El panorama político venezolano ha dado un vuelco en los últimos meses. La población estaba desmovilizada desde el fin del interinato y, por ello, la alta participación registrada en la elección primaria de la oposición no solo resultó sorpresiva para analistas y dirigentes, sino que además significó un punto de inflexión y el inicio de una nueva etapa en la política nacional.
El contexto preelectoral estuvo signado por múltiples irregularidades y violaciones a los derechos establecidos en la legislación, así como del acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición venezolana en Barbados, en el que se establecían unas condiciones mínimas para garantizar la competitividad en las elecciones presidenciales previstas para 2024 (International Crisis Group 2023). Entre las irregularidades se encuentran la inhabilitación de la candidata ganadora de las primarias, María Corina Machado, así como la negativa del Consejo Nacional Electoral de inscribir a la sustituta propuesta, Corina Yoris, lo que redundó en la inscripción de un candidato “tapa”, Edmundo González Urrutia (BBC 2024), que a la postre terminaría siendo el candidato unitario de la oposición.
Las irregularidades no se limitan a estas restricciones a los posibles candidatos opositores. Desde enero de 2024 se anunció el relanzamiento del Plan Furia Bolivariana (Provea 2024a), que supuso un incremento de la acción represiva. Tras el anuncio del plan se registraron:
- Denuncias de marcas en las residencias de líderes opositores, sedes de partidos y de sindicatos en diversas regiones del país (El Pitazo 2024).
- El balance durante el período pre-electoral fue de más de ciento cuarenta dirigentes y activistas políticos —vinculados a la campaña electoral del candidato opositor Edmundo González Urrutia— detenidos por agentes de seguridad, y otros cientos de trabajadores y simpatizantes de su campaña hostigados (Provea 2024a).
- Adicionalmente, durante la campaña se multiplicaron las denuncias por actos de represalias contra personas que brindaron algún tipo de apoyo o servicio durante la gira de María Corina Machado por diversos estados del país.
Durante el día de la elección presidencial se registraron pocos inconvenientes en el proceso de votación, tales como centros cerrados o falta de atención a los votantes; los contados casos en que estos incidentes se manifestaron se debieron a problemas técnicos. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de la jornada electoral y el inicio de los escrutinios, empezaron a registrarse incidentes de ataques a los centros de votación y a los testigos de la oposición para impedir su presencia durante los escrutinios o que estos tuvieran acceso a las actas que corresponden de acuerdo con la legislación.1 Al mismo tiempo, en la Sala de Totalización del Consejo Nacional Electoral se impidió la presencia de los testigos nacionales de la Plataforma Unitaria (Analítica 2024).
Luego de un supuesto “hackeo informático” que habría impedido la transmisión de los resultados, el primer boletín del Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Nicolás Maduro (Efecto Cocuyo 2024) y fue proclamado presidente electo antes de que se publicara el resultado final de la elección presidencial (DW 2024)2. Ante este anuncio, comenzaron cacerolazos de modo espontáneo y, posteriormente concentraciones en diversas ciudades del país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2024) registró 915 protestas entre el 29 y el 30 de julio en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
Frente a esta movilización ciudadana, se ha registrado la más severa represión que haya habido en Venezuela hasta el momento. De acuerdo con las cifras más recientes del Foro Penal Venezolano (2024), desde el 29 de julio han contabilizado 1673 personas detenidas, cifra que se encuentra por debajo del anuncio oficial, puesto que, de acuerdo con la información divulgada por el gobierno de Nicolás Maduro y las autoridades del Ministerio Público, unas 2400 personas fueron arrestadas entre el 29 de julio y el 13 de agosto (Provea 2024b).
Diversas organizaciones de derechos humanos venezolanas han intentado describir el perfil socioeconómico de las víctimas de la represión. De acuerdo con el análisis del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2024) de sus registros en el Distrito Capital y el estado Miranda, el 80% de las manifestaciones ocurrieron en barrios populares y el 75% de la represión también se concentró en estas zonas. De acuerdo con la información del Foro Penal, el 95% de las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones provienen de sectores populares (Venezuela Red Informativa 2024).
