y una tendencia “contundente e irreversible”, Maduro había sido reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51,20%, mientras que el líder opositor, Edmundo González Urrutia, por su parte, habría conseguido 4.445.978 votos, un 44,2% de las mesas escrutadas.3 Por supuesto, estos datos discrepaban de los conteos rápidos y de las encuestas a boca de urna hechas en todo el país. Pocos días después de las elecciones, la Plataforma Unitaria Democrática puso a disposición del público una página web4 que presentaba un 83,50% de las actas de votación, escaneadas y tabuladas, y cuyos resultados discrepaban de los emitidos por parte del administrador electoral venezolano. De acuerdo con este nuevo conteo, Edmundo González Urrutia obtenía un 67% de los votos y Nicolás Maduro tan solo un 30%. Pese a la intimidación a votantes y las amenazas a actores políticos que caracterizaron las elecciones (Glatzky), estos datos fueron posteriormente avalados por analistas internacionales y observadores electorales independientes (Blinken).
La oposición venezolana se encuentra, entonces, con un nuevo dilema. Tras el fraude electoral, expuesto por la negativa del cne de mostrar las actas que avalaran el triunfo del candidato del psuv Nicolás Maduro y la evidencia de la oposición (Schmidt et. al), el Gobierno venezolano redobló su carácter autoritario, reprimiendo las protestas populares en todo el país, en especial en las zonas populares, y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Venezuela ha puesto el cuerpo ante el atropello y la ruptura de las reglas democráticas resguardadas por la Constitución de 1999. Nuestro dossier “Poner el cuerpo en Venezuela” invitó a cinco destacadas investigadoras, profesoras y garantes de derechos humanos a discutir los resultados electorales y, en especial, a valorar la delicada situación de Venezuela luego de las disputadas elecciones presidenciales. Los artículos que componen este dossier dan cuenta del complejo momento que, una vez más, enfrenta Venezuela, y traza los desafíos y oportunidades para el país y su gente en este contexto de deplorable situación política y humanitaria.
Poner el cuerpo
El artículo de Verónica Zubillaga y Rebecca Hanson aborda las protestas poselectorales a propósito de un recuento de la narrativa chavista. Allí, las autoras afirman que las protestas poselectorales han sido recurrentes en Venezuela, pero que en esta ocasión cobran un nuevo tinte. De acuerdo con Zubillaga y Hanson, el relato originario del chavismo se funda en el Caracazo de 1989 —cuando el pueblo protestó y fue reprimido a propósito del aumento del combustible en un 100% tras la puesta en marcha de un ajuste macroeconómico por parte del Gobierno recientemente electo de Carlos Andrés Pérez (López Maya 2003, 120)— y en la promesa de la revolución bolivariana de jamás reprimir al pueblo y de garantizar y resguardar sus intereses ante una élite que lo había explotado. Zubillaga y Hanson sostienen que el vínculo afectivo con las clases populares ha variado dado el continuo deterioro de la economía y el aumento de las desigualdades sociales, las cuales mantienen a una mayoría de la población excluida y, en especial, “exhausta y desanimada”. El principal aporte del artículo se relaciona con la documentación de la brutal represión que han experimentado los sectores populares tanto por parte del Estado como por grupos no estadales, lo cual traiciona la promesa fundacional del chavismo. Finalmente, concluyen discutiendo la violencia diferencial entre la clase trabajadora y la clase media y subrayan el desafío del liderazgo opositor ante el creciente descontento expresado por parte de las bases electorales, en especial las populares.
Yoletty Bracho también parte del quiebre del proyecto original chavista, en este caso el de construir hegemonía a partir del triunfo electoral, para dar cuenta del cambio de juego que representan las pasadas elecciones presidenciales. El artículo insiste en que el Gobierno de Maduro ha cesado de implementar políticas de izquierda y que tampoco se orienta a partir de principios democráticos; por el contrario, continúa un modelo autoritario de acumulación de poder. Bracho, entonces, se centra en la relación del Gobierno con los sectores nacionales de izquierda, quienes protagonizaron un quiebre durante las más recientes elecciones —bien llamando a votar contra Maduro o bien apoyando la abstención—, así como con la izquierda latinoamericana representada principalmente por los presidentes de Brasil, Colombia y México, quienes, pese a sus diferencias, no han reconocido el triunfo de Maduro. Tras pasar revista a la represión y la desarticulación del liderazgo opositor —por ejemplo, el candidato Edmundo González Urrutia abandonó el país para recibir asilo político en España (Quesada et. al)—, Bracho recomienda repensar las estrategias de negociación y las garantías de un futuro para la necesaria obtención de una salida democrática.