La letalidad de esta ola represiva es alarmante. El número de asesinados, en apenas cuatro días de protestas, se elevó a veinticinco personas. En este breve pero intenso período de conflictividad, se registró un número de asesinatos que corresponde casi la mitad de las muertes que ocurrieron durante los ciento cincuenta días de protestas del año 2019, es decir que en solo 4 días se contabilizaron casi la mitad de las muertes que ocurrieron durante 5 meses de protestas en 2019. La mayoría de las personas fueron asesinadas en el Distrito Capital (ocho casos) y Aragua (siete casos) durante las protestas en rechazo a los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral. En el caso de Caracas, los asesinatos ocurrieron en las parroquias El Valle, San Juan, Macarao, Antímano y Sucre. en zonas populares situadas al oeste y al sur de Caracas. En términos de porcentajes, el 66,6% de los asesinatos registrados a nivel nacional ocurrieron en zonas populares (Provea 2024b).
Todas las personas asesinadas en el reciente ciclo de protestas eran hombres, con edades comprendidas entre los 15 y 56 años. La mayoría de las víctimas eran obreros, estudiantes y pequeños comerciantes independientes. El 70,8% de las víctimas recibieron impactos de bala en el pecho, el cuello y el cráneo (Provea 2024b).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales (enh) —una iniciativa independiente conformada por médicos pertenecientes a la red de hospitales públicos del país— hasta el 1.° de agosto de 2024 se registraron noventa y tres personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, que habían ingresado a hospitales públicos de los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara y Miranda. El 40,8% de estas personas fueron heridas por armas de fuego, mientras que durante las protestas de 2014 este porcentaje fue de 12,6% (Provea 2024b).
Aunque estas protestas solo duraron dos días, en los días posteriores se registraron actos de represalias y “castigos ejemplarizantes” contra habitantes de zonas populares a través de la llamada Operación Tun Tun. En estos operativos, dirigidos a personas identificadas con la oposición, miembros de mesa y testigos electorales, dirigentes sociales, gremiales y sindicales, o simplemente a quienes participaron en alguna manifestación o expresaron su descontento en las redes sociales, se producen allanamientos de viviendas sin orden judicial; detenciones de personas que se encuentran en el listado de cuerpos de seguridad (o, si no están en sus domicilios al momento del allanamiento, se detiene a sus familiares); se cometen hurtos y destrozos a la propiedad privada, y, lo que es peor, se afecta la integridad psíquica y física del núcleo familiar. Estos operativos tienen el propósito de infundir terror a la población, frenar la masiva expresión de descontento y minar la capacidad de organización de la sociedad democrática.
Hasta el 12 de septiembre Provea ha logrado documentar la detención de al menos cuarenta y nueve dirigentes políticos, que incluyen no solo a reconocidos líderes nacionales, sino principalmente a líderes regionales y locales que tuvieron un papel central en la organización del operativo electoral opositor. Se ha registrado la detención de al menos doce periodistas, tres personas defensoras de derechos humanos (Yendri Velásquez, Kennedy Tejera y Edward Ocariz) y tres dirigentes sociales y sindicales. Adicionalmente, se han registrado múltiples denuncias de anulación de pasaportes de activistas y periodistas, como medida que busca amenazar y hostigar a posibles disidentes (El Nacional 2024).
Provea también ha registrado persecución a personas empleadas en la administración pública y empresas del Estado. Se han contabilizado al menos ocho funcionarios detenidos; dos de ellos han sido anunciados públicamente por las autoridades, la detención de una jueza en el estado Trujillo y la de una Fiscal en Anzoátegui. Trabajadores han denunciado despidos masivos en las empresas Conviasa y Metro de Caracas; también se han recibido reportes de posibles despidos en el Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento Provea no ha podido documentar con detalle estos casos debido al temor de los denunciantes.
Lo anterior nos muestra un panorama en el que el Estado venezolano ha decidido acentuar sus políticas represivas a través de múltiples vías. La aprobación en segunda discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (Acceso a la Justicia 2024) es una amenaza adicional que restringirá aún más el espacio cívico en Venezuela, por la posible criminalización de las organizaciones independientes de la sociedad civil que aún existen en el país. En este escenario, la sociedad venezolana se enfrenta a un gran desafío: cómo mantener la lucha por el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho. La movilización electoral del 28 de julio, aunque importantísima, no ha sido suficiente para lograr cambios en el gobierno nacional. Urgen nuevas formas de articulación de los distintos actores nacionales, así como innovar en las formas de comunicación y movilización para burlar la censura y la represión oficial, con el fin de mantener y aumentar la presión interna, exigiendo el respeto a la voluntad de cambio del pueblo venezolano.