Maryhen Jiménez parte de una afirmación relevante: el éxito de la oposición en las pasadas elecciones presidenciales marca un punto de inflexión no solo en el panorama político venezolano, sino también en la cabal comprensión de cómo los movimientos de oposición son capaces de desafiar los sistemas autoritarios y exponer su vulnerabilidad. Este artículo se centra en los factores que hicieron posible el triunfo de la oposición y la exitosa movilización popular, pese a que el sufragio se produjo bajo un gobierno autocrático. Jiménez explica las divisiones históricas que ha enfrentado la oposición en su camino a ganar las elecciones y señala la decisión de llamar a primarias como un paso fundamental tanto para aglutinar a la fragmentada y debilitada élite opositora como para restablecer una conexión entre la élite y el electorado. En particular, insiste en la estrategia de acercar a la vía electoral a los dirigentes partidarios de una línea dura, que durante mucho tiempo habían descartado las elecciones como medio capaz de desafiar al Gobierno de Maduro. Asimismo, Jiménez da cuenta de otras estrategias, como: 1) la moderación de la candidata vencedora de las primarias, María Corina Machado, y su distanciamiento de los partidos que apoyaron la salida amparada en la figura de Juan Guaidó; 2) la decisión de involucrar a participantes de la sociedad civil y promover la participación ciudadana, lo cual incluyó a votantes del chavismo desencantadxs con el fracaso de Maduro, y 3) en especial brindar una sensación de cambio en la campaña electoral de la Plataforma Unitaria Democrática. El artículo concluye que, pese a la situación actual del país, las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 constituyen un hito importante en la actual contienda por la transformación política venezolana y ofrecen valiosas lecciones para otros movimientos de oposición en contextos autoritarios.
Para finalizar, el artículo de Lissette González documenta tanto la represión ejercida durante la campaña electoral de las presidenciales de 2024 como el acoso y las violaciones a los derechos humanos posteriores al 28 de julio. González explica cómo el Estado venezolano ha escalado sus políticas represivas a través de múltiples vías que incluyeron la represión y el asesinato de quienes protestaban ante los resultados emitidos por el cne, y la detención de dirigentes políticos, sociales, sindicales y defensorxs de derechos humanos. González sintetiza las cifras y hace especial referencia a la Operación Tun Tun, operativos dirigidos a poblaciones identificadas con la oposición —dirigentes sociales, gremiales— o que participaron en la jornada electoral —miembros de mesa y testigos electorales—, o simplemente a quienes participaron en protestas o expresaron su descontento en redes sociales. La operación se caracteriza por allanamientos a sus viviendas sin previa orden judicial, detención de personas presentes en listas de cuerpos de seguridad, y de sus familiares, así como hurtos y destrucción de la propiedad privada. De acuerdo con la información suministrada, tales operativos se proponen infundir terror para detener las protestas frente al descontento y, por lo tanto, desmovilizar la articulación democrática. Finalmente, el artículo también alerta sobre la aprobación en segunda discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, la cual constituye una amenaza que se propone restringir aún más el trabajo de organizaciones como Provea, a partir de su eventual criminalización.
Verónica Zubillaga es profesora de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y profesora invitada de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos; Rebecca Hanson es profesora asistente del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, Estados Unidos; Yoletty Bracho es profesora asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de Aviñón, Francia; Marihen Jiménez es Marie Curie Fellow de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña; y Lissette González es coordinadora de investigación, monitoreo y difusión de Provea, Venezuela. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental independiente venezolana dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la promoción y defensa de estos.
El 22 de agosto de 2024 lasa organizó un lasa Dialogues bajo el título “Elecciones en Venezuela: un futuro cuestionado, un destino incierto”, dedicado a los resultados de las elecciones presidenciales. Agradezco a Jo-Marie Burt, ex presidenta de nuestra asociación por su iniciativa y coordinación del encuentro, que fue moderado por mi persona. La sesión puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3XXKH6Wwy_s&t=424s.